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  • EDICIÓN DE 10/03/2010
 
 

Por la independencia judicial; por Fernando de la Rosa Torner, Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial

10/03/2010
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El día 9 de marzo de 2010 se publicó en el diario La Razón un artículo de Fernando de la Rosa Torner, en el cual el autor solicita que dejemos trabajar a nuestros jueces y no tratemos de influir sobre sus decisiones. Trascribimos íntegramente dicho artículo.

POR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

Si por algo se diferencia un Estado de Derecho de cualquier otra forma de gobierno, es por el hecho de que su Poder Judicial debe ser verdaderamente independiente. Para garantizar esta independencia, se deben articular cuantos mecanismos resulten necesarios. Así, por un lado se deben regular aquellos aspectos que se refieran al estatuto del juez, entendido como conjunto de derechos y obligaciones que le afectan en el ejercicio de la función jurisdiccional (incompatibilidades y prohibiciones, inamovilidad…); y por otro, se debe dotar a la propia arquitectura del Estado de mecanismos que garanticen que otros poderes públicos no puedan influir sobre un juez cuando toma una decisión en el ejercicio de sus funciones. La excesiva judicialización de la vida cotidiana y su constante plasmación en los medios de comunicación, no debe suponer en ningún caso un nuevo elemento que venga a socavar la independencia judicial. Si bien la libertad de expresión es otro de los pilares fundamentales del sistema democrático, ésta debe ser ejercida de la forma más razonable posible y con mesura, de manera que los jueces no se sientan perturbados en su fuero interno a la hora de tomar cualquier decisión sobre los asuntos que se someten a su consideración.

El ejercicio de la función jurisdiccional en España es totalmente vocacional. Cuando una persona se plantea prepararse la oposición a judicatura es porque en lo más profundo de su corazón siente la justicia como su razón de ser y decide dedicar su vida entera a ella. Por ello, estoy seguro de la imparcialidad e independencia, no ya de los miembros del Tribunal Supremo, sino de todos los integrantes de la Carrera Judicial. Nadie está por encima de la Ley, siendo los jueces españoles sus más firmes defensores. Su actuación se rige únicamente por el sacrosanto principio de legalidad, por ello no se les puede poner etiquetas, calificándoles como progresistas o conservadores.

Dejemos trabajar a nuestros jueces y no tratemos de influir sobre sus decisiones y si en ocasiones yerran, pues humanos son, ejercitemos contra sus decisiones los recursos que nuestras leyes establecen.

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