A continuación trascribimos el texto de las propuestas presentadas por ambos partidos:
PACTO SOCIAL Y POLÍTICO POR LA EDUCACIÓN PROPUESTO POR EL MINISTERIO
1.-PREÁMBULO
Las Administraciones Educativas del Estado, es decir, el Ministerio de Educación y las Administraciones Educativas de las Comunidades Autónomas, cada una en su ámbito competencial correspondiente, los partidos políticos, así como la Comunidad Educativa y los Interlocutores Sociales, nos hacemos corresponsables de establecer las líneas de trabajo necesarias para conseguir los objetivos educativos de la década 2010-2010. Para ello, en los Anexos al presente documento se establecen los compromisos específicos que adquiere cada uno de los firmantes.
Tenemos que sumar todas las fuerzas posibles del ámbito político y social para continuar mejorando la calidad de nuestra educación, lo que requiere consolidar los logros alcanzados y superar los déficits existentes y afrontar con fortaleza los nuevos retos de la sociedad del siglo XXI, los retos de la sociedad del conocimiento.
La Constitución de 1978 incorporó, en su artículo 27, un conjunto de principios referidos al sistema educativo que los distintos gobiernos democráticos hemos desarrollado desde entonces. Toda política educativa y todo acuerdo han de sostenerse en sus principios.
Durante las tres últimas décadas la sociedad española ha conseguido la expansión más importante de la educación en nuestro país. Hoy hemos alcanzado la plena escolarización de la población entre 3 y 16 años, así como tasas de escolarización desconocidas en nuestra Historia en el Bachillerato, la Formación Profesional y la Universidad. Ha sido un logro de todos los gobiernos democráticos que debemos poner en valor en la actualidad para afrontar los retos del futuro. Y nos encontramos en condiciones de dar pasos en la dirección de lograr que el horizonte sea que, en la práctica, esté escolarizada toda la población hasta los 18 años.
Tras 10 años de culminación del proceso de transferencias educativas a las Comunidades Autónomas, 31 años después de aprobarse la Constitución, nos encontramos no sólo ante un nuevo marco competencial, sino también ante una sociedad distinta y sometida a un cambio constante, que nos exige una reflexión sobre los nuevos y complejos retos que debe plantearse nuestra educación en el siglo XXI.
El desarrollo del marco constitucional y el reconocimiento de las competencias y políticas educativas de las autonomías no excluyen, antes al contrario, hacen necesario un proceso de políticas compartidas, que garanticen el equilibrio, la estabilidad, la cooperación y la coherencia del sistema a través de un marco común, lo que sólo es posible mediante el consenso, y en el que desarrollar sus competencias y responsabilidades políticas. Todo ello, con miras a la mejora y consistencia del mismo.
Hoy es una necesidad incrementar el número de jóvenes que obtienen el título de graduado en educación secundaria, incrementar el número de jóvenes que continúan su formación en la educación postobligatoria, especialmente en formación profesional de grado medio. Lo necesitan los jóvenes para disponer de la formación necesaria para su desarrollo personal y profesional y lo necesita España para reorientar nuestro modelo de crecimiento económico y alcanzar las más altas cotas de bienestar social.
Para ello, es imprescindible acordar los objetivos educativos para la década 2010-2020 y adoptar un conjunto de medidas que permitan avanzar en la dirección señalada. Pero la adopción de esas medidas requiere dotar a nuestro sistema educativo de la estabilidad necesaria para que su aplicación sea efectiva, requiere el trabajo conjunto del Ministerio de Educación y de las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación, así como la participación de los agentes sociales especialmente los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa.
Para realizar este trabajo conjunto es imprescindible que se alcance un gran “Pacto Social y Político por la Educación”. La distribución de competencias entre las distintas Administraciones hace que ningún partido político haya sido o sea totalmente gobierno o totalmente oposición. Por tanto, es necesario un Pacto que permita que los diferentes gobiernos que se configuren tanto en España, como en las diferentes Comunidades Autónomas, establezcan, de común acuerdo, los objetivos educativos y las líneas fundamentales de trabajo para avanzar en la consecución de los mismos.
La resolución de esos problemas, la respuesta a los nuevos retos de la educación en el siglo XXI, también requieren de una mayor implicación de la sociedad, por lo que es imprescindible la participación de los distintos sectores sociales en la configuración de ese Pacto.
Estamos en un momento especialmente relevante y ante nuevos desafíos planteados por los cambios económicos, sociales, tecnológicos y culturales ante los que la sociedad española demanda de los poderes públicos una respuesta decidida, que es necesaria y posible, en forma de un Pacto Social y Político por la educación.
La educación está presente a lo largo de todo el ciclo vital de las personas.
Nada hay tan persistente, ninguna otra cuestión está tan imbricada en la vida de los seres humanos. El ciclo de la educación dura tanto como el de la vida.
Estamos, por tanto, ante un bien de interés público que a todos nos concierne, que es de todos y para todos. De la calidad de este bien dependen, en gran medida, el presente y el futuro de nuestro país y a todos nos corresponde preservarlo y mejorarlo.
El Pacto Social y Político por la Educación es una cuestión de Estado. Esta categoría se la otorga su importancia, su repercusión, y su necesaria extensión en el tiempo.
Ahora bien, en esta trascendental tarea resulta imprescindible el acompañamiento y actuación de todos y cada uno de los actores implicados.
Así, administraciones educativas, partidos políticos, agentes sociales, y especialmente los distintos sectores de la comunidad educativa han de participar activamente en su conformación y posterior desarrollo. Esta enumeración de actores no les otorga mayor o menor importancia, todos resultan necesarios, todos son imprescindibles y en el resultado final cada uno habrá de tener su inexcusable participación, porque el Pacto tiene una clara voluntad integradora.
Sin pretender diluir las responsabilidades, es necesaria tanto una implicación colectiva de todos estos actores como la asunción de responsabilidades concretas por parte de cada uno de ellos, en función de sus competencias, atribuciones y capacidades específicas, subrayando la especial responsabilidad de las administraciones educativas que, en definitiva, son las que han de responder ante los ciudadanos.
Se trata de establecer unos objetivos generales compartidos para hacer efectivos los principios de equidad y excelencia, y mejorar así sustancialmente nuestros resultados educativos. Es este marco el que debe plasmarse en un gran Pacto Social y Político por la Educación, que deberán desarrollar las administraciones educativas en el ámbito de sus respectivas competencias.
Estrechamente vinculados a estos principios, hay que situar el diseño de la educación inclusiva, intercultural y plural que demanda nuestra sociedad. En el siglo XXI, el sistema educativo ha de ser de todos y para todos. Cualquier posicionamiento que se distancie de esta realidad social estaría abocado, cuando menos, a la incomprensión de los ciudadanos.
La cultura del trabajo, el esfuerzo y el respeto son valores en los que es preciso insistir. Los diferentes niveles educativos han de tener presente esta cultura y, a través de ella, persuadir a nuestros niños y jóvenes de su importancia, de su necesidad, de su indiscutible reflejo en los resultados finales. Pero hemos de ser conscientes que el esfuerzo del alumnado es un requisito necesario pero no suficiente, es imprescindible el esfuerzo de todos los agentes que, de hecho, intervienen en la educación de los más jóvenes para la consecución de objetivos educativos ambiciosos.
Todo ello requiere que, en el corazón del Pacto Social y Político por la Educación, estén sus principales actores: el alumnado, sus familias y el profesorado, sin olvidar el papel del personal de administración y servicios de los centros y sus titulares. Nada resultará posible sin su concurso, sin su experiencia, sin su participación.
El objetivo fundamental de este Pacto es conseguir mejorar el nivel de formación del conjunto de la población, tanto de los jóvenes en edad escolar como de la población adulta.
Para ello, las propuestas que se presentan van encaminadas tanto a fomentar la equidad como la excelencia, dos factores indisociables para conseguir una verdadera educación de calidad.
Es decir, por una parte, tenemos que conseguir que ningún joven finalice la educación obligatoria sin los aprendizajes imprescindibles para su desarrollo personal y profesional, sin las competencias básicas necesarias para su continuidad en estudios posteriores en el marco de la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida. Los jóvenes necesitan adquirir las competencias clave de la ciudadanía, entendidas como el conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes que necesita toda persona para su desarrollo personal, para el ejercicio de la ciudadanía cívica activa, para su inclusión social y para la ocupación.
Por otra parte, necesitamos fomentar la excelencia en todas las etapas y niveles educativos, en los jóvenes con mayor capacidad y motivación para aprender.
Se trata, por tanto, de que ningún joven se pierda por el camino y, al mismo tiempo, que ninguno se quede sin poder desarrollar todas sus capacidades potenciales.
Una de las competencias clave para el desarrollo personal y profesional y para la inclusión social es la competencia lingüística. La Constitución incorporó, en su artículo 3, el especial respeto y protección del patrimonio cultural que representan las distintas modalidades lingüísticas de España, razón por la cual los textos estatutarios de las Comunidades Autónomas con lengua propia distinta de la castellana reconocen el idioma de cada una de ellas como oficial en su ámbito territorial, conjuntamente con la lengua española, que lo es en el conjunto del Estado.
Por ello, los poderes públicos deben poner los medios necesarios para que, al finalizar la educación secundaria obligatoria, todo el alumnado comprenda y se exprese con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma.
El Pacto Social y Político por la Educación aborda un conjunto de propuestas que permitan alcanzar los objetivos, ampliamente compartidos, que necesita España para modernizar nuestro sistema educativo y responder a los nuevos retos de la sociedad del siglo XXI. Asimismo, el Pacto tiene un horizonte financiero para aproximarnos de forma progresiva y decidida a los niveles de inversión pública en educación y formación en relación al PIB que tienen los países de nuestro entorno.
También es preciso que realicemos investigaciones específicas para conocer con mayor exactitud en qué medida el fracaso y el abandono están provocados por situaciones de pobreza, exclusión social o marginalidad de muchos estudiantes y sus familias. Asimismo, tenemos que promover las soluciones adecuadas para hacer frente a este fenómeno.
La educación es un bien de interés público, un bien de toda la sociedad. La existencia en nuestro país de centros públicos y centros concertados, que garantizan el acceso a la educación, exige de todos nosotros un análisis sosegado de las medidas y acciones a llevar a cabo.
El objetivo es que garanticemos el doble principio del derecho a la educación y la libertad de enseñanza consagrados en la Constitución. Justicia y libertad que no pueden entenderse la una sin la otra. Para alcanzar la calidad educativa para todos tenemos que fortalecer y reforzar la red de centros públicos, y establecer los derechos y las obligaciones de la red de centros concertados, con el fin de que todos los centros sostenidos con fondos públicos garanticen una educación de calidad a todo el alumnado.
Los objetivos educativos, así como las medidas y acciones que se presentan parten de un análisis del último informe de la OCDE, de los informes del Consejo Escolar del Estado, y de los informes de los Consejos Escolares de las Comunidades Autónomas de amplia y plural composición.
Las propuestas que a continuación se presentan son de distinta naturaleza.
Algunas de ellas implican cambios legislativos, otras requieren negociación específica en los ámbitos correspondientes, otras hacen referencia a políticas concretas que son competencia de cada administración educativa, y otras competen a los centros en el ámbito de su autonomía. Dichas propuestas se orientarán en la dirección necesaria para conseguir los objetivos señalados en el presente Acuerdo, desde el reconocimiento y el respeto de las competencias que, según su naturaleza, correspondan a cada nivel de la administración.
2. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PARA LA DÉCADA
2010-2020 Para responder a los nuevos retos de la sociedad del siglo XXI, a los nuevos retos de la sociedad del conocimiento, es imprescindible modernizar nuestro sistema educativo, que nos fijemos unos objetivos específicos para esta década que respondan a las necesidades que tienen, tanto los jóvenes en edad escolar como la población adulta, para disponer de los instrumentos necesarios para su desarrollo personal y profesional.
Diversos estudios internacionales indican que en las sociedades desarrolladas, en el horizonte de los años 2020-2025, sólo el 15% de los empleos serán para personas sin ninguna cualificación. Es decir, si nos referimos a los niveles de nuestro sistema educativo, será necesario que el 85% tenga una formación equivalente a formación profesional de grado medio o bachillerato.
Para ello, necesitamos un sistema educativo que garantice la equidad y la excelencia en todos sus niveles, un sistema flexible que facilite la movilidad entre las diferentes opciones formativas, que promueva la investigación, la innovación y la transferencia del conocimiento, que facilite que ningún estudiante quede excluido. Necesitamos, en definitiva, un sistema educativo que promueva el éxito de todos los estudiantes y la continuidad en los estudios postobligatorios en el marco de la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida.
Por ello, nos planteamos los siguientes objetivos:
1. Adoptar las medidas necesarias para que todos los estudiantes finalicen la educación obligatoria con los conocimientos, competencias básicas y valores necesarios para su desarrollo personal y profesional y para su continuidad en estudios posteriores en el marco de la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida.
2. Garantizar la equidad y la excelencia en todos los niveles educativos y evaluar los resultados del alumnado y el funcionamiento del sistema, como factores imprescindibles para continuar mejorando la calidad de la educación.
3. Fomentar que todos los estudiantes continúen su formación, como mínimo hasta los 18 años, flexibilizando las diferentes ofertas formativas, fomentando el aprendizaje a lo largo de la vida y ofreciendo alternativas que permitan compatibilizar formación y empleo.
4. Ampliar y flexibilizar la oferta de formación profesional, tanto para los jóvenes en edad escolar como para la población adulta, y adoptar medidas que permitan compatibilizar formación y empleo, para posibilitar el desarrollo de las capacidades personales e incrementar los niveles de formación y las posibilidades de acceso y permanencia en el mercado de trabajo del conjunto de la población.
5. Incrementar el uso de las tecnologías de la información y comunicación como instrumentos habituales de trabajo en todas las áreas de conocimiento de los distintos niveles educativos.
6. Promover un conjunto de medidas en el ámbito escolar y social con el fin de garantizar que todos los jóvenes se expresen con corrección, al menos, en un idioma extranjero, especialmente en inglés.
7. Conseguir que todos los centros sostenidos con fondos públicos, los públicos y los privados concertados, garanticen un servicio educativo de calidad, sin discriminación alguna, con autonomía de funcionamiento, con los medios necesarios para atender a todo el alumnado y con equipos de dirección con una mayor profesionalización.
8. Promover la excelencia, la investigación, la innovación, la transferencia del conocimiento, la igualdad de oportunidades y la difusión de la cultura científica y humanística en la enseñanza universitaria.
9. Asegurar que ningún estudiante se vea privado de continuar estudiando por falta de recursos económicos, fortaleciendo el sistema de becas y ayudas al estudio para dar respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad española, y estimulando el mayor rendimiento del alumnado.
10. Promover una mayor implicación de las familias y los medios de comunicación, en el trabajo conjunto con el profesorado, para fomentar que el alumnado asuma responsablemente sus derechos y deberes, practique la solidaridad y el respeto a los demás, y se ejercite en el diálogo afianzando los valores comunes de una sociedad participativa y democrática.
11. Conseguir que el profesorado disponga de la preparación necesaria para hacer frente a las necesidades actuales y futuras de la labor docente, con una buena formación, tanto en los aspectos científicos como pedagógicos, motivado y que desarrolle su tarea en las condiciones óptimas para lograr la mejor formación de todo su alumnado.
12. Asegurar la educación inclusiva, el reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad,.y procurar los medios y recursos adecuados para que todos los centros educativos puedan garantizar la plena incorporación, en condiciones de igualdad de oportunidades, de los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo.
OBJETIVO
1. El éxito educativo de todos los estudiantes Adoptar las medidas necesarias para que todos los estudiantes finalicen la educación obligatoria con los conocimientos, competencias básicas y valores necesarios para su desarrollo personal y profesional y para su continuidad en estudios posteriores en el marco de la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida.
El comienzo de la atención educativa en edades anteriores a la escolaridad obligatoria contribuye a la mejora del éxito escolar futuro de los estudiantes y a la igualdad de oportunidades. Hemos de mantener la consideración de esta etapa como educativa, y coordinarla con políticas sociales que fomenten la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.
El reto de la etapa de 0 a 6 años es contribuir a que las familias dispongan de una oferta educativa suficiente y de calidad. En España actualmente está escolarizada la práctica totalidad de la población infantil en el segundo ciclo (3- 6 años) con carácter gratuito, y se apostará por la cobertura del primer ciclo (0- 3 años) incrementando la oferta de plazas escolares.
La naturaleza de esta etapa educativa aconseja una planificación y organización en las que las familias jueguen un papel esencial. Y obliga también al necesario equilibrio entre su carácter educativo y la implicación de diferentes administraciones. En particular, la administración local ha jugado un papel esencial en la oferta y es bueno que siga haciéndolo La adopción del concepto de competencias básicas, en tanto que objetivo último del currículo diseñado para cada etapa educativa, con atención especial a su evaluación global, será el instrumento apropiado para asegurar el logro de los aprendizajes y la garantía de igual exigencia para todas las administraciones educativas.
Es necesario que, desde los primeros años de escolaridad, pongamos el acento en los aprendizajes imprescindibles, relativos a los conocimientos, procedimientos y valores necesarios para garantizar que los estudiantes finalicen la educación obligatoria habiendo adquirido las competencias básicas necesarias para su desarrollo personal y profesional.
En la Educación Secundaria Obligatoria hemos de garantizar, tanto las enseñanzas comunes a todos los estudiantes, con el fin de conseguir la adquisición de las competencias básicas, como ofrecer una oferta más diversificada al final de la etapa para responder a las diferentes motivaciones, intereses y necesidades del alumnado con el fin de que puedan continuar los estudios postobligatorios de bachillerato o formación profesional de grado medio.
Así mismo, tenemos que intensificar la oferta de programas de refuerzo y de atención a la diversidad en toda la educación obligatoria y programas de diversificación curricular en los dos últimos cursos de la educación secundaria obligatoria, para conseguir que los estudiantes con mayores dificultades de aprendizaje puedan conseguir el título de graduado.
Por otra parte, el funcionamiento de los Programas de Cualificación Profesional Inicial aconseja introducir las modificaciones necesarias para que el alumnado con mayores dificultades pueda cursar una oferta formativa que le permita tanto conseguir el título de graduado como una cualificación profesional que le permita obtener un certificado de profesionalidad de nivel 1.
El diseño de estos programas, que forman parte de la educación básica, debe facilitar que el alumnado que supere los módulos específicos, asociados a una cualificación profesional de nivel 1, y los módulos obligatorios, pueda proseguir estudios de formación profesional de grado medio.
Las propuestas presentadas suponen que, dada la generalización del segundo ciclo de educación infantil desde los 3 años, la totalidad de la población escolar cursará 12 años de enseñanzas comunes y un último curso con dos perfiles diferenciados para lograr el mismo título, a fin de facilitar la orientación del alumnado hacia estudios de bachillerato o formación profesional.
Propuestas:
1. De 0 a 3 años, ampliaremos y evaluaremos el Plan Educa3, financiado por el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas, para incrementar la oferta de plazas en este primer ciclo de educación infantil en respuesta al aumento de la demanda por parte de las familias.
2. Adoptaremos las medidas necesarias para facilitar la transformación progresiva en plazas de educación infantil de la oferta de atención a niños de 0 a 3 años que no tiene esta consideración.
3. Promoveremos la detección temprana de necesidades específicas de apoyo educativo, en especial las asociadas a discapacidad, y proveeremos los recursos necesarios para conseguir el óptimo desarrollo de todo el alumnado de esta etapa, con el apoyo de los servicios de educación y salud competentes.
4. Incrementaremos la oferta de plazas en los ciclos formativos de grado superior de Educación Infantil.
5. Priorizaremos la puesta en marcha del procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y aprendizajes no formales, especialmente dirigido a las personas que han trabajado en centros de 0 a 3 años que no tienen la cualificación profesional requerida, y ofertaremos la formación necesaria para que puedan completar los módulos profesionales necesarios para obtener el título de Técnico Superior en Educación Infantil.
6. Hemos de dotar a los centros de Educación Primaria de la autonomía y los recursos necesarios para adoptar medidas específicas, en el caso del alumnado con dificultades de aprendizaje, en el momento en el que se detecten estas dificultades. La organización de estas actividades contemplarán distintas posibilidades de actuación: grupos flexibles que hagan posible la atención diferenciada a este alumnado y planes específicos de actuación en colaboración con las familias. Para ello, se potenciará la labor tutorial y la orientación educativa en esta etapa, dirigidas a detectar las dificultades, que de no ser superadas, se incrementan en el tránsito por el sistema educativo. Los centros deberán rendir cuentas del uso de la autonomía y los recursos recibidos.
7. Dotaremos a los centros de Educación Primaria de los medios necesarios para que el alumnado que se considere necesario que permanezca un año más en el mismo ciclo, disponga de actividades específicas con el fin de que puedan superar las dificultades de aprendizaje detectadas. Estas actividades prestarán una atención especial a los aspectos básicos de la lecto-escritura y del cálculo, así como a las destrezas y habilidades básicas de trabajo y de estudio.
8. Impulsar actuaciones específicas, especialmente referidas a la comprensión lectora, la escritura y la expresión oral, para que todo el alumnado finalice la educación obligatoria con la competencia lingüística necesaria para expresarse con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma.
9. En el tercer ciclo de Educación Primaria, a partir de la información obtenida tanto de las evaluaciones que realizan los centros como de la evaluación censal de diagnóstico, reforzaremos las medidas de apoyo de modo que los centros puedan favorecer que el alumnado que no haya alcanzado un desarrollo adecuado de las competencias básicas logre las condiciones necesarias para iniciar con éxito la educación secundaria obligatoria.
10. Adoptaremos las medidas necesarias para facilitar una mayor coordinación entre los centros de Primaria y los centros de Secundaria, a los que estén adscritos, para facilitar el tránsito del alumnado entre ambas etapas educativas. Igualmente, se promoverán las medidas de refuerzo y apoyo al alumnado de los dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria con claro riesgo de abandono educativo.
11. Fomentaremos una mayor coordinación entre el equipo de profesores que imparte clase a un mismo grupo de alumnos, con el fin de analizar en común el nivel de adquisición de las competencias básicas y las medidas más adecuadas para el éxito escolar de todos los estudiantes, reforzando el papel del tutor como coordinador del equipo.
12. Promoveremos la agrupación de materias en ámbitos, especialmente en los primeros cursos de la educación secundaria obligatoria, con el fin de reducir el número de materias y de profesores distintos que tiene el alumnado.
13. Promoveremos que la intervención educativa en la educación obligatoria esté orientada hacia la atención más individualizada a los estudiantes, fomentando el valor del estímulo, el mérito y el esfuerzo personal del alumno, junto con el espíritu de superación, la participación, la convivencia, el respeto y el trabajo en el aula y fuera de ella.
14. En los cursos tercero y cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria, a partir de la información obtenida, tanto de las evaluaciones que realizan los centros como de la evaluación censal de diagnóstico, los centros establecerán las medidas de apoyo necesarias para favorecer que el alumnado que no haya alcanzado un desarrollo adecuado de las competencias básicas logre las condiciones necesarias para obtener el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
15. Incrementaremos la oferta de programas de diversificación curricular con el fin de atender a todo el alumnado para el que se considere que es la mejor opción para alcanzar los objetivos de la etapa, y así poder obtener el título de graduado en educación secundaria obligatoria.
16. Reforzaremos las medidas de orientación académica y profesional en la Educación Secundaria Obligatoria para que el alumnado pueda elegir las opciones más ajustadas a sus competencias e intereses.
17. El 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria tendrá carácter orientador y se organizará en dos opciones:
- Una opción orientada hacia estudios generales (Bachillerato).
- Una opción orientada hacia estudios profesionales (Ciclos formativos de formación profesional de Grado Medio).
18. Estableceremos las materias de la parte común y de la parte específica de ambas opciones, de forma que todo el alumnado alcance el nivel de adquisición de las competencias básicas establecido para la educación secundaria obligatoria.
19. Al finalizar cualquiera de las dos opciones se obtendrá el título de Graduado, lo que permitirá continuar los estudios tanto en los ciclos formativos de grado medio de formación profesional, como en bachillerato, con independencia de la opción cursada. Todos los centros que imparten educación secundaria obligatoria ofertarán las dos opciones señaladas en el punto anterior.
20. Quienes al finalizar el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de acceder a cada una de las opciones señaladas, podrán optar entre repetir el tercer curso, con las medidas de refuerzo oportunas, continuar con un programa de diversificación curricular, o cursar un Programa de Cualificación Profesional Inicial.
21. Los Programas de Cualificación Profesional Inicial tendrán dos años de duración y se diseñarán de tal forma que:
- El alumnado que supere todos los módulos del programa obtendrá una certificación oficial de la cualificación profesional obtenida y el título de Graduado en ESO.
- El alumnado que supere los módulos asociados a una cualificación profesional de nivel 1 y los módulos complementarios de formación podrá acceder a un ciclo formativo de grado medio.
- El alumnado que supere los módulos asociados a una cualificación profesional obtendrá un certificado de profesionalidad de nivel 1.
22. Podrán acceder a un Programa de cualificación profesional inicial los alumnos que hayan finalizado el tercer curso de educación secundaria obligatoria o que sean mayores de 15 años y hayan cursado el segundo curso de esta etapa y no estén en condiciones de promocionar al tercer curso. Para acceder a estos Programas se requerirá el acuerdo de los alumnos y de sus padres o tutores.
23. Elaboraremos planes especiales de actuación en las zonas con menores tasas de graduación en Educación Secundaria Obligatoria y un mayor abandono temprano de la educación y la formación.
Realizaremos estudios específicos sobre las causas del fracaso escolar y elaboraremos planes integrales, con la colaboración de las distintas administraciones, que presenten una oferta atractiva para los jóvenes, que incluyan campañas de concienciación de las familias, refuerzo de tutorías y orientación escolar y los apoyos educativos necesarios.
OBJETIVO 2. Equidad y excelencia. La evaluación como factor para mejorar la calidad de la educación.
Garantizar la equidad y la excelencia en todos los niveles educativos y evaluar los resultados del alumnado y el funcionamiento del sistema, como factores imprescindibles para continuar mejorando la calidad de la educación.
La equidad y la excelencia son dos principios incuestionables de las políticas orientadas a la mejora de la calidad de la educación, desde una perspectiva que entiende la educación como un factor decisivo para el progreso económico y social. Ello exige un esfuerzo sostenido para obtener de cada estudiante tanto como sea posible. Así, junto a las acciones dirigidas a compensar las desigualdades de acceso y corregir los desfases en el aprendizaje, estableceremos con carácter general procedimientos para desarrollar al máximo las capacidades propias de cada estudiante.
El desarrollo de estas capacidades, debe formar parte del trabajo ordinario en todas las aulas de las distintas etapas educativas, pero, al mismo tiempo, tenemos que adoptar programas de refuerzo para el alumnado con mayores dificultades de aprendizaje y programas de profundización para el alumnado con mayor capacidad y motivación para aprender.
Es necesario que el profesorado de Educación Infantil, de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria realice un trabajo coordinado que permita una atención personalizada al alumnado, con el fin de detectar las dificultades de aprendizaje en el momento en el que se producen. Hay que prestar especial atención a los colectivos socialmente más desfavorecidos para conseguir su inclusión social y escolar, con el fin de conseguir una igualdad real de oportunidades educativas y evitar situaciones de absentismo o abandono escolar prematuro.
Tenemos que instaurar la cultura de la evaluación como un elemento fundamental para conocer tanto el funcionamiento general del sistema educativo, como la adquisición de las competencias básicas por parte del alumnado.
Los resultados de la evaluación general del sistema educativo permiten orientar la toma de decisiones de política educativa para la mejora del conjunto del sistema. La evaluación de los resultados de cada uno de los alumnos y de las alumnas debe permitir conocer su nivel de adquisición de las competencias básicas en los momentos clave de los aprendizajes y, en consecuencia, debe permitir adoptar las medidas individuales necesarias para garantizar el éxito en su trabajo posterior, con el fin de que alcancen los mejores resultados acordes con sus capacidades.
Propuestas 24. Incrementaremos los programas de apoyo y refuerzo educativo (PROA) con el fin de que todo el alumnado con dificultades de aprendizaje, escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos, pueda disponer de las medidas de apoyo necesarias para superarlas, desde el momento en el que se detecten, desde los primeros años de escolaridad.
25. Estableceremos, en colaboración con los ayuntamientos y otras organizaciones, programas integrales de atención dirigidos al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con el fin de que los proyectos educativos de todos los centros incorporen planes específicos de atención a este alumnado.
26. Implantaremos un nuevo Programa de profundización de conocimientos dirigido al alumnado de Primaria y Secundaria con mayor capacidad y motivación para aprender.
27. Promoveremos la constitución de grupos de investigación en los diferentes campos del conocimiento dirigidos a los jóvenes que cursan bachillerato o formación profesional.
28. Para el desarrollo de los programas de profundización de conocimientos y la constitución de los grupos de investigación, promoveremos el establecimiento de convenios entre las Administraciones educativas, las Universidades y diversas instituciones científicas y culturales.
29. En 4.º de Educación Primaria y en 2.º de Educación Secundaria Obligatoria el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas acordarán el diseño de una evaluación de diagnóstico de todos los estudiantes que estén cursando las respectivas enseñanzas, con la participación de los centros y el apoyo de la inspección educativa, que permitirá valorar el nivel de adquisición de las competencias básicas correspondientes. Esta evaluación tendrá carácter formativo y orientador para los centros, el profesorado, las familias y el alumnado y serán implementadas en cada Comunidad Autónoma por el Instituto de Evaluación o por la Agencia de Evaluación autonómica, en el caso que la hubiere.
30. La información obtenida de la evaluación realizada en el cuarto curso de la Educación Primaria permitirá a los centros analizar los resultados obtenidos y elaborar los planes de actuación y mejora. Estos planes prestarán especial atención a las medidas específicas para el alumnado que requiera apoyo y refuerzo para alcanzar los niveles adecuados de adquisición de las competencias básicas, y asegurar así su incorporación a la educación secundaria en las condiciones necesarias para su progreso en esta nueva etapa educativa.
31. La información obtenida de la evaluación realizada en el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria permitirá a los centros analizar los resultados obtenidos y elaborar los planes de actuación y mejora. Estos planes prestarán especial atención a las medidas específicas para el alumnado que requiera apoyo y refuerzo para alcanzar los niveles adecuados de adquisición de las competencias básicas para poder obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, y poder así continuar estudios postobligatorios.
32. En 6.º curso de Educación Primaria y en 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas acordarán el diseño de una evaluación general del sistema educativo, que se realizará mediante una muestra representativa del alumnado del conjunto del Estado y de las diferentes Comunidades Autónomas. La información obtenida de la evaluación realizada en los últimos cursos de cada etapa permitirá a las administraciones educativas adoptar las medidas oportunas para mejorar la incorporación del alumnado a la educación secundaria obligatoria y a la postobligatoria y el rendimiento de las siguientes promociones de alumnado de cada etapa. Esta evaluación será implementada en cada Comunidad Autónoma por el Instituto de Evaluación o por la Agencia de Evaluación autonómica, en el caso que la hubiere. La información resultante de esta evaluación general del sistema educativo será comunicada por las respectivas administraciones educativas al Consejo Escolar del Estado y a los Consejos Escolares autonómicos.
33. Estimularemos el desarrollo en los centros de proyectos y programas de innovación relativos a la autonomía organizativa y pedagógica que serán posteriormente evaluados.
34. La evaluación general del sistema educativo se complementará con la participación española en los estudios internacionales de evaluación con las muestras necesarias para obtener información sobre el rendimiento del sistema en el conjunto del Estado y en las diferentes Comunidades Autónomas.
35. Todas las evaluaciones tendrán en cuenta los contextos y los recursos educativos, así como las circunstancias sociales, económicas y culturales de las familias y de los centros educativos, y otros factores que pueden influir en los resultados obtenidos. En ningún caso, los resultados de las evaluaciones externas o internas podrán ser utilizados para establecer clasificaciones de los centros.
OBJETIVO 3. Flexibilidad del sistema educativo y estudios postobligatorios. Educación permanente.
Fomentar que todos los estudiantes continúen su formación, como mínimo hasta los 18 años, flexibilizando las diferentes ofertas formativas, fomentando el aprendizaje a lo largo de la vida y ofreciendo alternativas que permitan compatibilizar formación y empleo.
Los cambios que se están produciendo en la estructura económica y social confirman que la formación inicial no será suficiente para el desarrollo personal y profesional. Las generaciones que se están formando ahora en las escuelas y en los institutos tendrán que cambiar probablemente de profesión varias veces a lo largo de su vida laboral y asistirán a nuevos e importantes avances del conocimiento científico y tecnológico, lo que les exigirá implicarse en nuevos procesos de formación.
En la sociedad actual, el conocimiento es el motor del cambio y el factor que promueve el progreso. Nuestras sociedades necesitan acumular capital de conocimiento, lo que exige promover el desarrollo de la investigación básica y aplicada. Pero sería un error pensar que esto es suficiente. El cambio tecnológico, junto con el progresivo avance del sector terciario en las sociedades desarrolladas -y el paralelo retroceso de los sectores primario y secundario hacia otros mercados laborales periféricos-, requiere que la mayoría de los ciudadanos tenga acceso a un nivel medio o avanzado de formación: es necesario elevar la masa crítica de conocimiento de nuestra sociedad en sus niveles intermedios.
Si el progreso en la sociedad industrial estuvo asociado a la generalización del nivel de enseñanza primaria, el progreso en la sociedad del conocimiento se asienta sobre la generalización de la enseñanza secundaria postobligatoria y la educación permanente.
Por otra parte, en un contexto de cambio permanente, no basta con que los ciudadanos sepan más: han de ser capaces de adaptar y actualizar sus conocimientos, capacidades y destrezas a distintas situaciones a lo largo de toda su vida. Una buena formación básica y media en las etapas iniciales de la vida, que se extienda a la práctica totalidad de los ciudadanos, es condición necesaria, pero no es suficiente.
En definitiva, mejorar la formación de nuestros ciudadanos, en las etapas iniciales y a lo largo de toda su vida, es un bien colectivo, un bien social. Es invertir en el presente y en el futuro. Es sentar las bases de un nuevo modelo de crecimiento que beneficiará a todo nuestro país en su conjunto.
Pero, sobre todo, es un bien para cada uno de los individuos. En la sociedad del conocimiento el acceso a una buena formación, y la capacidad para aprender en todas las etapas de la vida, ofrece más posibilidades de elección a cada ciudadano.
Por el contrario, las personas poco cualificadas o con un bajo nivel educativo serán cada vez más vulnerables, de modo que existe el riesgo de que una formación insuficiente, o las dificultades para renovar o actualizar la formación, lleguen a ser una de las principales causas de exclusión económica y social.
En esta nueva sociedad los países compiten en función de su capacidad para innovar, en función de la formación de sus ciudadanos. La competitividad en esta economía global depende de muchos factores, pero acaso el más importante sea el nivel de formación y de educación que alcance la inmensa mayoría de su población. Un ciudadano sin una formación sólida es un ciudadano condenado a la marginación o, por lo menos, expuesto a riesgos altísimos de exclusión, desempleo, trabajo precario y desigualdad. Se trata, por tanto, de no dejar fuera a nadie de este proceso.
Por todo ello, además de las diferentes medidas contempladas en el marco de la educación obligatoria, es necesario desarrollar una estrategia integral de aprendizaje permanente que contemple todos los niveles educativos, flexibilizar el acceso a las diferentes opciones educativas, establecer pasarelas entre las mismas para que ninguna opción formativa conduzca a caminos cerrados avanzar en el conocimiento de las necesidades que pueden contribuir a nuestro desarrollo económico y favorecer fórmulas que permitan compatibilizar formación y empleo.
Avanzar en la implementación de esas medidas es lo que nos tiene que permitir el cumplimiento de los objetivos europeos de que el 85% de los jóvenes alcancen una titulación de educación secundaria postobligatoria (formación profesional de grado medio o bachillerato), y que el 12,5% de la población entre 18 y 64 años realice alguna actividad de educación permanente, para incrementar sus posibilidades de desarrollo personal y profesional en el marco de la formación y el aprendizaje a lo largo de la vida.
Propuestas 36. Los estudiantes que finalicen la educación obligatoria sin obtener el título de graduado recibirán un certificado oficial del nivel de adquisición de las competencias básicas. Las Administraciones educativas, al organizar las pruebas libres para la obtención del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria, determinarán las partes de la prueba que tienen superadas.
37. Las personas adultas que no posean el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria, podrán solicitar la evaluación de las competencias básicas a través del procedimiento de Valoración Inicial de Aprendizajes, y recibirán un certificado oficial del nivel de adquisición de las competencias básicas. Las Administraciones educativas determinarán, en su caso, la exención de partes de la prueba libre para la obtención del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
38. Incrementaremos la oferta de plazas en ciclos formativos de grado medio de formación profesional, especialmente en los sectores con mayores posibilidades de empleo.
39. Incrementaremos la oferta, en centros públicos o privados autorizados por las administraciones educativas, de cursos de formación específicos para la preparación de las pruebas de acceso a la formación profesional de grado medio, dirigidos especialmente a los jóvenes que abandonaron el sistema educativo sin el título de graduado en educación secundaria obligatoria.
40. Estableceremos convalidaciones recíprocas entre las materias de Bachillerato y los módulos de los ciclos de formación profesional de grado medio, con el fin de que el alumnado que cambie de opción formativa tengan convalidadas las materias aprobadas.
41. Incrementaremos las ofertas de formación presencial, semipresencial o a distancia, dirigidas a la población joven y adulta que necesita mejorar su nivel de cualificación, eliminando barreras al estudio y haciéndolo compatible con la vida laboral y familiar.
42. Revisaremos la estructura del bachillerato, para flexibilizar su organización y establecer los procedimientos necesarios, para que el alumnado pueda superar todas las materias que lo configuran, incentivando la responsabilidad y el esfuerzo para la pronta superación de dificultades y el avance de los estudios.
43. Reforzaremos la orientación académica y profesional en el Bachillerato, con el fin de identificar vocaciones (humanísticas, científicas, técnicas, investigadoras, empresariales, artísticas, deportivas…) a través de programas y actividades de orientación personalizados desde el comienzo de la etapa para facilitar la toma de decisiones sobre su futuro académico y profesional.
44. Impulsaremos que los centros que imparten bachillerato puedan ofrecer parte de su programación de forma virtual, con el fin de acostumbrar a los estudiantes a las metodologías de trabajo de la Educación Superior.
45. Promoveremos, conjuntamente con la administración laboral, y en el marco del Diálogo Social para la Mejora de la Formación Profesional, las medidas necesarias para que:
- los jóvenes menores de 18 años que se incorporen al mercado laboral puedan compatibilizar formación y empleo.
- el alumnado de las escuelas taller o casas de oficio que no posea el Graduado en ESO, acabe su período de formación con esa titulación básica.
- el establecimiento de una oferta formativa para los jóvenes de 18 a 24 años, que les permita obtener la titulación básica y proseguir su formación, compatibilizándola con su permanencia en el mercado laboral.
- la contratación laboral a tiempo parcial compatible con la actividad escolar.
- el incentivo a las empresas que incrementen el número de sus trabajadores con titulación post-obligatoria.
- los centros que imparten la Formación Profesional del sistema educativo, también puedan impartir formación para el empleo y otras formaciones relacionadas con las necesidades de las empresas del entorno.
46. Intensificaremos los Planes acordados entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación, para promover el éxito escolar y luchar contra el abandono escolar prematuro y tomar en consideración las conclusiones sobre propuestas de actuaciones y medidas eficaces para compensar la desigualdad y la promoción de oportunidades para la inserción social, educativa y laboral de los jóvenes en riesgo de abandono. Fijaremos prioridades en esta materia y evaluaremos los resultados de las actuaciones prioritarias.
47. Promoveremos las medidas de apoyo necesarias dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con el fin de que permanezca y avance en el sistema educativo, más allá de las etapas obligatorias, accediendo a mayores niveles de formación.
48. Realizaremos campañas de sensibilización dirigidas al alumnado y sus familias, en las que se subraye la importancia de continuar los estudios de bachillerato, de formación profesional y de actualización mediante formación permanente.
49. Promoveremos la educación permanente para las competencias clave de la ciudadanía, entendidas como el conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes que necesitan todas las personas para su desarrollo personal, para el ejercicio de la ciudadanía cívica activa, para su inclusión social y para el empleo.
50. Desarrollaremos una estrategia integral que favorezca el aprendizaje permanente a lo largo de la vida y que contemple todos los niveles educativos, con un enfoque basado en los resultados de aprendizaje.
En este contexto, estableceremos en el nuevo Marco Español de Cualificaciones en relación con el Marco Europeo, incluyendo el Marco para la Educación Superior.
OBJETIVO
4. La Formación Profesional como instrumento clave para avanzar hacia un nuevo modelo de crecimiento económico.
Ampliar y flexibilizar la oferta de formación profesional, tanto para los jóvenes en edad escolar como para la población adulta, y adoptar medidas que permitan compatibilizar formación y empleo, para incrementar los niveles de formación y las posibilidades de acceso y permanencia en el mercado de trabajo del conjunto de la población.
La Formación Profesional es uno de los pilares fundamentales de la educación en toda sociedad moderna, así como un instrumento clave para avanzar hacia un nuevo modelo de crecimiento económico sostenible y diversificado.
Necesitamos una Formación Profesional que favorezca el logro de una economía más eficiente basada en la excelencia de sus procesos productivos y que forme profesionales capaces de abrirse camino en un entorno europeo e internacional cada vez más exigente. Profesionales que dominen las nuevas tecnologías, con creciente creatividad y capacidad de innovación.
Hemos de lograr una Formación Profesional de calidad que garantice su movilidad, que apoye las exigencias de la innovación y el impulso de los nuevos sectores emergentes. Una Formación Profesional que se vincule al desarrollo local y territorial y que, en definitiva, se convierta en motor de cambio, progreso y bienestar.
En tiempo de crisis económica y de crecimiento del desempleo conviene poner el énfasis en propuestas para aumentar la capacidad de atracción de la Formación Profesional: incrementar la permeabilidad del sistema hacia su entorno y flexibilizar las vías de acceso.
Así mismo, tenemos que seguir avanzando en una mayor integración de los diferentes subsistemas de formación profesional, la formación profesional del sistema educativo y la formación profesional para el empleo, con el fin de realizar una oferta ajustada a las nuevas necesidades de los distintos sectores productivos y a las necesidades de formación y cualificación tanto de los jóvenes en edad escolar como de la población adulta.
Otro de los objetivos del Pacto es promover una mayor relación entre la Formación Profesional de Grado Superior, la Universidad y las empresas de los distintos sectores productivos, con el fin de mejorar los procesos de investigación e innovación y la respuesta a las necesidades de un determinado territorio.
Propuestas:
51. Agilizaremos el procedimiento de elaboración y actualización de las cualificaciones profesionales, títulos de Formación Profesional y certificados de profesionalidad.
52. Promoveremos la integración en red de los observatorios y dispositivos existentes en diferentes ámbitos territoriales y sectoriales para la obtención de datos sobre la evolución, prospectiva y tendencias del empleo y de las necesidades de formación que requiere nuestra economía. Utilizaremos esta información para poder adaptar las ofertas educativas y para mejorar la orientación académica y profesional.
53. Promoveremos una mayor cooperación entre las administraciones, las empresas, y los interlocutores sociales, en el diseño y planificación de las enseñanzas profesionales para conseguir, entre otros temas:
- Incrementar la participación de los interlocutores sociales y las empresas en la obtención de datos socioeconómicos y laborales, en la incidencia de los cambios de los procesos tecnológicos sobre las cualificaciones profesionales, y en el diseño y planificación de la oferta de las enseñanzas profesionales.
- Potenciar mecanismos específicos para mejorar la cooperación de las empresas y los centros formativos para la formación de los trabajadores y la actualización del profesorado, a través de estancias temporales en las empresas.
-Utilizar los espacios, instalaciones y equipamientos de las empresas para la impartición de determinadas unidades formativas de los módulos de formación profesional.
-Desarrollar conjuntamente proyectos de innovación en procesos y técnicas emergentes.
54. Completaremos la Red de Centros de Referencia de las diferentes familias profesionales, en cooperación con las Comunidades Autónomas y los interlocutores sociales.
55. Promoveremos entre las Administraciones educativas y laborales la realización de convocatorias anuales, de las diferentes familias profesionales, de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y aprendizajes no formales, en relación con las necesidades de las personas, del sistema productivo y de las políticas activas de empleo.
56. Facilitaremos, a las personas que participen en el procedimiento de evaluación y acreditación, la oferta de formación complementaria que requieran para la obtención de un título de Formación Profesional o un certificado de profesionalidad. Para ello:
- Planificaremos itinerarios formativos para que las personas acreditadas puedan obtener el título de formación profesional o el certificado de profesionalidad atendiendo a sus necesidades profesionales y personales con ofertas de distintas modalidades presenciales o a distancia.
- Promoveremos la organización y la oferta de los módulos profesionales en unidades formativas de menor duración, en las modalidades presencial, específica de adultos y de teleformación.
- Promoveremos las acciones formativas específicas destinadas a las personas que no reúnan los requisitos de acceso para poder obtener el título de formación profesional y tengan acreditadas unidades de competencia de dicho título. Promoveremos la organización y la oferta de manera flexible, mediante teleformación, módulos de menor duración entre otras fórmulas.
57. Incrementaremos la Red de Centros Integrados de Formación Profesional y estableceremos una red amplia de centros que integren en su oferta de Formación Profesional acciones dirigidas tanto a los jóvenes en edad escolar como a la población trabajadora.
58. Adoptaremos las medidas necesarias para flexibilizar el sistema de Formación Profesional de manera que permita un tránsito más fluido entre los diferentes niveles de Formación Profesional y los diferentes niveles educativos (Bachillerato y estudios de Grado universitario) para dar respuesta a las nuevas demandas sociales y económicas de nuestro país, a través de la innovación, el reconocimiento recíproco de convalidaciones, e introduciendo las adaptaciones pertinentes en el contenido y las modalidades de oferta formativa.
59. Se establecerán cursos de formación específicos para el acceso directo a los ciclos de Formación Profesional, en centros públicos o privados autorizados por las Administraciones Educativas.
60. Adoptaremos las medidas necesarias para facilitar la firma de convenios específicos con empresas españolas y europeas para la realización del módulo de formación en centros de trabajo y aseguraremos al alumnado con discapacidad la realización de prácticas externas de calidad en entornos laborales accesibles.
61. Impulsaremos la formación a distancia de cara a la obtención de títulos y certificados de profesionalidad (Plataforma Virtual para la Formación Profesional), adoptando las medidas de accesibilidad necesarias para las personas con discapacidad, eliminando barreras al estudio y haciéndolo compatible con la vida laboral y familiar. Para ello:
-Realizaremos una acción coordinada para la adaptación de los ciclos formativos de Formación Profesional a la modalidad de distancia, elaborando los materiales didácticos necesarios.
- Formaremos al profesorado de las distintas familias profesionales en la utilización de las técnicas específicas y de los recursos didácticos utilizados en la modalidad de distancia.
- Incentivaremos la elaboración de simuladores empleados en la formación profesional a distancia y semipresencial.
62. Facilitaremos el acceso y la certificación parcial de los aprendizajes realizados en los ciclos formativos de Formación Profesional, garantizando la posibilidad de capitalización de aprendizajes y su registro en el expediente académico del alumnado.
63. Los centros de Formación Profesional podrán ofertar, con la autorización de la administración competente, programas formativos configurados a partir de módulos incluidos en los títulos de formación profesional o certificados de profesionalidad que tengan autorizados y que estén asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Dichos programas podrán incluir también otra formación complementaria no referida al Catálogo.
64. La superación de los programas formativos señalados en el punto anterior conducirá a la obtención de una certificación expedida por la administración competente. Esta certificación acreditará, además, las unidades de competencia asociadas a los módulos incluidos en el programa formativo.
65. Desarrollaremos un Sistema Integrado de Información y Orientación Profesional, para facilitar la elección de itinerarios formativos y/o laborales, estableciendo una red que asegure, al menos, el asesoramiento de los ciudadanos en relación con las posibilidades de formación, empleo y reconocimiento de competencias, que permita la coordinación y busque la complementariedad de los dispositivos dependientes de las administraciones educativas y laborales, de la Administración Local, de los interlocutores sociales, y de cualquier otro organismo o entidad que preste servicios de orientación.
66. Se establecerá una red de aseguramiento de la calidad en la formación profesional, en coherencia y respuesta a la red europea.
67. Potenciaremos la conexión en red de los centros de formación profesional, a través de tecnologías avanzadas de la información y la comunicación, con el fin de fomentar el trabajo colaborativo entre distintos centros, así como el desarrollo de proyectos conjuntos de innovación e investigación en los distintos sectores.
68. Incrementaremos la colaboración entre el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas para la organización de planes de formación permanente del profesorado de Formación Profesional de las diferentes familias profesionales, promoviendo, además, las estancias en empresas para acercar la formación a las nuevas necesidades de los distintos sectores productivos.
69. Ofertaremos cursos de especialización, posteriores a la finalización de los ciclos formativos de Grado Medio o Grado Superior, que respondan de forma inmediata y ágil a las demandas de cualificación del tejido productivo.
70. Adoptaremos las medidas necesarias para flexibilizar la oferta de formación, para adaptarla a las circunstancias de los adultos, a las condiciones del mercado laboral y de conciliación de la vida familiar, a través de sistemas modulares, aumentando el horario de utilización de los centros educativos y la oferta de educación a distancia de acuerdo con los avances tecnológicos.
71. Realizaremos estudios de tendencias para adaptar la oferta formativa de Formación Profesional a las necesidades y demanda de las entidades y organizaciones públicas, privadas, empresariales, etc., incrementando la cooperación de éstas y de los agentes sociales en el diseño y planificación de las enseñanzas profesionales.
72. Impulsaremos la colaboración entre la enseñanza de Formación Profesional superior y la enseñanza universitaria, aprovechando los recursos de infraestructuras y equipamientos compartidos, creando entornos de formación superior, vinculados a las necesidades de la economía local. Las ofertas de cada tipo de enseñanza integradas en estos entornos tendrán la dependencia orgánica y funcional establecida actualmente en la normativa correspondiente.
73. Promoveremos el establecimiento de convenios singulares de colaboración entre centros de Formación Profesional, Administraciones Públicas y empresas para el impulso conjunto de ofertas formativas concretas, para realizar el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo y para desarrollar proyectos de investigación e innovación.
Las medidas propuestas relacionadas con el desarrollo del Sistema Nacional de las Cualificaciones y de la Formación Profesional serán promovidas de forma conjunta entre la administración educativa y la administración laboral, en el marco del diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales.
Se llevarán a la Ley de Economía Sostenible las concreciones necesarias que se deriven de este Pacto, así como las enmiendas que se deriven de los acuerdos que se produzcan en el seno del Diálogo Social en la Mesa de Promoción y Mejora de la Formación Profesional Reglada y para el Empleo.
OBJETIVO
5. Nuevas formas de enseñar y aprender: El papel de las TIC Incrementar el uso de las tecnologías de la información y comunicación como instrumentos habituales de trabajo en todas las áreas de conocimiento de los distintos niveles educativos.
Las tecnologías de la información y de la comunicación se hallan en la base de la transformación de nuestra sociedad y, por lo tanto, deben ocupar un lugar central en la formación de nuestros niños y jóvenes, pero también de los ciudadanos adultos. Tienen que incorporarse a su formación como el lenguaje de comunicación básico en el que ya se expresan buena parte de nuestras actividades y en el que se expresarán la mayoría en un futuro casi inmediato.
La preparación para incorporarse plenamente a la sociedad actual requiere el desarrollo suficiente de las competencias asociadas al tratamiento de la información y la competencia digital, de modo que se logre la suficiente familiaridad, la actitud crítica y la eficacia en el uso de los medios digitales. Por ello, la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo de todas las áreas de conocimiento de las distintas etapas educativas, resulta fundamental para la formación del alumnado.
Pero, además, el reto de la calidad y la exigencia en todas las etapas educativas requiere una modernización de nuestro sistema educativo con nuevas formas de enseñar y de aprender. Para lograrlo, es necesario favorecer la disponibilidad en las aulas de todos de los instrumentos que proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación, con los recursos educativos digitales adecuados y con una suficiente formación del profesorado.
Propuestas:
74. Completaremos la implantación y el desarrollo del Programa Escuela 2.0, entre el Ministerio de Educación y las administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, para la mejor adaptación a los planes y programas que se están desarrollando en los diferentes ámbitos territoriales.
75. Organizaremos planes específicos de formación permanente para facilitar a todo el profesorado la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo que se desarrolla en el aula en las distintas áreas del conocimiento, de modo que supongan un apoyo efectivo y eficaz a su labor docente, e impulsaremos la incorporación de estos mismos contenidos en la formación inicial.
76. Para hacer eficaz la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación el profesorado y el alumnado, deben disponer de un conjunto amplio y variado de recursos en formato digital. Para lograrlo es necesario:
- Promover acuerdos con editoriales, organizaciones educativas y otras instituciones proveedoras de contenidos para impulsar la elaboración de los contenidos de las distintas áreas de conocimiento en formato digital.
- Promover la participación de grupos de profesores en la creación desde las propias Administraciones de contenidos, en formato digital, libres, reutilizables y estandarizados para las distintas áreas de conocimiento.
OBJETIVO
6. Plurilingüismo. Impulso al aprendizaje de Idiomas Promoveremos un conjunto de medidas en el ámbito escolar y social con el fin de garantizar que todos los jóvenes se expresen con corrección, al menos, en un idioma extranjero, especialmente en inglés.
Es esencial la mejora de las competencias en lenguas extranjeras. En un mundo globalizado y con movilidad creciente, uno de los objetivos estratégicos, no sólo de la educación sino también del conjunto de la sociedad, debe ser el plurilingüismo, la habilidad de comunicarse en diversas lenguas, a diversos niveles, según las necesidades personales, académicas y profesionales, presentes o futuras, del alumnado. Se trata de establecer políticas al respecto, que favorezcan una mayor eficacia en los recursos y el tiempo destinado en cada una de las etapas educativas al aprendizaje de lenguas extranjeras, así como la incorporación al sistema educativo de un nuevo enfoque, orientado a la acción, nuevas formas de organización de la oferta educativa y nuevos recursos.
Propuestas:
Acordaremos un Plan de impulso a la enseñanza de lenguas extranjeras que contemple, entre otras, las siguientes medidas:
77. Incrementar la formación inicial y permanente del profesorado en relación con las lenguas extranjeras, para lo que es necesario favorecer:
- Estancias formativas de profesores en otros países para el aprendizaje de idiomas.
- Intercambio de profesores con centros educativos de otros países europeos.
- La presencia de lenguas extranjeras en la formación inicial del profesorado de educación primaria y secundaria.
78. Aumentar los apoyos al aprendizaje y la enseñanza de lenguas extranjeras, lo que supone:
- Fomentar las estancias formativas del alumnado en otros países para el aprendizaje de idiomas.
- Incrementar la incorporación de profesorado nativo para el apoyo a la docencia de lenguas extranjeras, revisando y agilizando el procedimiento de convalidación de titulaciones y regulando sus funciones y competencias.
- Aprovechar la disponibilidad de residentes provenientes de otros países y, en particular, establecer convenios con las Universidades que permitan la incorporación como lectores a los centros de Secundaria del alumnado que esté participando en un Programa Erasmus en España.
79. Impulsaremos el incremento de centros plurilingües que desarrollen metodologías de aprendizaje integrado de contenidos y lengua. En este marco es necesario:
- definir el perfil del profesorado de disciplinas no lingüísticas que imparte su materia en lengua extranjera y determinar los criterios generales para la habilitación o acreditación lingüística de este profesorado.
- reforzar las plantillas de los centros con el profesorado necesario para garantizar la implementación del aprendizaje de las lenguas extranjeras.
- garantizar la calidad en la enseñanza de lenguas extranjeras en los centros ordinarios.
80. Fomentaremos el reconocimiento, en todos los ámbitos, de las competencias en idiomas adquiridas en contextos de aprendizaje formal y no formal, lo que supone:
- Acreditar, según los niveles de referencia del Consejo de Europa, el nivel alcanzado en cada una de las lenguas extranjeras cursadas por el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato al finalizar sus estudios.
- Facilitar la acreditación de competencias parciales (por lenguas, niveles y destrezas) para ajustar los perfiles lingüísticos del alumnado a sus objetivos de comunicación en lenguas extranjeras y a las necesidades del conjunto de la sociedad.
- Promocionar el uso de documentos como el Portfolio Europeo de las Lenguas o el Europass como instrumentos de planificación y registro del aprendizaje de idiomas en su relación con el desarrollo académico y profesional y la movilidad del alumnado en el ámbito europeo.
OBJETIVO
7. La Educación como bien de interés público y derecho de toda la sociedad.
Conseguir que todos los centros sostenidos con fondos públicos, los públicos y los privados concertados, garanticen un servicio educativo de calidad, sin discriminación alguna, con autonomía de funcionamiento, con los medios necesarios para atender a todo el alumnado y con equipos de dirección con la máxima profesionalización.
El servicio público de educación es una consecuencia inmediata del derecho fundamental que proclama nuestra Constitución. Con el fin de garantizar este servicio sin discriminación alguna y con un nivel de calidad satisfactorio, los poderes públicos deberán atender a las necesidades y demandas de escolarización que requieran las distintas zonas, enseñanzas y etapas educativas.
Por otro lado, nuestra Constitución vincula, asimismo, la garantía del derecho de todos a la educación a una programación de la oferta educativa de las enseñanzas, con participación efectiva de todos los sectores afectados. Los poderes públicos determinarán, con la participación de la comunidad educativa, las necesidades de escolarización de las distintas zonas, enseñanzas y etapas educativas en el marco de esta programación; y será en el ámbito de este diálogo con los sectores afectados en el que las Administraciones deberán considerar los distintos condicionantes de la oferta educativa: desarrollo demográfico de una zona y demanda de puestos escolares y de enseñanzas.
Además, la programación general de la enseñanza por parte de las administraciones educativas debe permitir que todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos garanticen una alta calidad educativa a todos sus alumnos, debe favorecer la libertad de elección de las familias y el acceso a los centros en condiciones de igualdad del alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo, al alumnado inmigrante o al procedente de minorías étnicas o culturales.
Por otra parte, es necesario avanzar hacia una mayor autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros para que dispongan de los instrumentos necesarios para responder, en sus proyectos educativos y en sus planes de actuación, a las necesidades del alumnado que tienen escolarizado.
Para lograr un efectivo uso de esa autonomía, es necesario reforzar el papel de los equipos directivos, mejorar su formación y promover una nueva cultura de la evaluación que permita conocer la evolución tanto de los aspectos relativos a la organización y funcionamiento de los centros, como de los resultados del aprendizaje del alumnado.
Propuestas 81. Analizaremos la normativa que regula los procesos de escolarización y la regulación de los conciertos educativos con el fin de garantizar los derechos y obligaciones que se deriven de los mismos:
- Asegurar la escolarización equitativa del alumnado con necesidades educativas especiales, con especiales dificultades de aprendizaje, alumnado inmigrante o procedente de minorías étnicas o culturales entre todos los centros públicos y concertados.
- Favorecer la libertad de elección de las familias, en el marco de la programación general de la enseñanza que realizan las administraciones educativas, facilitándoles una adecuada información sobre los proyectos educativos de cada uno de los centros públicos y privados concertados de su correspondiente ámbito territorial.
-Disponer en todos los centros públicos y concertados de los profesionales, los programas específicos y de los recursos y medidas de apoyo necesarios para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
82. Reforzaremos con más recursos, profesorado especializado y medidas compensatorias específicas a los centros públicos y privados concertados que escolaricen a un mayor número de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo.
83. Antes de finalizar mayo de 2010, y en aplicación de lo dispuesto en la Disposición adicional vigésimo novena de la LOE, constituiremos, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, una Comisión con la participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito de la enseñanza privada concertada, para el estudio de la cuantía de los módulos de concierto, que valore el coste total de la impartición de las enseñanzas en condiciones de gratuidad.
84. En el cálculo del módulo del concierto se contemplarán, en lo relativo al profesorado de los centros privados concertados, al menos las siguientes cuestiones:
-Calendario temporal para la equiparación de su remuneración con el profesorado de la pública de las respectivas etapas.
- Pago de la función directiva.
85. Dotaremos de mayor autonomía a los centros educativos para el diseño de agrupamientos, organización de horarios y tareas docentes, conexión interdisciplinar del currículo y el desarrollo de proyectos propios de innovación, investigación y experimentación en materia de educación.
86. Promoveremos acuerdos, entre las administraciones educativas y las administraciones locales, para incrementar la relación de los centros con su entorno social e institucional.
87. Promoveremos, desde las Administraciones educativas, la identificación y la difusión de buenas prácticas de los centros que hayan adoptado acuerdos de organización y funcionamiento en su Proyecto Educativo que permitan la mejora del éxito escolar del alumnado.
88. Modificaremos los sistemas de selección e incrementaremos la formación previa que deben tener los equipos directivos de los centros públicos para garantizar una mayor profesionalización y asegurar el liderazgo educativo en el desarrollo de las funciones que tienen asignadas, así como otorgarles una mayor capacidad de decisión en los asuntos relativos a la autonomía curricular, económica, y organizativa de los centros.
89. Impulsaremos la firma de contratos-programa plurianuales entre las administraciones educativas y los centros, con la oportuna financiación, recursos humanos y materiales necesarios y la gestión flexible de los mismos, así como los apoyos técnicos y la formación del profesorado necesaria para la consecución de los objetivos de mejora planteados, relacionados especialmente con el incremento del éxito escolar del alumnado.
OBJETIVO 8. Modernización e Internacionalización de las Universidades.
Formación, investigación, transferencia del conocimiento y responsabilidad social.
Promover la excelencia, la investigación, la innovación, la transferencia del conocimiento y la difusión de la cultura científica y humanística en la enseñanza universitaria.
Con el fin de responder adecuadamente a los retos sociales y económicos resultantes del cambio de modelo socioeconómico en España, las Universidades deben dirigirse hacia su modernización y cambio, hacia la excelencia en sus tres misiones (docencia, investigación y transferencia de conocimiento e innovación), al compromiso de participar en los sistemas de innovación, y a una estrategia transversal de internacionalización.
Este proceso de modernización requiere, en primer lugar, avanzar hacia la completa integración en el Espacio Europeo de Educación Superior. En el marco de este Pacto, el Ministerio de Educación, las Comunidades Autónomas y las Universidades trabajaremos desde el diálogo y la cooperación para desarrollar la Estrategia Universidad 2015.
El reto que tenemos como país para cambiar el modelo económico y productivo no puede hacerse sin el concurso de nuestras Universidades. Éstas, a través de la generación de conocimiento, la investigación, la transferencia, la responsabilidad social y la innovación deben ser actores fundamentales en este cambio hacia la sociedad del conocimiento que caracteriza el nuevo modelo de desarrollo sostenible económico, social y cultural y medioambiental.
En este sentido, las Universidades, en cumplimiento de su responsabilidad social, deben responder a las necesidades de la sociedad, transfiriendo conocimiento para ayudar a resolver los grandes problemas sociales y económicos de nuestra época. Las Administraciones Educativas debemos apoyar a las Universidades para que éstas, desde su autonomía, puedan contribuir a fortalecer sus lazos con los ámbitos sociales, empresariales y territoriales y adaptar permanentemente su oferta a las nuevas necesidades de la sociedad y del mercado laboral.
Dicho proceso deberá realizarse en el marco del Espacio Europeo de Investigación, del Espacio Europeo de Educación Superior, de la Agenda Europea de Modernización de las universidades y de la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible, para conseguir un espacio común de conocimiento en Europa.
Más allá del marco europeo, debemos avanzar en la internacionalización de nuestro sistema universitario. En un contexto de globalización y creciente internacionalización de la educación superior, queremos atraer a España los mejores estudiantes, profesores e investigadores, así como establecer las medidas oportunas para que nuestros investigadores y profesores, muchos de ellos de reconocido prestigio internacional, puedan seguir contribuyendo a la mejora de nuestras universidades.
Así, las Administraciones Educativas en el ámbito de nuestras respectivas competencias, y siempre a través del acuerdo y la cooperación trabajaremos conjuntamente para:
Propuestas:
90. Avanzar hacia la completa integración en el Espacio Europeo de Educación Superior y desarrollar la Estrategia Universidad 2015 como respuesta a la necesaria modernización de nuestras Universidades.
91. Seguir impulsando el Programa Campus de Excelencia Internacional, para mejorar la calidad y la excelencia de nuestras Universidades y la coordinación estratégica con otras instituciones.
92. Mejorar los procedimientos de verificación de títulos universitarios de Grado, Máster y Doctorado, así como los sistemas de acreditación del profesorado, con el objeto de dotarlos de mayor transparencia, eficacia y seguridad jurídica.
93. Perfeccionar la puesta en marcha de los nuevos títulos de Grado y Máster, así como llevar a cabo el seguimiento de los ya implantados.
94. Regular las enseñanzas de Doctorado y concretar el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, en coherencia con el Marco Español de las Cualificaciones.
95. Promulgar el Estatuto del Personal Docente e Investigador. Los profesores e investigadores deben estar en el centro de las políticas que se desarrollan en el ámbito universitario, pues ellos son actores fundamentales en la generación del conocimiento, la investigación, la innovación y la transferencia a la sociedad.
96. Promulgar el Estatuto del Estudiante Universitario y constituir el Consejo de Estudiantes. Los estudiantes deben contar con un marco adecuado para garantizar su participación en los asuntos universitarios a través de sus asociaciones y sus representantes en los claustros.
97. Las Administraciones y las Universidades acordaremos un modelo de financiación del sistema universitario, con el horizonte 2020, que dé respuesta a los retos sociales que tiene la Universidad, al desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior, a la evaluación de las Universidades y al establecimiento de mecanismos que mejoren su rendición de cuentas.
98. Crear un nuevo programa de apoyo a la modernización de la gestión y administración de las Universidades para la mejora de su eficacia y eficiencia y para el fortalecimiento institucional.
99. Promover e incentivar la valoración de las actuaciones universitarias en materia de investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de conocimiento e innovación que contribuyan a la mejora del bienestar de los ciudadanos y del sector productivo contribuyendo al desarrollo de un nuevo modelo de economía sostenible.
100. Impulsar y potenciar la dimensión social de las enseñanzas universitarias a través de:
- El fomento de la equidad y la aplicación de los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación incluyendo la de género, diseño para todos y accesibilidad universal e inclusión en el acceso a la enseñanza superior.
- La mejora de las becas, ayudas y préstamos, y en particular, las becas-salario para Grado y las becas para Máster.
- La mejora de la movilidad nacional e internacional, incrementando la tasa de titulados que hayan cursado un período de formación en el extranjero.
- El fomento de las oportunidades de empleo, aumentando la dotación presupuestaria de matrículas gratuitas de Máster para titulados en situación de desempleo.
- La participación activa de las Universidades en la formación a lo largo de la vida, impulsando de manera continuada las políticas de atención y orientación de estudiantes y egresados.
-Reforzar la tutoría y la orientación a estudiantes como medio para el mejor desarrollo del potencial del alumnado y para disminuir las tasas de abandono universitario en estudios de Grado.
- Transformación de la ANECA como Agencia Estatal para la mejora de los procesos de evaluación de la calidad y de los procedimientos de verificación de títulos y acreditación del profesorado, y articular la participación de las agencias autonómicas en estos procesos de evaluación.
101. Promover nuevos programas de incentivos económicos y profesionales e iniciativas de reconocimiento social que estimulen la excelencia de la docencia en la enseñanza universitaria, la investigación, la innovación, la transferencia de conocimiento y la difusión de la cultura científica y humanística.
102. Adoptar medidas que estimulen la iniciativa y emprendimiento universitarios, la creación de empresas de base tecnológica y la mejora de los sistemas de difusión de los resultados de la investigación y transferencia de conocimiento. El establecimiento de mecanismos para que desde la universidad, en colaboración con otras instituciones y/o empresas se puedan guiar, desarrollar y evaluar los proyectos que estratégicamente pudieran ser más rentables, así como para buscar apoyo público y privado para la puesta en marcha y financiación de los mismos.
103. Impulsar la internacionalización del sistema universitario español, a través de un Plan Director de Internacionalización:
- Promover la participación de nuestras Universidades en redes y asociaciones estratégicas transnacionales de estas instituciones, con el objetivo de alcanzar la excelencia en el ámbito mundial.
- Impulsar la participación de Universidades españolas en programas internacionales de educación superior, investigación e innovación en el ámbito europeo y mundial.
- Fomentar la movilidad internacional que permita, entre otras cosas, la impartición de titulaciones conjuntas transnacionales de Grado y Master, y Doctorados en Escuelas europeas e internacionales.
- Fomentar la proyección internacional de nuestras Universidades, adoptando medidas que aumenten su atracción y visibilidad, con especial atención al ámbito latinoamericano.
OBJETIVO
9. Dimensión social de la educación: Becas y Ayudas al estudio.
Asegurar que ningún estudiante se vea privado de continuar estudiando por falta de recursos económicos, fortaleciendo el sistema de becas y ayudas al estudio para dar respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad española y estimulando el mayor rendimiento del alumnado.
Las Administraciones Educativas debemos potenciar la dimensión social de nuestro sistema educativo en todos sus niveles. Las becas y ayudas garantizan la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, así como la cohesión social y territorial. El objetivo es que las mejoras en calidad y la excelencia estén al alcance de todo el alumnado.
La política de becas ha de garantizar que ningún estudiante abandone sus estudios postobligatorios, de bachillerato, formación profesional o de educación superior por motivos económicos. Por tanto, deberá prestar atención preferente a los estudiantes que se encuentren en los niveles sociales más desfavorecidos.
Nuestro país está haciendo un gran esfuerzo en materia de becas y ayudas.
Las Administraciones Educativas tenemos que diseñar conjuntamente un nuevo modelo de becas y ayudas que garantice mejor la cohesión social y la igualdad de oportunidades, y que contemple nuevas modalidades, actualice los umbrales de renta, favorezca la flexibilidad, fomente la movilidad internacional y nacional de los estudiantes y el aprendizaje de idiomas, favorezca el acceso a los recursos a las personas con discapacidad y elimine las ineficiencias e insuficiencias del modelo actual.
En el ámbito de la educación superior, el nuevo modelo de becas y ayudas debe adecuarse al Espacio Europeo de Educación Superior y a la exigencia de mayor dedicación del estudiante a su formación. Para evitar que, por razones socioeconómicas, un estudiante desista de la realización de estudios superiores, promoveremos las becas-salario en los estudios de Formación Profesional de Grado Superior y en los estudios de Grado. Asimismo, facilitaremos el acceso a los estudios de Máster con el establecimiento de becas y la concesión de préstamos renta en condiciones favorables, para los que no cumplan las condiciones de beca.
Asimismo, facilitaremos la mayor movilidad de los estudiantes de Grado tanto en el interior como en el exterior de nuestro país, introduciendo ayudas al alojamiento universitario. Igualmente, introduciremos incentivos al rendimiento académico, a la excelencia académica, al esfuerzo y los resultados de los estudiantes.
Debemos garantizar la inclusión social en la educación a través del sistema de becas y ayudas, por lo que el nuevo modelo deberá ahondar en, y tener más presentes, las necesidades específicas de los estudiantes con discapacidad.
Propuestas:
104. Pondremos en marcha el Observatorio de Becas, Ayudas y Rendimiento Económico que contará con representación del Ministerio de Educación, las Comunidades Autónomas, las Universidades, los Estudiantes y los Interlocutores Sociales. Dicho Observatorio debe servir como instrumento de evaluación y valoración global del sistema de becas y ayudas en nuestro país, mejorar la transparencia del sistema de concesión y estudiar la creación de nuevas modalidades.
105. Aseguraremos que ningún estudiante se vea privado del acceso y de la continuidad de sus estudios por falta de recursos económicos, manteniendo un aumento continuado de la elevación de los umbrales económicos establecidos para tener derecho a becas y ayudas al estudio.
106. Incrementaremos las partidas presupuestarias destinadas a becas y ayudas para asegurar un incremento progresivo del alumnado con beca y ayuda, tanto en bachillerato y Formación Profesional como en educación superior.
107. Potenciaremos las becas-salario para los estudiantes de educación superior (Formación Profesional de Grado Superior y estudios de Grado) para evitar el abandono de los estudios por razones económicas.
108. Ampliaremos las becas y ayudas de movilidad para cursar estudios, tanto en España como en el espacio europeo.
OBJETIVO
10. Convivencia y educación en valores: Implicación de la familia, del profesorado y de la sociedad.
Impulsar las medidas que favorecen la convivencia escolar y la educación en valores y promover una mayor implicación de las familias y los medios de comunicación, en el trabajo conjunto con el profesorado, para fomentar que el alumnado asuma responsablemente sus derechos y deberes, practique la solidaridad y el respeto a los demás, y se ejercite en el diálogo afianzando los valores comunes de una sociedad participativa y democrática.
La educación no es una simple adquisición de conocimientos, ni su único objetivo es la empleabilidad. Tenemos que impulsar y promover una educación integral que favorezca la educación de los estudiantes como personas y ciudadanos activos que deben tener los criterios necesarios para enfrentarse a un mundo abierto y en continuo proceso de cambio.
Para ser ciudadanos activos, los estudiantes tienen que participar más en la vida de los centros, hay que mejorar sus cauces de participación y que se impliquen más en la adopción compartida de las normas de convivencia en los centros y en la resolución de los conflictos que se puedan producir.
Para ello, es imprescindible que en la adquisición de las competencias básicas en la educación obligatoria incluyamos tanto los conceptos como los procedimientos, actitudes y valores. Para ello, es necesario promover actuaciones a fin de garantizar la educación en los valores propios de una sociedad democráticamente avanzada a todo el alumnado y de mejorar la convivencia en todos los centros educativos.
Así mismo, es importante reforzar la figura del tutor, tanto para lograr una mayor coordinación del equipo educativo como para impulsar la mediación en la prevención y resolución de conflictos, con la participación del profesorado, del alumnado y las familias.
Propuestas 109. Potenciaremos el diseño, desarrollo y evaluación de proyectos educativos encaminados a promover la cultura de paz y no violencia en los centros docentes, con el fin de que los centros educativos tengan el clima adecuado para favorecer el trabajo y el estudio.
110. Promoveremos que las administraciones educativas, a partir de los datos obtenidos desde el Observatorio Estatal de la Convivencia, junto con los de las diversas Comunidades Autónomas, elaboren propuestas, materiales de apoyo y actividades de formación que faciliten la elaboración en todos los centros de Planes de Convivencia que tengan en cuenta la diversidad cultural e ideológica, la igualdad entre hombres y mujeres, la mediación y la resolución pacífica de conflictos, propiciando la existencia en cada centro de grupos específicos de apoyo a la convivencia y la mediación.
111. Impulsaremos que en la elaboración y aplicación de estos Planes, participen de forma activa todos los sectores de la comunidad educativa, especialmente el alumnado, cuya implicación resulta indispensable para conseguir los objetivos propuestos.
112. Promoveremos actividades de formación en estrategias y modelos positivos de solución de problemas, gestión de conflictos, o manejo de las discrepancias y diferencias. Estas actividades de formación se dirigirán a todos los sectores de la comunidad educativa con el fin de fortalecer la corresponsabilidad en la mejora de la convivencia en los centros.
113. Impulsaremos la elaboración de protocolos de actuación ante distintos problemas y tipologías de conflictos y potenciaremos la creación de Escuelas de padres y madres colaborando con las Asociaciones de Madres y padres que las impulsen.
114. Promoveremos la cultura del esfuerzo, el respeto, la exigencia y la responsabilidad personal y social y la cultura del trabajo en equipo del profesorado, así como los medios para reconocerlos e incentivarlos.
115. Impulsaremos la educación en valores desde todas las áreas o materias, promoviendo el respeto a los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres y las formas democráticas de convivencia, así como la prevención de todo tipo de violencia, especialmente la dirigida contra las mujeres. Ello ha de impregnar el currículo de todas las etapas.
116. Organizaremos campañas de sensibilización, promoviendo la colaboración de los medios de comunicación, sobre la necesidad de que se implique toda la sociedad en la resolución de los problemas relativos a la convivencia, cuya solución no puede limitarse a actuaciones en el marco escolar.
117. Apoyaremos al profesorado y a los equipos directivos de los centros, reforzando su autoridad social, académica y profesional en el ejercicio de sus funciones. Se establecerá la asistencia jurídica necesaria y adecuada ante las demandas que pudieran derivarse de su actuación profesional.
118. Reforzaremos el papel de los equipos directivos para que puedan adoptar de forma inmediata las medidas necesarias ante los casos de violencia o indisciplina que se produzcan. Estas medidas serán prioritariamente de carácter socioeducativo, además de las medidas punitivas que sean necesarias.
OBJETIVO
11. Profesorado: Reconocimiento profesional y social del docente.
Lograr que el profesorado disponga de más y mejor preparación para hacer frente a las necesidades actuales y futuras de la labor docente, con una buena formación, motivado y que desarrolle su tarea en las condiciones óptimas para lograr la mejor formación de todo su alumnado.
El profesorado es un factor esencial en el logro de los niveles de calidad que se pretenden. Los avances en el sistema educativo necesariamente van asociados a lograr un profesorado competente, motivado y bien considerado socialmente, en condiciones de adaptar su actuación profesional a las necesidades de sus alumnos y a las exigencias cambiantes de su tarea a lo largo de su vida profesional.
Para ello, es necesario incidir en la mejora de los procesos de incorporación de los nuevos docentes, asegurando que su formación inicial y la selección respondan a las altas exigencias de su labor profesional. Se debe tener en cuenta, en este sentido, que la selección en el acceso contribuye, más que ningún otro sistema, a la mejora del estatus profesional del docente y de la percepción social de éste.
Se ha de actuar, asimismo, sobre el contexto en el que se desarrolla la labor docente, lo que está asociado al reconocimiento de su autoridad y a un mayor reconocimiento social, especialmente por parte de las familias, fomentando el respeto y un buen clima de convivencia en las aulas para conseguir que todos los centros sean lugares adecuados para el estudio y el trabajo.
Para mejorar la calidad de la educación en el sector público es necesario un nuevo acuerdo con el profesorado, en el marco del Estatuto Básico de la Función Pública Docente, que promueva el reconocimiento profesional y social de la labor docente, que garantice un sistema de incentivos salariales y profesionales, y un modelo de promoción profesional que contribuya desde la práctica docente a un compromiso eficaz con la calidad de la enseñanza.
Debemos avanzar en un nuevo concepto de carrera profesional docente basado en el estímulo y el reconocimiento de los méritos acreditados, así como en la plena implantación de los procesos de formación inicial y permanente adaptados a las nuevas necesidades.
Para avanzar en la dirección señalada, además de las medidas contempladas en otros apartados, se hacen las siguientes propuestas.
Propuestas 119. Estableceremos, en el ámbito de la mesa sectorial de la enseñanza pública, el marco básico del Estatuto Docente para el profesorado de todo el Estado, respetando la legislación educativa de las distintas Comunidades Autónomas y sus competencias en la materia, y en el que se han de recoger, entre otras, las siguientes cuestiones:
- Una formación inicial de calidad que asegure que todo el profesorado de nueva incorporación tenga las competencias que actualmente necesita el sistema educativo.
- Un sistema de ingreso en la función pública que asegure la selección de los mejores profesionales.
- Una promoción vertical entre cuerpos docentes que resulte realmente eficaz.
- Una promoción profesional horizontal, en el propio puesto de trabajo, con un sistema de incentivos económicos en la línea de los países de nuestro entorno, ligada a la práctica docente, al trabajo en el aula y en el centro y a la formación permanente.
- La posibilidad de la prórroga del vigente sistema de jubilaciones anticipadas recogido en la Disposición transitoria segunda de la LOE, hasta que se regule la edad de jubilación de los distintos colectivos de trabajadores en el marco del Pacto de Toledo.
Se iniciará la negociación del Estatuto antes del 1 de junio de 2010 y se desarrollará durante el año 2010.
120. Estableceremos cauces de diálogo, en el marco de la mesa sectorial de la enseñanza concertada, con las organizaciones de titulares de centros privados concertados y las organizaciones sindicales representativas en ese ámbito, con el fin de lograr y desarrollar los acuerdos necesarios para la mejora de las condiciones en que se desarrolla la labor docente en estos centros. Se convocará la mesa sectorial de la enseñanza concertada antes del 1 de junio de 2010.
121. Promoveremos las oportunas relaciones con los colegios profesionales de los docentes con el fin de garantizar el autocontrol deontológico de la profesión y mejorar el prestigio y la consideración social de la profesión docente.
122. Realizaremos un seguimiento de los nuevos modelos de formación inicial del profesorado de los distintos niveles educativos, para introducir, en colaboración con las universidades, las modificaciones necesarias para su mejora permanente.
123. Mejoraremos los procesos de selección del profesorado, arbitrando mecanismos para atraer a la docencia a las personas mejor preparadas, más aptas y con mejores condiciones para el ejercicio de la docencia, y reforzando las garantías de mérito y capacidad en los procesos de ingreso y movilidad en los cuerpos docentes.
124. Facilitaremos la preparación de los docentes para su adaptación a la nueva realidad de las aulas reforzando la formación permanente. En particular:
- Favorecer modelos de formación en el centro de trabajo dirigidos a formar a los docentes en las mejores prácticas específicas, demostradas en un contexto real, y en metodologías que favorezcan el desarrollo de la innovación y la creatividad, facilitando el aprendizaje compartido, de forma que los profesores puedan aprender de sus colegas.
- Facilitar la adquisición y desarrollo de las competencias docentes necesarias para gestionar el grupo de alumnos y para la atención a la diversidad del alumnado.
- Potenciar la formación inicial en el puesto de trabajo de los maestros y profesores que se incorporen al sistema educativo y su formación permanente a lo largo de su carrera.
- Impulsar la formación del profesorado de formación profesional en las empresas, estableciendo un sistema de incentivos para las empresas y los profesores.
- Establecer planes de colaboración entre el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas para la realización de determinadas acciones de formación permanente que respondan a los ejes prioritarios que se establezcan, y que permitan responder mejor a las nuevas necesidades.
125. Incentivaremos la estabilidad del profesorado en los centros, con el fin de facilitar el desarrollo de los correspondientes proyectos educativos.
126. Apoyaremos y reforzaremos la labor del profesor, promoviendo su reconocimiento y su autoridad moral y profesional en el ejercicio de sus funciones y fomentando el respeto y un buen clima de convivencia en las aulas.
127. Realizaremos campañas para aumentar la consideración social del profesorado, reconociendo y valorando su labor como elemento indispensable en nuestra sociedad.
128. Posibilitaremos la movilidad, temporal o definitiva, de los docentes hacia otras enseñanzas, para aquellos que lo deseen y acrediten, con méritos adecuados, su idoneidad para el puesto que aspiran.
129. Promoveremos la investigación, la reflexión y la mejora continua de los procesos educativos potenciando los equipos tutoriales y fomentando el trabajo en equipo.
130. Impulsaremos un modelo propio y específico del ámbito educativo, para la I+D+i. Se impulsarán mejoras en los modelos de aprendizaje y enseñanza, así como nuevas estrategias pedagógicas y didácticas.
131. Impulsaremos el establecimiento de un marco normativo específico para el profesorado de los centros de Enseñanzas Artísticas Superiores como consecuencia de la integración de estas enseñanzas en el Espacio Europeo de Educación Superior.
OBJETIVO
12. Educación inclusiva, diversidad e interculturalidad:
derecho a la diferencia sin diferencia de derechos.
Asegurar la educación inclusiva, el reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad y procurar los medios y recursos adecuados para que los centros educativos puedan garantizar la plena incorporación, en condiciones de igualdad de oportunidades, de los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo.
La educación es un derecho fundamental del ser humano y, por tanto, debemos ofrecer a los estudiantes de todos los niveles del sistema educativo, una educación inclusiva, intercultural, y plural donde todos los alumnos aprendan a relacionarse, desde el respeto, a convivir con el diferente. Una educación y formación de calidad y para todos.
La educación inclusiva implica que los cambios metodológicos y organizativos que se impulsen para dar respuesta a las necesidades del alumnado con dificultades beneficien a todo el alumnado. Se busca así promover ambientes educativos que estimulen la participación de todo el alumnado, promuevan las relaciones sociales y el éxito escolar de todos los alumnos y alumnas.
Debemos lograr una inclusión educativa eficaz, regida por los principios de atención a la diversidad: de condiciones, orígenes y culturas; garantizando una igualdad efectiva de oportunidades y conciliando la calidad con la equidad en lo que se refiere a los recursos y apoyos necesarios para compensar las desigualdades individuales; en particular, las derivadas de la discapacidad.
Si bien en nuestro país se han realizado avances legislativos importantes en los últimos años en materia de educación, igualdad de oportunidades, no discriminación, y accesibilidad universal, debemos seguir avanzando en la aplicación práctica de estos principios hasta conseguir una verdadera inclusión educativa.
En ese sentido, el Pacto Social y Político por la Educación tiene entre sus objetivos el aseguramiento de la educación inclusiva, el reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad, y el establecimiento de los medios y recursos necesarios para que los centros educativos sostenidos con fondos públicos puedan garantizar la plena incorporación e inclusión, en condiciones de igualdad de oportunidades y no discriminación, de todos los estudiantes, incluidos aquellos con necesidades específicas de apoyo educativo, entre ellas las debidas a discapacidad, garantizando la accesibilidad universal y el diseño para todos en todas las etapas educativas.
Para ello, además de las medidas que ya se han expresado en los diferentes apartados del documento, promoveremos las siguientes propuestas:
132. Detección precoz de las necesidades específicas de apoyo educativo, en particular aquellas asociadas a la discapacidad, para poder iniciar, desde el mismo momento en que dichas necesidades sean identificadas, la atención integral del alumnado, regida por los principios de inclusión, igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y diseño para todos.
133. Asegurar los recursos de apoyo que el alumnado con discapacidad precise a lo largo de todas las etapas educativas, teniendo en cuenta los principios señalados en la propuesta anterior, que le permita el acceso, la permanencia y la promoción dentro del sistema educativo, así como la accesibilidad física, a la comunicación, a los contenidos y materiales de aprendizaje, a las nuevas tecnologías y a las distintas actividades que se realicen con carácter general para todo el alumnado.
134. Promover la coordinación del profesorado que imparte los diferentes niveles, y la adecuada orientación psicopedagógica, con objeto de posibilitar el tránsito del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, derivadas de discapacidad, entre las diferentes etapas educativas para su posterior capacitación profesional e inserción en el mundo laboral.
135. La cualificación y actualización competencial en la formación inicial y en la formación permanente del profesorado y de los responsables de la orientación educativa para conseguir una mejor atención al alumnado con necesidades educativas especiales, así como la formación de la Inspección Educativa en principios de inclusión y diversidad funcional, al igual que todos los agentes implicados en el proceso educativo.
3. PARTICIPACIÓN Y APERTURA DEL PROCESO
Un gran acuerdo como éste debe hacerse con la máxima participación y transparencia. La sociedad española no sólo debe ser la beneficiaria de un gran acuerdo por la educación, sino que tiene que ser protagonista activa, es decir, tiene que estar plenamente implicada.
El Pacto no sólo es político, también es social. Su eficacia depende de que la Comunidad Educativa tenga un papel activo desde el primer momento en la concreción de propuestas para mejorar nuestra educación, y también en la puesta en práctica de las medidas. Y, más allá, también depende de la actitud y disposición del conjunto de las administraciones públicas -muy especialmente de la colaboración de la administración local-, así como de los agentes económicos y sociales, del mundo de la cultura y de los medios de comunicación social.
No se trata de diluir las obligaciones concretas del sistema educativo -de las administraciones competentes, de los centros escolares y sus profesores - en una etérea responsabilidad colectiva, sino de establecer un marco general y de propiciar un clima idóneo para que todos y cada uno de los actores convocados asuman y ejerzan su responsabilidad específica.
Así, las Administraciones Educativas y la Comunidad Educativa a través del acuerdo y la cooperación trabajaremos conjuntamente para:
Propuestas:
136. Facilitar y promover la relación y el trabajo cooperativo de los equipos docentes, las familias, las asociaciones de padres y madres, los agentes sociales y del resto de la comunidad educativa, favoreciendo la labor de las tutorías y la orientación escolar.
137. Promover la normativa necesaria para fomentar los cauces de participación de los padres y madres del alumnado en todos los niveles educativos, así como su asociacionismo. Reforzar la implicación de las familias en el proyecto educativo de cada centro, con el fin de facilitar la autonomía organizativa y pedagógica de los mismos.
138. Revisar la normativa reguladora de los derechos y deberes de los estudiantes y la relativa a su participación y asociacionismo, con el fin de adaptarla a las necesidades actuales.
139. Solicitar de los medios de comunicación social su colaboración e implicación en la educación para garantizar que la difusión de los valores propios de una sociedad democrática y la difusión del conocimiento sean compartidas por todos.
140. Promover la implicación de todas las administraciones públicas en la educación, con especial participación de las Administraciones Locales, para coordinar en su ámbito territorial la actuación de los distintos agentes educativos.
141. Fomentar la coordinación de todos los recursos de la comunidad educativa, junto con los educadores sociales, trabajadores sociales y mediadores culturales, servicios de atención temprana e instituciones relacionadas con el bienestar social, para la mejor atención del alumnado y de sus familias.
142. Promover actividades de formación de las familias para favorecer su compromiso, participación e implicación con la educación, facilitando su conexión con los centros educativos, a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Estas actividades promoverán el compromiso de las familias en la educación de sus hijos, atenderán a una mejor relación con los profesionales del centro educativo, para asegurar la coordinación en las actuaciones que favorezcan el éxito escolar, e impulsarán la participación con el entorno social en el que viven.
143. Establecer los mecanismos necesarios para fomentar la participación activa de los agentes sociales con el fin de conseguir una mayor responsabilidad e implicación de las empresas y el entorno laboral en la preparación del alumnado y en las políticas locales y empresariales dirigidas a favorecer la formación.
4. ESTABILIDAD NORMATIVA
El sistema educativo es uno de los factores más importantes de la vertebración y el progreso de una sociedad avanzada, a la vez que de una sociedad justa y equitativa. La extensión y universalización de la educación en España ha sido una conquista de toda la sociedad en los últimos 30 años, que debemos asentar y confirmar, pues sin ellas nunca se habrían conseguido las cotas alcanzadas.
De cara al futuro, es necesario lograr soluciones dialogadas y, por ello mismo, estables y duraderas.
Se trata de identificar nuestras fortalezas y debilidades y ponernos de acuerdo para trabajar conjuntamente en una serie de ámbitos. La sociedad no demanda más leyes educativas, sino que nos pongamos de acuerdo en la mejor aplicación, y, en su caso, mejora de las ya existentes. Existe todavía un largo camino por recorrer, dentro del marco normativo actual, para impulsar y mejorar el modelo y la cultura educativa. De todo ello se deduce que, si como consecuencia del Pacto se estima que debe realizarse algún cambio normativo, se promoverá y se hará.
Asimismo, se trata de buscar el fortalecimiento y el equilibrio interno del sistema educativo contando con las aportaciones que, tanto el sector público como el de carácter privado sostenido con fondos públicos, deben ofrecer para alcanzar los objetivos de la educación. Aportaciones que deben entenderse en un marco de libertad y compromiso para mantener los niveles de equidad y excelencia que lo deben caracterizar.
Propuestas:
144. Las modificaciones legislativas necesarias para impulsar el cumplimiento de los objetivos educativos de la década 2010-2020, así como las que se puedan derivar del seguimiento y aplicación de las diferentes medidas contempladas en el presente Pacto Social y Político por la Educación, se realizarán buscando el máximo consenso social y político.
145. Intensificaremos la colaboración y cooperación de las Administraciones Educativas con las distintas administraciones públicas y con la comunidad educativa para alcanzar la mayor estabilidad normativa posible, procurando la implicación y corresponsabilidad de todas ellas en dicha tarea.
5.-FINANCIACIÓN. Memoria económica
Las Administraciones Públicas, los agentes sociales y las instituciones privadas asumimos un compromiso para incrementar la inversión en Educación. Ese incremento debe ir acompañado también de la rendición de cuentas y de mejoras en la eficiencia del gasto educativo.
Este compromiso colectivo debe concretarse en que España dedique en el horizonte del año 2015 un porcentaje del Producto Interior Bruto equivalente al de los países europeos.
Propuestas:
146. Dotar al sistema educativo de los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la educación para la década 2010-2020, lo que supone un incremento progresivo del gasto público en educación hasta alcanzar la media de los países de la Unión Europea.
147. Elaboraremos una Memoria económica que contemple los compromisos presupuestarios necesarios para desarrollar las líneas estratégicas que conduzcan a la consecución de los objetivos de la educación para la década 2010-2020. En esta Memoria se establecerá tanto la aportación de la Administración General del Estado como la de las Comunidades Autónomas.
6. SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN
La puesta en marcha de las líneas estratégicas de actuación que nos permitan alcanzar los objetivos educativos de la década 2010-2020 requiere el compromiso y la participación de todos los sectores implicados, en sus diferentes ámbitos de responsabilidad.
Además, requiere la elaboración de indicadores de cumplimiento de cada uno de los objetivos, así como una Addenda anual en la que se concreten las medidas específicas que se van a llevar a cabo en cada año con los compromisos presupuestarios correspondientes. Para ello:
148. Se constituirá una Comisión de Seguimiento, en cada uno de los ámbitos que figuran en los Anexos del presente documento, formada por los firmantes del presente Pacto Social y Político por la Educación.
Posición del Partido Popular en relación al pacto sobre la reforma del modelo educativo
EL PP SE HA TOMADO EN SERIO EL PACTO EDUCATIVO. Ha creído en su oportunidad y ha trabajado intensamente para hacerlo avanzar. Hemos sido transparentes y rigurosos. Todas nuestras propuestas han sido conocidas por el gobierno y por la sociedad española. En el documento Propuestas del PP para un Pacto por la reforma y mejora de la educación en España presentado el pasado 18 de Enero, formulamos detalladamente los enfoques, pilares y objetivos que considerábamos imprescindibles para atender al principal objetivo del pacto:
a. Emprender las reformas que nos permitan combatir con eficacia el fracaso escolar y b. Elevar la calidad de nuestra educación Estos objetivos no se pueden alcanzar con meros retoques del modelo educativo vigente en España desde hace más de veinte años. Se necesita una reforma en profundidad del sistema. Para ello es fundamental el compromiso y la voluntad política de los dos grandes partidos. EL PARTIDO POPULAR HA ASUMIDO ESE COMPROMISO. EL GOBIERNO SOCIALISTA NO.
· El PP ha defendido de modo permanente que el Pacto debería ser ambicioso y con clara vocación reformadora, a partir de un diagnóstico riguroso. En el Pacto que propone el Gobierno no hay nada de ello: ni ambición ni vocación reformadora.
· EL PACTO SE CONVIERTE ASÍ EN EL MEJOR BLINDAJE DEL MODELO EDUCATIVO ACTUAL. EL PP NO PUEDE SER COMPLICE DE PERPETUAR UN MODELO FRACASADO.
· Por eso, lo que ofrece el gobierno NO ES EL PACTO EDUCATIVO QUE NECESITA ESPAÑA. No sirve para resolver los graves problemas de la educación en nuestro país.
· Hemos constatado que lamentablemente el Ministro de Educación, por sus servidumbres políticas y sus hipotecas ideológicas, no está en condiciones de ofrecer un verdadero Pacto de Estado para una mejora substantiva de la educación española. Tendremos desgraciadamente que esperar a mejor ocasión.
· Un pacto no puede ser el programa electoral de ningún partido político.
Sin embargo el 80% de las medidas contenidas en el documento constituyen el programa electoral del PSOE.
· NINGUNA DE LAS PROPUESTAS DE FONDO DEL PARTIDO POPULAR HA SIDO RECOGIDA EN EL DOCUMENTO DEL MINISTERIO.
· El PP ha insistido en la necesidad de que el Pacto de Estado debería resolver algunas cuestiones claves, para nosotros irrenunciables, para fortalecer y desarrollar un sistema educativo vertebrado, de calidad y en libertad, conforme a los postulados constitucionales.
Estas cuestiones no han sido atendidas por el Ministro de Educación y no han sido recogidas en el texto del Pacto de modo mínimamente satisfactorio.
LA PROPUESTA DEL GOBIERNO NO CONTEMPLA, ENTRE OTRAS CUESTIONES:
1. La inaplazable necesidad de impulsar reformas y medidas, de carácter pedagógico y organizativo para combatir eficazmente el fracaso escolar y fomentar la calidad educativa.
2. Garantizar que el castellano, lengua oficial del Estado, sea lengua vehicular en la enseñanza en todo el territorio nacional y en todas las etapas educativas.
3. La necesidad de que exista un sistema educativo vertebrado y cohesionado que establezca la existencia de unas ENSEÑANZAS COMUNES impartidas en los mismos términos en toda España, contrariamente a lo que establece la ley catalana de Educación. El gobierno sabe que los actuales decretos de enseñanzas mínimas no lo garantizan. El documento del gobierno tampoco.
4. La necesidad de adoptar medidas para asegurar la igualdad de oportunidades educativas de todos los jóvenes españoles y evitar una España con distintas velocidades educativas. EL PP DEFIENDE EL MANTENIMIENTO DEL ACTUAL SISTEMA NACIONAL DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO, PRESERVADO LA COMPETENCIA DEL ESTADO EN ESTA MATERIA Y EVITANDO SU PARCELACIÓN. DE ESTA FORMA SE GARANTIZA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS LOS ALUMNOS DE TODA ESPAÑA CON INDEPENDENCIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DONDE VIVAN.
5. La necesidad de ampliar las LIBERTADES EDUCATIVAS. Para el PP el principio de libertad garantizado en la Constitución española no puede estar sometido al arbitrio de cada Comunidad Autónoma y a la programación que esta diseñe. Es fundamental que se tenga en cuenta la demanda de las familias. Los padres en este país tienen el derecho a elegir el tipo de educación y el centro educativo que quieren para sus hijos. En este sentido, el PP defiende la libertad de elección de los padres y el documento del gobierno no.
6. La necesidad de establecer un VERDADERO SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN y rendición de cuentas, implantando medidas verdaderamente eficaces y transparentes para la mejora de los resultados escolares. No es lo mismo una evaluación muestral que una evaluación que afecta a todos los alumnos y a todos los centros.
No es lo mismo que los padres conozcan el nivel educativo del centro al que envían a sus hijos a que no tengan derecho a conocer esa información. Frente a los ineficaces exámenes “tipo encuesta” que pretende perpetuar el Gobierno y que no evalúan los verdaderos conocimientos del alumno, EL PP DEFIENDE UNA EVALUACION DE AMBITO NACIONAL, PARA TODOS LOS ALUMNOS EN 6.º DE PRIMARIA Y 3.º DE SECUNDARIA, QUE PERMITA HACER UN DIAGNOSTICO SERIO RIGUROSO Y TRANSPARENTE DE LA SITUACION DEL SISTEMA EDUCATIVO PARA AYUDAR A LOS ALUMNOS CON DIFICULTADES Y PREMIAR A AQUELLOS QUE OBTENGAN MEJORES CALIFICACIONES.
7. La necesidad de llevar a cabo un fortalecimiento de los centros educativos y una real mejora del modelo de organización y funcionamiento de los centros públicos, con medidas tales, entre otras, como profesionalizar la dirección y potenciar sus atribuciones. EL PP QUIERE PROFESIONALIZAR LA FUNCIÓN DIRECTIVA, alejarla de cualquier politización y con una selección basada en los principios de mérito y capacidad, así como definir un sistema de incentivos y reconocimientos que permita atraer a los mejores a la función directiva y permanecer en ella.
8. La necesidad de acometer una seria reforma en el modelo de selección del profesorado, para estimular el acceso a la función docente de los mejores, así como establecer una atractiva carrera docente, con garantías de movilidad en todo el territorio nacional.
PARA EL PP ES FUNDAMENTAL EL MANTENIMIENTO DE LOS CUERPOS NACIONALES DEL PROFESORADO. No es posible que el Estatuto del docente este supeditado a lo que diga una ley autonómica. EL DOCUMENTO DEL GOBIERNO NO GARANTIZA LOS CUERPOS NACIONALES DEL PROFESORADO, LO QUE IMPLICA DIFERENTES DERECHOS DE LOS PROFESORES DEPENDIENDO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN LA QUE VIVAN.
9. La necesidad de respaldar eficazmente a la función docente, con el reconocimiento al profesor de su condición de autoridad pública y la garantía de un clima escolar que asegure el derecho y el deber del estudio. PARA EL PP ES FUNDAMENTAL EL RECONOCIMIENTO DEL PROFESOR COMO AUTORIDAD PUBLICA. El profesor no es uno más en el aula. Sólo desde el respeto a la autoridad del profesorado se mejorará el clima escolar.
10. La urgente necesidad de elaborar una PLAN EXTRAORDINARO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LOS JÓVENES CON LA FINALIDAD DE COMBATIR EL DRAMÁTICO DESEMPLEO JUVENIL QUE AFECTA YA AL 43% DE LOS MENORES DE 25 AÑOS.
EN RESUMEN, El Pacto Educativo que necesita España habría exigido un diagnóstico claro de la situación de la educación en España, de sus problemas, de sus carencias y de sus causas, así como una orientación clara de las medidas y actuaciones a emprender. EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN HA ELUDIDO LA ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO, lo que ha imposibilitado la existencia de unas líneas de fondo coherentes para alcanzar los objetivos de mejora de la calidad que nuestro sistema educativo reclama.
El Partido Popular no cierra las puertas al Pacto Educativo que necesita España. Manifiesta su voluntad y su compromiso de seguir trabajando para generar un clima de confianza real entre las partes, facilitar posibles avances y llegar a todos los acuerdos sobre cuestiones que redunden en beneficio de nuestra educación, particularmente sobre aquellas que signifiquen un progreso real hacia los irrenunciables objetivos de calidad, de igualdad de oportunidades, de vertebración y de ampliación de las libertades educativas.
