El informe, que el ministro Francisco Caamaño elevará al Consejo de Ministros del próximo día 16 y que después será trasladado para su análisis y debate a todos los sectores implicados, aborda asuntos como la extensión de la organización colegiada y propone la sustitución progresiva de los juzgados tradicionales por tribunales servidos por varios jueces, lo que permitiría la concentración de los recursos, la racionalización del trabajo y la colegiación de la decisión en asuntos de especial trascendencia. En este sentido, los expertos señalan la posible superación del partido judicial y la creación de tribunales de base o de primer grado. Asimismo, la Comisión propone la atribución de la investigación penal al Ministerio Fiscal, como órgano dotado de una mayor movilidad territorial y capacidad de especialización, y sugiere la potenciación de las salas de lo civil y lo penal de los tribunales superiores de Justicia, reservándose al Supremo a tareas de estricta unificación de doctrina.
Finalmente, los expertos abordan también otros asuntos relacionados con la mejora de la Administración de Justicia como la agilización y simplificación de algunos procesos, la necesidad de implantar procedimientos de solución extrajudicial de conflictos, la depuración de la estadística judicial y la maximización que ofrecen las nuevas tecnologías.
La Comisión de expertos se creó en septiembre del pasado año con el objetivo de realizar un estudio previo que sirva de base para la posible elaboración de una nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial, adaptada a la realidad demográfica y a la configuración actual del sistema de justicia, que sustituya a la actual, que data de 1988 y que, a su vez, se basó en el modelo establecido en el Siglo XIX. Presidida por el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, han formado parte de la misma: Silvia Barona Vilar, José Luís Bueren Roncero, Landelino Lavilla Alsina, Fernando Ledesma Bartret, Augusto Méndez de Lugo y López de Ayala, Victoria Ortega Benito, Herminia Palencia Guerra y Juan Antonio Xiol Ríos.
Durante los más de veinte años de vigencia de la actual Ley, en los que ha sido necesario modificar su texto en catorce ocasiones y se han creado 2.557 nuevas unidades judiciales, la planta judicial se ha duplicado y se han creado órganos judiciales de nuevo cuño que no estaban contemplados en el diseño original. Es el caso, por ejemplo, de los juzgados de lo contencioso-administrativo, de lo mercantil, de menores o de violencia de género.
La opinión generalizada hoy es que el sistema vigente ha agotado todas sus virtualidades. La creación de más de 700 unidades judiciales entre 2001 y 2009 no ha impedido el incremento porcentual anual de la pendencia de asuntos, que en 2008 alcanzó el 15,80% interanual. En términos generales, la tasa de crecimiento anual promedio (2002-2008) de la pendencia (4.95) ha sido el doble de la de creación de nuevos órganos (2.70). El problema no se circunscribe, por tanto, sólo a la dotación de medios sino también a la inadecuación de la organización judicial a los nuevos tiempos, realidades y necesidades sociales.
La Administración de Justicia está, al fin, inmersa en un decisivo proceso de transformación en el que las nuevas tecnologías permiten un funcionamiento más ágil de todos los servicios y determinan modelos más eficientes de organización. El paradigma de unidades aisladas y autosuficientes está siendo ya sustituido por el trabajo en red y la interoperabilidad. La reciente reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial supone un profundo cambio estructural para ajustarse a este nuevo modelo organizativo.
Por todo ello, la comisión de expertos ha optado, de manera unánime, por presentar un informe de conclusiones y recomendaciones que sirvan de guía maestra para la elaboración de la futura Ley, en la que habrán de participar todos los sectores y actores implicados.
Reorganizar demarcación y planta de la Justicia es una cuestión de Estado, por lo que es imprescindible abrir un proceso de debate público y de diálogo constructivo para la formación del mayor consenso posible, que sin duda requerirá la máxima responsabilidad y generosidad por parte de todos.
