La Audiencia ratifica la legalidad de esa intervención por parte del Banco de España y del Gobierno, llevada a cabo en marzo del 2009 ante la situación de “excepcional gravedad” en que se encontraba esa entidad, la primera marca financiera de Castilla-La Mancha.
El fallo judicial asegura que el procedimiento llevado a cabo por el ministerio de ajustó a la legalidad, justificada con una resolución administrativa.
