La Universidad de Sevilla tendrá que abonar ahora al ex becario no sólo 16.723 euros sino también el salario que dejó de percibir desde su despido, cantidad que ascendería a casi 30.000 euros.
Según ha demostrado la defensa de J.A.C. el ex becario, que disfrutó de una sucesión de becas anuales de formación, estuvo en realidad realizando tareas propias de técnico especialista de biblioteca.
El TSJA insiste en que lo importante son las funciones que realizaba en las que no se acredita que estuviera tutelado por personal de la Universidad, ofreciéndole exclusivamente formación y sin beneficiarse de sus servicios, evitando utilizar personal propio de la Universidad en atender las necesidades de la biblioteca universitaria.