SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)
Inicialmente, Chamizo archivó la queja tras negar la Policía Nacional la existencia de dichos ficheros ideológicos, pero ahora ha decidido reabrir la investigación y pedir un informe al organismo afectado, todo ello después de que el Grupo 17 de Marzo lo solicitara la semana pasada, para lo cual aportó la sentencia del asalto al Rectorado de la Universidad de Sevilla en la que se recogía que "un testigo policía admitió la existencia" de estos ficheros.
En el escrito elevado al Defensor del Pueblo, consultado por Europa Press, el Grupo 17 de Marzo recuerda que, con fecha 9 de mayo de 2011, se interpuso queja por la posible existencia de bases de datos en función de la ideología de personas que no tienen antecedentes policiales y penales por parte de la Brigada de Información de la Policía Nacional y del Grupo Hércules de la Comisaría Centro de la Policía Nacional, "con conocimiento de la Delegación y Subdelegación del Gobierno en Sevilla".
Tras indicar que las actuaciones iniciadas a raíz de este escrito fueron archivadas después de que la Delegación del Gobierno negara la existencia de dichos ficheros, se refiere a la sentencia del Juzgado de lo Penal número 8 por el asalto al Rectorado, en la cual "se recoge que en las sesiones del juicio oral distintos miembros de la Brigada de Información, en concreto" uno de sus agentes, expuso que las personas identificadas lo fueron en base a que "son personas conocidas de la ciudad de Sevilla por su identificación anterior al participar en manifestaciones y concentraciones, y porque algunos tenían antecedentes policiales".
Este agente "continuó diciendo que usaron un fichero de datos de actuaciones anteriores que no reveló por estar amparado por la Ley de Secretos Oficiales".
Tras ello, se pregunta "por qué se realizan informes de reuniones pacíficas y abiertas de ciudadanos en los que se identifican a gente por su ideología y compromiso por los derechos humanos y civiles e incluso por qué se utilizan estos datos en los atestados aportados por la Brigada de Información". "Más aún, es de extrañar que un testigo, que tiene obligación de decir la verdad, diga que esos informes existen y la Delegación del Gobierno diga que no", apostilla.
