MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, llevó el pasado julio al Consejo de Ministros la ley que regula el proceso penal con la intención de remitir también el texto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Consejo Fiscal, a la Abogacía Española y a departamentos de Derecho Procesal y Derecho Penal de diferentes universidades.
El departamento que dirige Caamaño espera recibir estos informes para pulsar la opinión de los sectores implicados a pesar de que las Cortes Generales se disolverán el próximo 26 de septiembre. No obstante, en el órgano de gobierno de los jueces también se ha abierto un debate sobre la conveniencia de elaborar o no el informe, según fuentes del CGPJ.
Pese a coincidir en que la reforma de esta norma ha sido "constantemente demandada", los abogados creen que "habrá que esperar una mejor oportunidad" para derogar la Ley de 1882, según han informado a Europa Press fuentes de esta entidad.
En este sentido, la Abogacía considera que la falta de tiempo hace imposible la posibilidad de ahondar en la "necesaria" regulación del derecho de defensa y, por ello, sus servicios jurídicos no se han puesto a trabajar en el informe.
El presidente de la entidad, Carlos Carnicer, se ha declarado en varias ocasiones a favor de que la instrucción penal recaiga en el Ministerio Público siempre que éste "actúe en plano de igualdad" con la defensa. Eso sí, ha mostrado su rechazo a "podar" la figura de la acción popular, después de que Caamaño anunciara su intención de limitar su ejercicio para sindicatos, administraciones públicas y partidos políticos.
"Habrá que perseguir los abusos y definir que son los abusos pero quiero recordar que la acción popular ha rendido grandes servicios a este país", afirmó en julio el presidente del CGAE.
Ésta no es la única ley del Gobierno que va a quedarse en agua de borrajas. Lo mismo le ocurre a una decena que ni siquiera ha llegado a ser tomada en consideración por el Pleno del Congreso, puesto que no se ha celebrado el correspondiente debate de totalidad.
En esta situación se encuentra el texto que regulaba la creación de los tribunales de instancia para unificar los distintos juzgados de un mismo partido judicial, la ley de 'muerte digna', de servicios funerarios, la que modifica la Inspección de Trabajo para reforzar la lucha contra el fraude; la de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, el texto de supervisión de seguros privados y otros dos relativos al mercado europeo del gas y la electricidad, respectivamente.
Un total de 19 leyes promovidas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no verán finalmente la luz puesto que la disolución de las Cortes prevista para el próximo lunes hace ya imposible su tramitación.
