MÁLAGA, 3 (EUROPA PRESS)
Por contra, la Fiscalía ha rebatido estos argumentos y defendido la tramitación y la instrucción del caso, que ha comenzado a juzgarse este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga, con la ausencia de uno de los acusados, quien, según ha expuesto el presidente del Tribunal, volverá a ser citado de cara la vista oral, que se retomará con las declaraciones de los nueve procesados el próximo martes día 11 de octubre.
Los abogados defensores entienden que hubo en la instrucción "infracción" de derechos fundamentales, como el de defensa y el de tener un proceso legítimo; así como un "quebrantamiento" del secreto de sumario, ya que, supuestamente, se conoció la declaración de una testigo protegida, que luego fue expulsada. También han cuestionado las intervenciones telefónicas, que, según otra defensa, se hicieron "dando por bueno las manifestaciones" de agentes de Asuntos Internos.
Asimismo, han indicado que no se ha cumplido ninguno de los artículos de la Ley de Protección de Testigos y han insistido en que ha habido "contaminación" en los testimonios, por lo que han pedido la nulidad de estas declaraciones de los testigos. Además, han considerado que de seguir el enjuiciamiento "terminará en el Supremo". El Tribunal ha decidido que resolverá estas cuestiones en la sentencia.
El fiscal, por su parte, ha defendido las escuchas telefónicas, cuya eficacia, no obstante, ha dicho, es "escasa, por no decir nula", y ha apuntado que no ve indefensión en los acusados, porque los letrados han podido acceder a las declaraciones de los testigos protegidos. Ha explicado que la testigo a la que han aludido las defensas expresó su decisión de volver a su país, antes de llegar a ser expulsada, negando manipulación o contaminación.
El representante de la acusación pública sí ha recordado que algunos de estos testigos "han tenido que ser protegidos porque han sido coaccionados", con técnicas "mafiosas", algo que, ha apuntado, se verá a lo largo de la vista. Este juicio se suspendió el pasado año, después de que una de las defensas pidiera la identificación de los testigos protegidos, lo que fue acordado en aquel momento por el Tribunal.
La Fiscalía solicita 39 años de cárcel para los cinco agentes por, presuntamente, no actuar contra clubes de alterne, a los que acudían supuestamente para exigir dinero y mantener relaciones sexuales a cambio de no tramitar expulsiones o arreglar la situación irregular de las trabajadoras. A éstos, entre los que está el que fuera jefe de la Comisaría de Ronda desde mayo de 2005, se les acusa de los delitos de omisión de perseguir delitos, cohecho con fines delictivos, abusos en el ejercicio de la función pública en relación con delitos de abusos sexuales y, en algunos casos, fraude.
También se acusa a los responsables de tres clubes por un delito de prostitución y a una novena persona, que supuestamente acompañaba a los agentes, por un delito de tráfico de influencia. La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional obtuvo informaciones que "involucraban" a funcionarios de dicha comisaría en actividades relacionadas con la prostitución y la explotación de mujeres extranjeras en situación irregular, investigación que desembocó en la detención, entre febrero y mayo de 2007, de estos acusados.
Los hechos ocurrieron entre 2003 y principios de 2007 y, según la calificación inicial del fiscal, a la que tuvo acceso Europa Press, el inspector jefe, el subinspector y encargado de las secciones de Documentación y Extranjería, dos agentes de la Policía Judicial y un guardia civil "siempre estuvieron al corriente de las actividades de proxenetismo y tráfico de drogas" que había en tres locales de la zona, donde hubo varias redadas.
