La entrada en vigor del convenio permitirá que los presos puedan, si así lo desean, terminar de cumplir el resto de su condena en su país de origen, en los términos legalmente previstos en el tratado. En la actualidad, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, hay 20 españoles cumpliendo condenas en cárceles uruguayas y 144 uruguayos en prisiones españolas.
Las condiciones de ejecución del traslado y forma de cumplimiento de la condena se concretan en este convenio, en el que se especifican los requisitos y el procedimiento de solicitud. Además se garantiza que la pena se cumplirá de acuerdo con la legislación del Estado en el que se le impuso, que además mantendrá jurisdicción objetiva respecto del procedimiento. Asimismo, se designan las autoridades centrales en cada Estado, que en el caso de España será el Ministerio de Justicia.
