CARTA A ESPERANZA AGUIRRE SOBRE EL AHORRO
¿Dónde recortar o cómo recortar? Se ha puesto de moda, en pocos días, la idea de que todos sabemos dónde hay que recortar los gastos. Naturalmente, en cualquier sitio menos en el nuestro. Nimby es una expresión norteamericana (no en mi patio trasero) que ya está pidiendo un acrónimo en español. Todos sabemos dónde hay que quitarle al otro y porqué.
No voy a entrar por ahí para escribir nada menos que a toda una presidenta. Quizás la única que tenemos de verdad. Voy a enviarle esta misiva con el fin respetuoso de que en vez de preocuparse por dónde recortar y dónde no, haga otra cosa: que prepare un método que luego, cuando se aplique objetivamente, le dé mucha fuerza para saber dónde y a quién hay que reducirle o, incluso, eliminarlo. Porque es verdad incontestable que si empezamos directamente a decir a quién hay que quitarle, éstos se organizarán, presionarán y lograrán en gran medida evitar el ajuste. Y como reducir hay que hacerlo, continuará haciéndose donde siempre, en lo más fácil y visible. Pero el mal es de fondo, y todos lo sabemos. El mal, en medida no desdeñable, no se encuentra (solamente) en el estúpido crecimiento de la Administración Central en algunos supuestos ridículos (como ese Ministerio de la Igualdad, que da igual que fuera de la belleza o de cualquier virtud moral o reflejo estético). El gran mal está en lo adiposo y obeso en que se ha convertido el Estado de las Autonomías. Porque son las comunidades autónomas las que se han inflado de personal, gastos y despilfarros, sin cuento. Y es por eso por lo queme dirijo a la única líder que podría atreverse a reconducir la caótica situación en que se encuentra nuestro Estado, mediante una decidida apuesta por cambiar las cosas y dar ejemplo que conduzca a la imitación o al sonrojo de los demás, ofreciendo al mismo tiempo a los ciudadanos experiencia de que alguien sí puede de verdad entonar el “podemos” y pensar en ellos, atenderles y mostrar el camino del cambio político.
Porque no se trata, insisto, de meter la tijera allí donde a alguien se le ocurra, atolondradamente, sin ton ni son, simplemente por mostrar a los amos europeos que se van a recortar algunos gastos de manera más o menos fiable. Más bien se trata de realizar una acción decidida basada en la transparencia, esto es, en el principio que más temen y odian los grupos de presión, sean lobbies, sindicatos, CEOE, empleados, enchufados, y demás estómagos agradecidos.
Y para conseguir esa transparencia hay que tener algún método, algún razonamiento, que muestre de manera incontestable que efectivamente tal o cual partida presupuestaria no tiene justificación. Hay que hacer, pues, un ejercicio de explicación y motivación presupuestaria basado en la racionalidad y justificación de las propuestas de eliminación y reducción de los gastos autonómicos. En definitiva, una ley de evaluación del impacto institucional basado en el análisis de su eficiencia económica y, desde luego, en la más completa transparencia. Y, además, debe ser muy sencillo y muy fácil de entender por los ciudadanos, que serían los verdaderos destinatarios de las ventajas y bondades de esta Ley. Ni pensar en que ninguno de los paniaguados va a admitir una Ley semejante, por lo que pretender apoyarse en los mismos castigados por la reducción del déficit nunca va a comprender ni apuntalar una Ley semejante. Sería como pedirle al ahorcado que se cuelgue su propia soga.
Veamos pues, brevemente, cómo podría funcionar una Ley difícilmente parable. Supongamos que una institución, pongamos por caso el Tribunal de Defensa de la Competencia de Madrid, es objeto de examen. Lo primero que habría que exigir es que en su memoria figurase, en primer lugar y de forma sencilla y clara, la partida presupuestaria global y agregada con la que se sostiene. Esto es, lo primero que va a ver el ciudadano-y los periodistas que analicen la institución- es cuánto cuesta en total. Conste que no se trata de desagregar para nada viendo el sueldo, prebendas y demás sostenes que tienen sus cargos. No interesa lo que estos ganen individualmente, ya que no se trata de ponerles individualmente en la picota, ni tampoco que tales cantidades disimulen la partida del gasto total. No. Es el monto completo de sostenimiento de la institución lo que cuenta, con todas sus partidas, amortizaciones, utilización de edificios, coches, chóferes, en fin, lo que verdaderamente paga el ciudadano por tal institución.
Luego, en segundo lugar, se ha de examinar sus resultados, esto es, los asuntos que han resuelto efectivamente. Así, por ejemplo, en el supuesto indicado, habrían de examinarse los casos que han tenido durante el tiempo de funcionamiento que se analice de la institución.
Y, finalmente, dividir el número de casos por la partida global, de manera que el ciudadano sepa con exactitud lo que cuesta cada uno. Por ejemplo, este Tribunal madrileño, en el año 2009 se limitó a archivar tres asuntos y a resolver uno. Entonces se divide el presupuesto del TDC madrileño entre cuatro, y así sabemos lo que cuesta limitarse a archivar tres asuntos y resolver uno. Y los ciudadanos pueden evaluar así sus instituciones, comprobando si tener cinco altos cargos, con sus coches oficiales, chóferes, secretarias, plantilla, gastos de personal, edificio, suministros viajes –en fin, todo lo que cuesta esta institución-merece o no merece la pena.
Luego, además, habría que hacer un segundo ejercicio: el ejercicio histórico. En este caso, comprobando desde su creación en 2005 cuántos asuntos han resuelto, cuántos dictámenes se han emitido y, al mismo tiempo, sumarla totalidad de sus presupuestos acumulados desde 2005 hasta 2009. Al final, dividir los por el número de asuntos y sacar las conclusiones de a cuánto sale cada dictamen de este organismo.
¡Atrévase a hacer algo así, Doña Esperanza! Y hágalo con el Consejo Consultivo, con las agencias e institutos oficiales, viendo sus resultados palpables y los viajes realizados con el costo de los mismos y descripción detallada de vuelos y estancias, las prebendas, las horteradas bananeras con las que se burlan de todos. ¡Atrévase! Y hágalo con todos y cada uno de tales órganos y organismos. Previamente, haga esa Ley. Se examinarán las justificaciones de empresas públicas, organismos, instituciones. Y luego, o se sostienen institucionalmente por ser eficaces, o los cierra, continuando perfectamente el tejido de las instituciones públicas con las que ya tiene el Estado. Demostrará así la bondad del Estado autonómico, frente a pretensiones dualistas de nacionalistas de todas las regiones que piensan solamente en los beneficios personales que les reporta su situación. No se lo agradecerán los enchufados. Pero sí los ciudadanos, que son quienes la votan, la apoyan, y si lo hace usted, los que se lo agradecerán en las próximas elecciones. Además, será un ejemplo de liderazgo que mostrará que es usted fiable, imbatible y que la democracia, en Madrid, funciona de la mano del Estado de Derecho y de la atención al bolsillo y al servicio real del ciudadano. Y dará una bofetada sin mano a tanto tonto inútil y parásito mostrando cómo se pueden hacer bien las cosas.
