El Ministerio Público defiende que tanto el alquiler del inmueble a la empresa Inversions Can Font y su posterior subarriendo a la Agencia Balear del Agua por parte de CAIB Patrimoni se ajusta a las normas de contratación de derecho común, por tratarse de una Sociedad Anónima y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones de las Administraciones Públicas.
El conseller de Economía y Hacienda a principios de junio entregó al fiscal anticorrupción el expediente de arrendamiento a fin de que la Fiscalía aclarase si hubo alguna irregularidad, en este proceso de arrendamiento del edificio, destinado a albergar las dependencias de la Conselleria de Medio Ambiente y Movilidad, algunas de las empresas públicas adscritas a este departamento y la Escuela Balear de Administración Pública.
El documento responde a la petición del conseller, quien entregó para proceder a las indagaciones diversa documentación integrada por el escrito a la Dirección General de Patrimonio para la adquisición en régimen de arrendamiento o alquiler con opción a compra del edificio; la publicidad en prensa de la necesidad de CAIB Patrimoni de adquirir el inmueble; la presentación de cuatro ofertas, y el acuerdo del Consejo de Administración para la adjudicación del contrato a Inversions Can Font.
En la carta enviada al Ministerio Público, se defendía que la tramitación del expediente de alquiler fue “a todas luces correcta, transparente y adecuada a Derecho”, si bien adjunta una relación y una copia de los aspectos y documentos más relevantes integrantes del citado para “mostrar más si cabe la transparencia de dicho procedimiento ante las diversas instancias con funciones de fiscalización y control de la legalidad”.
Y es que el diputado del PP en el Parlament José María Rodríguez había presentado semanas antes varias preguntas e incluso una interpelación en las que criticó al Govern por presuntas irregularidades en el proceso y por una posible malversación de caudales públicos, al “hipotecar a la Comunidad” en casi 100 millones de euros por haber alquilado con opción a compra este edificio.
Jose María Rodriguez aseveró que el Ejecutivo balear destinaría 83 millones de euros para alquilar este inmueble, mientras que aportaría otros 10 millones de euros para garantizarse la opción de compra del mismo.
No obstante, Manera defendió de manera reiterada en la Cámara que el edificio del Polígono de Son Rossinyol fue la mejor opción de las cuatro ofertas que se presentaron al anuncio público del Govern, debido a que ofrecía el mejor precio y el espacio más amplio.
Para el parlamentario popular, la contratación de este acuerdo se vio envuelta en diversas “irregularidades”, como “la falta de publicidad y concurrencia” de la oferta, además de “faltar la publicación del obligado perfil del contratista”, tal y como indicó Rodríguez. Asimismo, incidió en que “no se puso en marcha el expediente hasta que el adjudicatario no hubo realizado la escritura de obra nueva, a pesar de que hacía un año que la Conselleria de Medio Ambiente había tramitado su petición de espacio”.
