MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
Las asociaciones Jueces para la Democracia (JpD) y Francisco de Vitoria coinciden en la necesidad de que el nuevo Gobierno extienda las nuevas tecnologías en los órganos judiciales y creen tribunales de instancia que faciliten la provisión de plazas de magistrados.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de JpD, José Luis Ramírez, ha reclamado al líder del Partido Popular Mariano Rajoy que acometa una "reforma integral" de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya que la actual, que data de 1882, tiene "muchas lagunas" y es "poco garantista". "Su contenido no se adecua a la Constitución", ha remachado.
Además, ha advertido de que la norma es "antieconómica" puesto que diseña un sistema de investigación "muy costoso" y escasamente eficaz, que provoca que los juzgados de instrucción actúen de forma descoordinada, con una gran carga burocrática y preocupados de determinar cuál es el órgano competente. A su entender, debería ser el Ministerio Fiscal el que asuma la investigación de los hechos delictivos.
En su opinión, las fuerzas políticas deben concienciarse de que toda contribución económica que se haga en el marco de la Justicia supone una inversión a largo plazo. "No debe considerarse un gasto", ha añadido, para estimar que si el dinero invertido no da los frutos esperados es porque se parte de "un problema estructural".
Entre otras medidas concretas, Ramírez ha sugerido reformar la demarcación y planta judicial a través de la creación de tribunales de instancia para "desvincular la creación de los juzgados de las de plazas de jueces". A su entender, los 'populares' se opusieron a esta organización colegiada por "estrategias electorales".
Además, ha propuesto reformar el acceso a la Carrera Judicial al entender que se prima la memorización de un temario, actualmente "anticuado", y se atribuye menos peso a la enseñanza impartida en la Escuela Judicial. "El actual sistema garantiza que los jueces conocen de memoria el temario pero no que sean buenos jueces", ha remachado.
SUPRIMIR LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS JUECES
La asociación de jueces Francisco de Vitoria (AJFV) también ha apostado por implantar definitivamente el expediente electrónico y las nuevas tecnologías en toda la Administración así como por acometer reformas en el modelo de Oficina Judicial ante las "disfunciones" detectadas.
Además, ha instado a derogar el artículo 447 del Código Penal que condena a una pena de inhabilitación para empleo o cargo público de entre dos y seis años a los magistrados que "por imprudencia grave o ignorancia inexcusable" dicten una sentencia "manifiestamente injusta".
"Reiteramos la petición de supresión de la acción de responsabilidad civil directa contra jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones", han subrayado en la Asamblea Nacional celebrada en Granada.
La asociación también cree conveniente exigir un período de prácticas de un mínimo de dos meses a los funcionarios interinos y retribuir con la misma cuantía a los jueces titulares y a los sustitutos externos.
A su juicio, los presidentes de las Audiencias Provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia deben ser elegidos por votación directa de los magistrados que trabajan en su respectivo territorio. Finalmente, aboga por crear un grupo de trabajo que estudie la especialización de los magistrados, debiendo "suprimirse la especialización civil y penal".
