La proposición persigue que los magistrados del Constitucional dejen sus cargos de manera automática seis meses después de terminar su mandato, en lugar de prorrogarlo hasta la elección de sus sustitutos, como ocurre en la actualidad.
Además de esta destitución automática, la proposición recoge la obligatoriedad para el alto tribunal de dictar sentencia en el plazo de seis meses cuando sea recurrido un Estatuto de Autonomía.
