El Estatuto catalán y el respeto
Aunque todavía no podemos hacer una valoración jurídica profunda de la sentencia del Constitucional sobre la reforma del Estatuto catalán, sí podemos contribuir a la sensatez y al sosiego con estas líneas de urgencia.
El proceso es el resultado de una acumulación de despropósitos y de errores con responsables plurales, desde el Gobierno catalán y los partidos políticos catalanes, pasando por el secretario general del PSOE, Rodríguez Zapatero, cuando sostuvo con imprudente firmeza que lo que se aprobase en Cataluña, se aprobaría en Madrid, y siguiendo en todos los demás trámites por la totalidad de intervinientes políticos y parlamentarios. El último de esos despropósitos lo crean y desarrollan las autoridades y los medios de comunicación catalanes, cuando afirman, con notable exceso y desconocimiento doloso que el tribunal no está legitimado para resolver el asunto.
No tuvieron los políticos catalanes del tripartito y de la oposición la suficiente mesura para saber los límites constitucionales, y para autocontrolarse, dejando que el tema llegase a extremos que cualquiera puede entender que superan con exceso los textos de la Carta Magna de 1978. Ponían así de relieve una falta de respeto, de afecto y de lealtad a la norma suprema y una utilización oportunista de sus competencias. La culpa in vigilando del Congreso y la irresponsable actitud de Zapatero, dando vía libre a los excesos, no pudo ser contrarrestada por el celo de Alfonso Guerra y por la Comisión de Constitucional que presidía.
Así llegó todo el problema al Tribunal Constitucional, como consecuencia de la irresponsabilidad de los restantes autores y así se convirtió en "chivo expiatorio" para desviar la atención sobre las culpas políticas que produjeron los males jurídicos que el Tribunal Constitucional ha zanjado con su sentencia. Ya llegará el momento de valorar con respeto y sentido crítico sus contenidos. Ahora solo hay que felicitarse y agradecer a sus magistrados su sentido de la responsabilidad, con respeto, como últimos responsables que son de la constitucionalidad de las leyes.
