LAS INSTITUCIONES Y EL CASO GARZÓN
De todos los acontecimientos que están teniendo lugar como consecuencia del ejercicio de sus competencias constitucionales por parte del TS en lo que se denomina “caso Garzón” -que no es uno sino tres-, el más criticable y descorazonador para el Estado de Derecho es el comportamiento de los responsables de las principales instituciones del Estado, que han renunciado a desempeñar las atribuciones que los ciudadanos les hemos conferido a cambio de un cómplice silencio o, lo que es peor, de un apoyo más o menos expreso a un ataque a las bases de nuestro sistema jurídico y político.
El CGPJ apenas ha reaccionado (salvo alguna dignísima excepción) ante el brutal acoso, insólito en cualquier país democrático, a que se sigue sometiendo a los magistrados de la Sala Segunda. Ha olvidado que su presidente es también presidente del alto Tribunal y que es el órgano creado por la Constitución para velar y proteger la independencia judicial. Ya sólo le falta incumplir su deber legal de suspender al magistrado contra quien se ha procedido judicialmente con la excusa de que no se trata de una resolución firme -cuando está establecido que los recursos no suspenden la ejecución de lo que de ellos se deriva- para culminar su papelón en esta tragicomedia.
Una conducta aún más reprochable ha sido la adoptada por el fiscal general del Estado, a la sazón magistrado de la vilipendiada Sala Segunda, que ha mirado hacia otro lado en vez de aplicar el artículo 14.2 de la LOPJ, que le exige promover de oficio las acciones pertinentes en defensa de la independencia judicial, y los artículos 1 y 3 de su Estatuto, que le imponen, entre otras cosas, “velar por el respeto de las instituciones constitucionales” y ejercitar las acciones penales procedentes por los delitos de los que tenga conocimiento (en este caso, el de injuria grave a las instituciones).
Y, cómo no, el Gobierno ha aportado su granito de arena a la deslegitimación del Poder Judicial, con varios ministros dudando sobre la rectitud de intención de los magistrados, al tiempo que reivindicaban la labor del juez imputado por prevaricación.
No se pueden obviar las desinformaciones que no han cesado sobre los aspectos técnicos del primero de los procedimientos abiertos contra Garzón: que si Falange es quien acusa (cuando se oculta que esa parte entró tardíamente en el proceso cuando ya existía imputación formal); que si a Garzón se le impidió enjuiciar los fusilamientos del franquismo (cuando no intentó realizar ninguna diligencia de investigación de delitos, sino abrir fosas mientras “mareaba” sobre su competencia); o que si se adoptaron decisiones quizá erróneas, pero no injustas (sin mencionar que cambió varias veces la calificación de los hechos sin motivo, o modificó sin justificación su criterio sobre asuntos similares antes resueltos, o transformó sin causa expresa el procedimiento seguido para eludir el recurso del fiscal).
Los que observamos todas estas deslealtades y desafueros con profunda pena, debemos reclamar a los responsables políticos y judiciales un poco más de altura de miras y un mayor respeto al Derecho y, sobre todo, a la verdad de las cosas. No parece que sea pedir demasiado.
