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Cien nuevas plazas para la plantilla fiscal, que alcanza los 2.407 efectivos

24/12/2010
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El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se amplía la plantilla del Ministerio Fiscal con cien nuevas plazas. Con este aumento, el total de efectivos de la carrera fiscal queda integrado por 2.407 fiscales.

Dentro de este incremento destaca la creación de dos nuevas plazas de Fiscal de Sala de primera categoría en la Fiscalía General del Estado: una para la coordinación de la criminalidad informática y otra de coordinación de la cooperación penal internacional.

Igualmente, tres de las nuevas plazas tienen como objeto que queden atendidos los tres Juzgados de Violencia sobre la Mujer creados por el Real Decreto del 25 de junio de 2010. Concretamente, se destinan dos a la Comunidad de Madrid y una, al Principado de Asturias.

Por categorías, dos de estas plazas creadas hoy corresponden a la primera, mientras que a la segunda categoría pertenecen otras 78 y a la tercera categoría, las veinte restantes.

Distribución geográfica

En relación con su distribución geográfica, a los órganos centrales de la Fiscalía General del Estado corresponden cinco nuevas plazas; a la Comunidad Autónoma de Madrid van destinadas veintiuna plazas; a Cataluña dieciocho, a la Comunitat Valenciana catorce, mientras que a Andalucía se destinan doce.

Las plantillas fiscales de Castilla-La Mancha y Canarias se incrementan con cuatro nuevos fiscales; Illes Balears, Galicia, Castilla y León y Murcia aumentan sus efectivos en tres fiscales cada una, mientras que Aragón, Asturias, la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco se incrementan con dos plazas, y Extremadura y La Rioja aumentan su plantilla con un nuevo fiscal.

Con esta reorganización, que será efectiva desde el próximo día 30 de diciembre, el total de efectivos de la carrera fiscal queda constituido por 2.407 miembros, de los cuales 25 pertenecen a la primera categoría, 1.778 a la segunda y 604 a la tercera categoría.

El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros ha sido informado por el fiscal general del Estado, oído el Consejo Fiscal y los fiscales superiores de las Fiscalías de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de medios personales y materiales de la Administración de Justicia. Se ha dado también audiencia a las asociaciones de fiscales.

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