El Gobierno ha instado un proceso que cuestiona los artículos del 1 al 30 y del 43 al 45 de la Ley de consultas. El Gobierno se acoge a la sentencia del Tribunal Constitucional 103/2008, sobre el Plan Ibarretxe, para cuestionar la potestad de la Generalitat de convocar consultas organizadas como un referendum, con la participación de la administración electoral.
La negociación aceptada por la Generalitat se realizará a través de la Comisión Bilateral de Cooperación, presidida por el vicepresidente tercero y ministro de Administración Territorial, Manuel Chaves, y el conseller de Interior y Relaciones Institucionales, Joan Saura, y tiene un plazo de seis meses para llegar a un acuerdo.
Si no hay acuerdo, el Gobierno mantiene abierta la opción de recurrir el texto ante el Tribunal Constitucional.
