El Estado español, que en la causa abierta en España es perjudicado y acusado a la vez, a través del ex director general de la Marina Mercante José Luis López Sors, llamado a sentarse en el banquillo, lleva seis años de un costoso litigio ante la Justicia norteamericana contra ABS, a la que reclamaba por la vía civil 1.000 millones de dólares por sus negligentes inspecciones del Prestige.
La juez federal de Manhattan Laura Taylor Swain, en su auto emitido ayer, considera que la responsabilidad última de los derrames y “grandes desastres económicos ambientales” es de los propietarios de las embarcaciones ya que están “a su cargo las actividades que se producen a bordo”. Una agencia de clasificación, como es el caso de ABS “que presta servicios en nombre de un armador, no puede ser responsable legal de un accidente” como el del Prestige por mucho que se probase la imprudencia o negligencia a la hora de otorgar el certificado de navegabilidad. “Aliviar a los armadores de su responsabilidad última sobre los buques certificados sería incompatible con el deber indelegable del propietario del barco de garantizar la navegabilidad, un deber que es del armador por estar en última instancia al cargo de las actividades a bordo del buque”, continúa el auto.
Es el segundo fallo de este tribunal federal de Nueva York que ya había rechazado en 2008 la demanda de España contra AB, por incompetente. Ahora, por orden de un juzgado de apelaciones, que estimó el recurso del Estado español, el mismo tribunal esgrime consideraciones jurídicas para tumbar la demanda civil y eximir de responsabilidad a la sociedad de clasificación. España decidió reclamar compensación a ABS dada la nula solvencia del entramado empresarial del Prestige, un petrolero de 25 años propiedad de una empresa de Liberia (Mare Shipping) y con armador griego (Universe Maritime) que, bajo bandera de Bahamas, fue fletado por una firma suiza (Crown Resources) para llevar 77.000 toneladas de fuel desde el puerto de Ventspils (Letonia) hasta Gibraltar.
El Código Penal español no admitía, hasta la reforma de hace unos meses, la posibilidad de imputar delitos penales a personas jurídicas por lo que no se podía responsabilizar a ABS en la causa instruida en Corcubión, el Estado emprendió hace ya seis años una demanda civil en EE UU.
Tras el auto dictado el pasado miércoles, que supuso un duro revés a las pretensiones del Estado, de no mediar recurso sólo quedaría la vía judicial abierta en España.
