El Dilema Español
El derecho colectivo al autogobierno de Catalunya presenta unas profundas e inequívocas raíces históricas que lo convierten en un caso especial en la política comparada de las realidades nacionales de todo el mundo. Como bien sabemos, la voluntad de preservar el autogobierno fue uno de los vectores de la historia medieval y moderna de Catalunya, que incluye innumerables guerras con Francia y dos guerras contra la monarquía hispánica. En el siglo XX, la voluntad de autogobierno de los catalanes cristalizó institucionalmente con la Mancomunitat, un embrión de gobierno nacional llamado a levantar el país a todos los niveles. La imposición de la dictadura del general Primo de Rivera puso fin a ese tímido episodio de libertad colectiva, pero en el año 1931, antes de que se aprobara la Constitución de la II República Española, se recuperó un espacio de autogobierno con la institución de la Generalitat. No es preciso enfatizar lo que supuso después para Catalunya la imposición de una dictadura y de un gobierno autoritario durante cuatro décadas.
Después de la gran manifestación unitaria de 1977, y siguiendo el guión de 1931, la Generalitat fue restablecida antes de que se aprobara la nueva Constitución democrática, como expresión de unos derechos históricos que en aquel momento no discutió nadie. Y un nuevo Estatut d’Autonomia pactado entre todos recibió un amplio apoyo popular en el referendo de 1979. Años después, la gran mayoría de fuerzas políticas catalanas se propuso reformar el Estatut para asegurar un reconocimiento nacional formal y un autogobierno de alto nivel competencial, simbólico e institucional en el nuevo escenario global. El resultado todos lo conocemos.
Afortunadamente, la historia no se repite, y Catalunya no se encuentra hoy a las puertas de una nueva imposición violenta que vaya a aniquilar su autogobierno. Pero Catalunya y con ella todo el Estado sí se encuentran en una encrucijada histórica decisiva que puede sellar (o no) el fracaso de España como proyecto político compartido y como una democracia de calidad capaz de acomodar su diversidad nacional interna. Con todos sus defectos, que las idealizaciones de la Transición pierden de vista, la Constitución de 1978 tuvo una virtud, que es la de abrir un marco flexible en el que cada comunidad autónoma pudiera encontrar el nivel de autogobierno más próximo posible a las características y aspiraciones de la sociedad respectiva. Un solo ejemplo bastará. La Constitución de 1978 establece el deber de conocer el castellano pero no prohíbe que una comunidad autónoma pueda establecer un deber de conocimiento análogo para su lengua propia, si en ese deber la comunidad ve tanto una garantía de sostenibilidad lingüística como una herramienta de integración social y de igualdad de oportunidades. En el Estatut de 1979 los catalanes fijaron el objetivo de llegar a la plena igualdad del catalán y del castellano "en cuanto a los derechos y deberes de los ciudadanos de Catalunya", y en el del 2006 los catalanes consideraron llegado el momento de concretar esa igualdad estableciendo para el catalán el deber que ya existe para el castellano. Si ahora resulta que este deber es inconstitucional o es interpretado de forma banal, o si se pone en duda el significativo éxito de integración que ha supuesto la inmersión lingüística, solo podemos concluir que el punto al que se nos quiere retornar se sitúa ni más ni menos que antes de 1979.
Mientras otras democracias del mundo desarrollado se esfuerzan en resolver su convivencia multinacional a través del reconocimiento constitucional de su pluralismo nacional interno y de varios modelos federales de autogobierno y de gobierno compartido, España corre el serio peligro de querer cerrar judicialmente un contencioso que solo puede abordarse, gestionarse y resolverse en términos políticos y con vocación de futuro. Con la anunciada sentencia de un Tribunal Constitucional caducado, dividido, deslegitimado e internacionalmente desprestigiado, es evidente que España se encuentra a las puertas de un episodio de estricta involución política y autonómica, con el peligro que supone la negación de las aspiraciones de reconocimiento y de autogobierno nacional de los catalanes. Si esas aspiraciones -que han sido formuladas con plena lealtad al ordenamiento jurídico, pactadas entre todos y refrendadas en las urnas- no caben en la Constitución, solo hay dos salidas posibles: o los catalanes renuncian a sus aspiraciones o renuncian a la Constitución; la evolución federal y plurinacional del Estado autonómico está hoy en peligro mortal. Los abajo firmantes, colaboradores de la prensa diaria catalana, de sensibilidades y talantes diferentes, queremos unir nuestras voces para dar a conocer a la opinión pública que la situación actual es excepcional y reclama gestos políticos excepcionales. La responsabilidad es, en primer lugar, de las instituciones y de los partidos políticos.
Los pactos deben ser respetados, especialmente cuando tienen, además, la legitimidad democrática de los ciudadanos. Si las instituciones y los partidos políticos no son capaces de encontrar una salida digna a la situación actual, la realidad obligará a los catalanes a elegir entre la involución y la secesión. Y huelga decir que si este se convierte al fin en el dilema, solo existirá una opción compatible con la historia y con las aspiraciones políticas de la mayoría de catalanes actuales.
