El texto deberá ser ratificado por el pleno de la Cámara en junio, otorga la condición de autoridad pública a los profesores, directores y demás miembros de los órganos de gobierno de todos los centros educativos de la región.
Así los docentes gozarán del "principio de veracidad" en sus denuncias, lo que les da la posibilidad de adoptar "medidas cautelares provisionales" contra los alumnos que contravengan las normas de convivencia.
La ley determina que los profesores gozarán de "respeto y consideración por parte de los alumnos, los padres y los demás profesores", de una "protección jurídica adecuada a sus funciones docentes" y de la "potestad para tomar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces".
Por otra parte, obliga a los alumnos a "reparar los daños que causen, de forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones, los materiales del centro y las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, o a hacerse cargo del coste económico de su reparación", asumiendo los padres o representantes legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en estos casos.
Si los alumnos incurren en conductas tipificadas como agresión física o moral a los profesores, la ley les obliga a "reparar el daño moral causado mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos, bien en público o en privado", según lo que determine el órgano competente para imponer la corrección.
