LA GRAN OLVIDADA DE LA POLÍTICA
Acabamos de inaugurar un nuevo año judicial, el último antes de dar comienzo a una próxima legislatura y las carencias de la Administración de Justicia siguen estando presentes, dando la sensación de que, una vez más, invertir en ella no es una prioridad para nuestra clase política. La Justicia sigue siendo la gran olvidada y el ciudadano la percibe lenta, anticuada y politizada. Nuestro sistema judicial necesita más que nunca un cambio estructural en profundidad y la llegada de nuevas formas de gestión. Año tras año comprobamos cómo nuestros órganos judiciales siguen soportando una carga de trabajo muy superior a la razonable, impropias de un servicio público de calidad que aspire a cumplir con las exigencias de los ciudadanos y a resolver asuntos con celeridad y eficacia.
El informe del CGPJ “La Justicia Dato a Dato” correspondiente a 2010 indica que el pasado año nuestros tribunales ingresaron 9.355.526 asuntos, lo que representa apenas una disminución del 2,2 por ciento respecto a 2009, si bien el número total de asuntos en trámite al final de año creció un 2,9 % en relación con el ejercicio anterior. Frente a esta realidad, urge adoptar medidas que palíen esta inasumible carga de trabajo. Quizá la más perentoria de todas sea aumentar la proporción de jueces por cada 100.000 habitantes, equiparándola a las de otros países de nuestro entorno, que duplican su número en comparación con nuestro país.
Es necesario cambiar las estructuras que rigen nuestra Justicia, lo que implica acometer una reforma integral de la actual demarcación judicial, un sistema desfasado que data del siglo XIX y que posibilita la existencia de numerosos partidos judiciales de reducido tamaño, en los que resulta prácticamente imposible extender los beneficios de la nueva Oficina Judicial, modelo que hay que seguir extendiendo paulatinamente a la totalidad del territorio nacional, eso sí, procurando corregir los numerosos defectos que se han venido poniendo de manifiesto en las primeras experiencias de despliegue en el territorio gestionado por el Ministerio de Justicia.
También hay que apostar por la creación de los denominados Tribunales de Instancia, proyecto legislativo actualmente en fase de elaboración, y que presenta indudables ventajas: por un lado, permitirá crear plazas de jueces en lugar de juzgados, con el consiguiente ahorro presupuestario que ello supone. Por otro lado, al facilitar los sistemas de sustitución entre los propios jueces del Tribunal de Instancia, se reducirá progresivamente la denominada “justicia interina”, lo que permitirá hablar de un aumento perceptible de la calidad de las resoluciones.
En materia de nuevas tecnologías hay que seguir adelante con la política de colegiación de esfuerzos entre el CGPJ, Ministerio de Justicia y CC.AA. con competencias asumidas, que permita la llegada del expediente judicial electrónico, haciendo realidad una tramitación electrónica de los procedimientos homogénea en todo el país y la desaparición del papel en nuestros tribunales,
Hay que abrir el debate sobre la posibilidad de completar el paquete de medidas contra el sobrevenido aumento de la litigiosidad que, en breve, se pondrán en marcha con la entrada en vigor de la Ley de Medidas de Agilización Procesal, con la búsqueda de nuevas fórmulas para acortar los procedimientos y mejorar los tiempos de respuesta, y con la potenciación de la mediación y el arbitraje como medidas alternativas a la resolución judicial de los conflictos.
Resulta perentorio abordar con decisión una completa reforma consensuada de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que, más allá de los recelos que pueda suscitar el papel a desempeñar por el Ministerio Fiscal en la instrucción de los procesos, hay que tratar de diseñar con acierto un nuevo escenario procesal que garantice y asegure de manera indubitada las garantías y derechos de las personas que se vean inmersas en un proceso penal.
Habría que plantear una posible despenalización de algunas faltas, así como reflexionar sobre la desjudicialización de determinadas materias del orden civil, que por su escasa relevancia económica no justifican el gasto que supone la puesta en marcha de la maquinaria judicial para resolver estos conflictos, propuestas que sin duda se mostrarían efectivas para reducir la llegada de asuntos a los tribunales.
“Un nuevo Pacto de Estado por la Justicia”
Las medidas aquí expuestas son sólo una apresurada relación de iniciativas que, en mi opinión, hay que adoptar a la mayor brevedad posible si no queremos que al final la gran sobrecarga de trabajo que soportan nuestros tribunales acabe colapsando el funcionamiento de un servicio público esencial como es la Administración de Justicia.
Se necesita un nuevo pacto de Estado por la Justicia, en el que todas las fuerzas con representación parlamentaria tomen conciencia de una vez por todas de que una Justicia rápida y eficaz, genera seguridad y confianza y contribuye al desarrollo económico y al bienestar social. Ya es hora de que la Justicia deje atrás el olvido secular en el que ha estado inmersa y tome el protagonismo que merece como pilar esencial de un Estado social y democrático de Derecho.
