VERTEBRACIÓN FISCAL DEL ESTADO Y RECESIÓN
Desde el inicio de la Transición política el proceso de deconstrucción del sistema fiscal español ha discurrido paralelamente al de la construcción (¿) del llamado Estado de la Autonomías. La unificación fiscal española fue el resultado de un tenaz esfuerzo político y técnico llevado a cabo a lo largo de un dilatado periodo de tiempo, cuyo origen cabe datar en 1714, con los decretos de Nueva Planta que iniciaron la aproximación institucional en materia hacendística de las Coronas de Castilla y Aragón.
El restablecimiento de los regímenes tributarios especiales (forales) en el País Vasco y Navarra, así como el posterior reconocimiento de capacidad normativa propia a las comunidades autónomas de régimen común en relación con determinados impuestos estatales, ha dado al traste con la unidad fiscal española ocasionando importantes distorsiones fiscales interterritoriales que afectan a la eficiencia del conjunto de la economía nacional y lesionan gravemente, cuando menos, a los principios tributarios constitucionales de generalidad, capacidad económica e igualdad-equidad.
La quiebra de la unidad de mercado y el fraccionamiento de la autoridad fiscal que esto ha supuesto dificultan -cuando no hacen imposible-, por otra parte, la instrumentación de una política económica eficaz contra el ciclo económico, como está poniéndose de manifiesto en la actual recesión.
Cualquier intento de vertebración fiscal del Estado ha de partir del reconocimiento de la realidad que acabo de señalar, así como de una revisión a fondo del mapa de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, causa fundamental de la ineficiencia de nuestro sector público, de su excesivo volumen de gasto y del fraccionamiento del sistema tributario. Tenemos tres niveles de Hacienda en correspondencia con los tres niveles en los cuales se estratifica la administración pública: el estatal (en franco repliegue), el autonómico (en desmedida e incontrolada expansión)y el local propiamente dicho. Baste con señalar que éstos dos últimos protagonizan el 80% del gasto público total. Las competencias atribuidas a cada uno de estos tres niveles de la administración española (producto más del fraccionamiento de la soberanía política que de la simple descentralización administrativa) no se corresponden con el modelo de descentralización financiera óptima generalmente aceptado por la doctrina científica.
El esquema de deslinde competencial entre el Estado y las comunidades autónomas previsto inicialmente en los artículos 148 y 149 CE es bastante razonable y, por tanto, asumible. Sin embargo, la aplicación abusiva de lo previsto en el artículo 150.2 CE, referente a la posibilidad de transferir a las comunidades autónomas facultades de titularidad estatal, junto con los medios financieros necesarios para desempeñarlas, está traduciéndose en un vaciado de la Administración General del Estado, convirtiéndola en una administración puramente residual y mermada en sus posibilidades para protagonizar una política económica cifrada en el interés común de los españoles.
En suma, y a mi juicio, la vertebración fiscal del Estado español pasa necesariamente por un replanteamiento del Estado de las Autonomías tal como se ha desplegado a raíz de la Transición, reasumiendo la administración del Estado las competencias que le corresponden de acuerdo con los postulados de la teoría de la descentralización financiera óptima y las previsiones iniciales de la vigente Constitución. Ello permitiría reducir y racionalizar el gasto público, así como armonizar el cuadro tributario de acuerdo con los principios constitucionales y de la buena doctrina económico-financiera.
No se oculta que para ello es rigurosamente imprescindible el acuerdo político entre los dos partidos de implantación nacional, PP y PSOE, al objeto de que puedan emanciparse de la servidumbre que les imponen las minorías nacionalistas al amparo de la vigente Ley Electoral, cuya reforma resulta igualmente perentoria. Conviene recordar lo que escribió un autor anónimo español de nuestro siglo XVIII: “los Estados viven por su Hacienda, pero también mueren por ella”.
