Además de conseguir que la Orden de Protección Europea, especialmente para las mujeres víctimas de violencia de género, haya cosechado el respaldo mayoritario y suficiente para que sea remitida al Parlamento Europeo, el Consejo aprobó lanzar, por primera vez a través del mecanismo de cooperación reforzada, la ley aplicable en materia de separación y divorcio (Roma III). Así los cónyuges podrán decidir si se aplica la legislación en vigor en el país donde se casaron, en el que residen, el país de alguno de los dos, o bien en el que se ha interpuesto la demanda de divorcio.
Si no hay acuerdo entre ambos, entonces la UE adoptará una serie de reglas predeterminadas para decidirlo, entre los que predomina el lugar de residencia de los cónyuges en el momento de poner la demanda de divorcio.
Asimismo, dio luz verde a la primera directiva en el ámbito de la cooperación judicial penal, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, sobre traducción e interpretación en el proceso penal, que refuerza las garantías procesales de los detenidos y acusados.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, celebró que, pese a las dificultades, la Orden Europea de Protección pueda finalmente llegar al Parlamento, ya que se trata de “una iniciativa fundamental para miles de mujeres en Europa”.
Esta medida permite la extensión de las órdenes de alejamiento dictadas en un país comunitario al resto para proteger así a las víctimas que se desplacen, especialmente las mujeres que sufren violencia doméstica.
Todos los países de la UE se sumaron también a la directiva de lucha contra el tráfico de seres humanos y al mandato para la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos.
