La Sala de lo Civil del Supremo apoya la tesis de que los deficientes informes de auditoría realizados por Ernst & Young impidieron a los cooperativistas reaccionar ante la mala administración a la que estaba siendo sometida PSV, que se declaró en suspensión de pagos en diciembre de 1993.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Ramón Ferrándiz Gabriel concluye que hubo una "negligente actuación de los redactores de los informes de auditoría, obligatorios y necesarios para el conocimiento de los socios, al no contener salvedades, pese a las irregularidades que deberían haber denunciado".
Así, el Supremo obliga a la auditora Ernst & Young, al autor de los informes de cuentas, así como a Allianz y Reaseguros, aseguradoras de la responsabilidad civil, a devolver el dinero que tuvieron que poner para finalizar las viviendas y que se sitúa en torno a un 7% sobre el coste inicial de las casas.
Concluye que todos ellos tendrán que responder "no sólo frente a quienes a ellos estén vinculados por la relación contractual en cuyo funcionamiento se produjo el deficiente cumplimiento de su prestación, sino también frente a los terceros que entren en relación con la sociedad auditada", según la Directiva Comunitaria 2006/43/CE que regula la actuación de los auditores.
Señala además que los auditores deben responder por los perjuicios causados "no sólo frente a quienes a ellos estén vinculados por la relación contractual en cuyo funcionamiento se produjo el deficiente cumplimiento de su prestación, sino también frente a los terceros que entren en relación con la sociedad auditada", como establece una directiva comunitaria de 2006.