Dicho delito está castigado con una pena de multa de 12 a 18 meses.
Según el relato del fiscal, el dicha comparecencia pública, el abogado reiteró sus acusaciones de tortura e imputó la muerte de Anza a la Guardia Civil, “a la que consideró responsable de su previo secuestro y torturas”.
El fiscal solicita al juez que por reparto asuma el caso que incoe diligencias previas, que pida la grabación de las manifestaciones del letrado a los medios y que se le tome declaración en calidad de imputado.
