Así, la suspensión supone que no va a seguir realizando su labor en el Juzgado Central de Instrucción número 5, y que no se le podrá otorgar la situación de servicios especiales que ha solicitado para acudir al Tribunal Penal Internacional de La Haya, ya que es una circunstancia aplicable sólo a jueces y magistrados que se encuentren en servicio.
En el Pleno del Consejo no han participado Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo, ni la vocal Margarita Robles, quienes se apartaron voluntariamente tras ser recusados por Garzón.