El Protocolo es un instrumento destinado a responder a las necesidades derivadas de una situación de emergencia en tiempo de paz. Se entiende por catástrofe cualquier acontecimiento que provoque daños personales y materiales, cuyo número, características y circunstancias superen la posibilidad de una respuesta local normalizada.
El órgano judicial llamado legalmente a intervenir desde el primer momento es el Juzgado de Guardia. El Protocolo establece las actuaciones de los recursos humanos y materiales para la coordinación de las distintas instancias judiciales y las medidas necesarias de apoyo y refuerzo a la autoridad judicial, así como la coordinación con las restantes autoridades llamadas a intervenir.
El Protocolo sirve de guía para dar respuesta al conjunto de actividades que deban desarrollarse por los órganos judiciales para hacer frente de manera eficaz y coordinada a las consecuencias derivadas de una situación de catástrofe.
Son hechos que exigen la intervención judicial a fin de depurar la naturaleza del suceso catastrófico y las eventuales responsabilidades que pudieran existir. La actuación de los órganos judiciales está dirigida a decisiones relativas a la identificación y levantamiento de cadáveres, inspección ocultar, investigación de las características de los hechos, así como de dirección y coordinación de las unidades y servicios dependientes.
En su elaboración se ha tomado especialmente en consideración la Guía orientativa de actuación integral para supuestos de grandes catástrofes elaborada por la Escuela Judicial, que fue remitida en 2007 a las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia para su difusión entre los Juzgados de Instrucción.
Asimismo, se ha tenido en cuenta la labor eficaz desarrollada por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia con ocasión del terremoto acaecido en la ciudad de Lorca en mayo de 2011.
El examen del conjunto de actuaciones desarrolladas durante el terremoto de Lorca constituye un instrumento de gran utilidad para constatar los distintos aspectos prácticos a los que ha tenido que enfrentarse la actuación judicial, además de ser revelador de la reconocida labor desarrollada en aquellas circunstancias por la organización judicial. El celo profesional con el que se actuó permitió suplir las carencias de un marco planificador de referencia, que es el que ahora se pretende suministrar.
