Insta a la declaración de la nulidad del acuerdo del Consejo de Ministros por considerar que "carece de justificación la utilidad pública de la central de producción eléctrica tanto por sí misma, como por su ponderación del interés público de la concesión minera afectada".
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid también anuló en el mes de marzo, la autorización administrativa y la Declaración de Impacto Ambiental de la central, al estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción en 2006 contra la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de 27 de marzo de 2006, por el que se autorizaba la construcción de la central térmica de gas en ciclo combinado prevista en esta localidad madrileña.
