La moción propone modificar cinco artículos de esta ley (17, apartado dos; 34, 37, 39 y 90). Entre los puntos de la reforma propuesta se encuentra establecer el cese automático e inmediato de los magistrados del Constitucional que hayan cumplido su mandato.
Asimismo proponen que, en el caso de un recurso al Tribunal, que afecte a una ley dictada por una Comunidad Autónoma, puedan personarse en el procedimiento para presentar alegaciones el Gobierno y el Parlamento de la autonomía en un plazo de quince días.
Por otra parte solicitan que, en los recursos de inconstitucionalidad contra un Estatuto de Autonomía, el Tribunal Constitucional tenga un plazo de seis meses para dictar sentencia y que en el caso de no dictar resolución en ese plazo el recurso se entenderá desestimado.
La reforma, según la disposición final única de la moción, sería de aplicación a los procedimientos de recurso planteados contra Estatutos de Autonomía que ya estuvieran en tramitación en el Constitucional.
