MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
Los dos peritos del organismo supervisor ratificaron este viernes su informe pericial ante la Audiencia Nacional en la última vista celebrada por este caso, en la que se discute la cantidad a pagar por la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 13 de octubre de 2009.
El tribunal ha dado un plazo de cinco días a las partes para presentar alegaciones a la cifra determinada por el organismo supervisor, antes de dictar el auto de fijación de cantidad y ejecución de sentencia.
Por su parte, la defensa de Caja Madrid Bolsa, que actuó como depositaria de los fondos de los clientes de Gescartera, se mostró conforme con la cantidad determinada por el Banco de España, que corresponde al dinero de los afectados que pasó por las cuentas de la entidad, tal y como concluyó el Supremo.
Las 18 acusaciones particulares se centraron en discutir el modo de pago de los 12,2 millones de euros decantándose por el prorrateo y reparto entre todos los afectados, ya que muchos de ellos no tenían cuentas corrientes con su nombre en Caja Madrid Bolsa, lo que hace imposible determinar las cantidades a reclamar.
El 27 de marzo de 2008, el Supremo ratificó la condena al propietario de Gescartera, Antonio Camacho, a 11 años de cárcel por delitos de apropiación indebida y falsedad documental, e impuso condenas de prisión a otras ocho personas. La sentencia declaró a 'la Caixa' y Caja Madrid Bolsa responsables civiles subsidiarios.
El 13 de octubre de 2009, el Supremo revisó la sentencia absolviendo a 'la Caixa' y concluyó rebajando la responsabilidad de la entidad madrileña a "solo por el importe de lo ilegítimamente distraído por los responsables de Gescartera condenados, del total de recursos gestionados por la primera como depositaria, durante el tiempo de prestación de este servicio".
La intervención de Gescartera por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tuvo lugar en junio de 2001, ante sospechas de malas prácticas y ausencia de información real sobre su situación. El escándalo alcanzó al entonces secretario de Estado de Hacienda bajo el Gobierno del Partido Popular y hermano de la presidenta de Gescartera, Enrique Giménez Reyna, así como a la entonces presidenta de la CNMV, Pilar Valiente: ambos dimitieron.
