La Ley, aprobada por los grupos del tripartito con la abstención de CiU y la oposición del PPC y el grupo mixto, desarrolla, entre otros, el artículo 34 del Estatut sobre los derechos lingüísticos de los consumidores, que ha sido declarado constitucional, pero con interpretación.
El nuevo Código de Consumo especifica que los compradores deben disponer en lengua catalana de toda la información, "documentación contractual, presupuestos, resguardos de depósito, facturas y otros documentos que hagan referencia o se deriven" de la actividad comercial.
La ley establece multas de hasta 10.000 euros para las infracciones leves y de más de un millón de euros para las muy graves.
