EL COLAPSO DE UN MODELO
En una democracia basada en un Estado Social y Democrático de Derecho, la Justicia se convierte en un factor esencial, debiendo asegurar la convivencia entre los ciudadanos, la relación entre éstos y las administraciones, y, en última instancia, se convierte en la última instancia de sus derechos y garantías. Así es percibida la Justicia por los ciudadanos y por ello se debe atender de forma prioritaria, para que los ciudadanos la sigan considerando la última garantía de sus derechos. Ha llegado el momento de volver a concebir la Justicia como un servicio público al servicio, precisamente, de los ciudadanos, debiéndose avanzar en una Justicia amable con el ciudadano, rápida y ágil, transparente, que rinda cuentas, responsable, una Justicia de calidad y calidez, y sobre todo una Justicia independiente, imparcial, con el único fin de resolver conflictos a los ciudadanos y no creárselos.
En España tenemos un problema real, el excesivo número de asuntos que llegan y penden en los tribunales, y otro no real, pero no menos importante, tal cual es la sensación del ciudadano de una Justicia poco independiente. Ha llegado el momento de afrontar un cambio de modelo, y para ello, se deben establecer recursos procesales suficientes para desanimar al abuso de los pleitos, se deben generalizar las tasas judiciales, racionalizar la justicia gratuita, generalizar la posibilidad de las inadmisiones a trámite de asuntos descabellados; se debe generar más responsabilidad deontológica en todos los profesionales, en el asesoramiento, y no provocar inútiles pleitos.
Los asuntos que soporta nuestra Justicia, no constituyen una cifra inexorable, que haya que soportar con absoluta indolencia, se debe luchar contra la misma como si se tratase de un gran problema, porque lo es.
Por ello hoy se impone, más que nunca, un proceso para una real modernización de la Justicia, que tenga también como uno de sus objetivos mejorar el sistema, para que sin una mínima merma de la calidad de la Administración de Justicia, se haga empleando los recursos existentes de una forma más racional. Tenemos que apostar por la seguridad y previsibilidad jurídica como los fines esenciales del sistema.
Proceso penal y acción popular
Pero más allá de estas medidas que por, su necesidad, se convierten en importantes, se impone una reforma global del modelo, debiéndose reformar el modelo organizativo en su totalidad. Todo el trabajo que queda por hacer es mucho, ingente, pero muy importante, y requiere de la participación de todos los implicados. Para esto, y al margen de las diferentes formas de entender el modelo, está claro que cualquier reforma en este sentido debe ir orientada a generar mayor eficiencia en el sistema, pensando fundamentalmente en el bienestar de los ciudadanos y no en el interés del Gobierno de turno y su ideología.
Por último, y de forma especial, es necesario adaptar el proceso penal no sólo a los requerimientos constitucionales, sino a una sociedad y métodos de investigación del siglo XXI, eso sí, manteniendo las fortalezas que ya tiene nuestro sistema penal, una instrucción encomendada a jueces independientes y unos modelos de acción popular y particular que refuerzan la función del Ministerio Fiscal.
