MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
La diligencia, que en principio se realizará el próximo día 8 de noviembre, permitirá la toma de declaración del general Juan Rafael Bustillo y los coroneles Carlos Mauricio Guzmán y Joaquín Arnoldo Cerna, que han mostrado su interés por esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los crímenes, que se cometieron el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de San Salvador.
El magistrado ordenó en los pasados meses de agosto y septiembre la busca y captura de 20 militares, entre ellos los tres a los que tiene previsto interrogar, después de que ninguno de ellos acudiera a declarar ante el juez Velasco, que les procesó por ocho asesinatos terroristas y delitos de lesa humanidad o contra el derecho de gentes.
En julio pasado un abogado se personó en el Juzgado Central de Instrucción número 6 asegurando que representaba a la mayor parte de los militares procesados, aunque fue informado de que debían ser los propios encausados los que debían comparecer en el tribunal. A los 20 militares el juez les impuso una fianza individual de 3,2 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles tras el juicio.
ARRESTO TEMPORAL
El 7 de agosto pasado, nueve de los 20 militares se pusieron voluntariamente a disposición de la Justicia de El Salvador aunque tres días después aseguraron que se negaban a ser extraditados a España tras rechazar "categóricamente" las imputaciones que les había realizado el juez español. Ante esta situación, Velasco pidió al Ministerio de Justicia que se dirigiera al Gobierno del país centroamericano para saber si había iniciado los trámites de entrega de los militares.
Entre los procesados se encuentran el exministro de Defensa Nacional Rafael Humberto Larios; el que fuera jefe del Estado Mayor René Emilio Ponce (recientemente fallecido); el viceministro de Defensa Nacional, Juan Orlando Zepeda; el viceministro de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano; el general Juan Rafael Bustillo; los coroneles Francisco Elena, Joaquín Arnoldo Cerna, Óscar Alberto León y Carlos Mauricio Guzmán; el comandante Carlos Camilo Hernández y los tenientes Héctor Ulises Cuenca y René Yusshy Mendoza.
La acción penal también se dirige contra el director de la Escuela Militar 'Capitán General Gerardo Barrios', el coronel Guillermo Alfredo Benavides, que dio la orden de cometer los asesinatos, y siete miembros del batallón 'Atlacatl', que los llevó a cabo: el teniente José Ricardo Espinoza, el subteniente Gonzálo Guevara, los cabos Óscar Mariano Amaya y Ángel Pérez Vásquez, los sargentos Antonio Ramiro Ávalos y Tomás Zárpate y el soldado José Alberto Sierra.
"DESARMADOS Y EN PIJAMA"
El auto de procesamiento detallaba que la muerte de los jesuitas se produjo en un contexto de "intensa polarización" entre el Gobierno militar y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el cual los sacerdotes se erigieron como mediadores entre ambas partes para un "proceso de diálogo" y fueron acusados, en virtud de su afinidad con la teología de la liberación, de incitar a los campesinos a "una conspiración comunista internacional al servicio del Kremlin".
La decisión de acabar con la vida de Ellacuría y el resto de jesuitas, cinco de los cuales eran españoles, fue adoptada por un grupo de oficiales de élite denomina 'La Tandona' y ejecutada por el coronel Benavides, que dio la orden a los miembros del batallón 'Atlacatl'.
El asalto, que se llevó a cabo después de que los servicios de inteligencia alertaran de la supuesta presencia de un centenar de "terroristas" en la Universidad Centroamericana, se produjo cuando los sacerdotes, "algunos bastante mayores", estaban "desarmados" y se encontraban en "pijama", según confesó el sargento Antonio Ramiro Ávalos, alias 'Satán', que para participar en la operación tuvo que recordarse a sí mismo que estaban actuando contra "delincuentes" y eran sus "cerebros los que importaban".
El juez Velasco no llegó a imputar al ex presidente Alfredo Cristiani a pesar de que la querella, presentada por una religiosa carmelita hermana de uno de los fallecidos, también se dirigía contra él. En su auto especificaba que los jesuitas asesinados sólo fueron "unos de los al menos 75.000 civiles desarmados que murieron en esta guerra, que fue mucho más violenta que los conflictos de Chile y Argentina", según apuntaba el juez en su resolución.
