Acudirá al Tribunal Constitucional por no contemplar previsiones de gasto del Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria, por el pago en especie de la denominada 'deuda histórica' de Andalucía, y por incluir un nuevo régimen de administraciones de loterías por una vigencia superior al año, que es el ámbito temporal de una ley de Presupuestos.