Para conseguirlo, el futuro texto legal actuará esencialmente en dos direcciones. En primer lugar, mejora las garantías que puede prestar la Administración a los que resulten titulares de sus concesiones o contratos públicos. En este sentido, una de las principales novedades del Proyecto de Ley es la extensión de la posibilidad de obtener avales públicos a cualquier fórmula de endeudamiento con la que las empresas privadas quieran financiar una obra pública. Hasta ahora, esta disponibilidad estaba limitada únicamente a las emisiones de obligaciones. De este modo, se pretende facilitar a los adjudicatarios de contratos públicos la obtención de fondos en los mercados de capitales.
Con la misma intención de facilitar el acceso a la financiación, se crea un régimen de silencio positivo en relación con la autorización administrativa que debe obtenerse para titulizar créditos o hipotecar la concesión. Además, la nueva norma eliminará obstáculos para la amortización anticipada de los créditos participativos.
Fortalecimiento del compromiso de los adjudicatarios
El segundo eje del Proyecto de Ley aprobado hoy es el fortalecimiento del compromiso de las empresas adjudicatarias con el contrato público o concesión obtenidos. En esta línea, se establecen nuevos requisitos de solvencia para las empresas que concurran a concursos públicos con el fin de conseguir una mayor implicación de éstas en la financiación de la obra con cargo a sus recursos propios y de proporcionar una mayor seguridad tanto a la Administración como a los acreedores de la sociedad adjudicataria. Así, se exigirá al adjudicatario que su volumen de recursos propios alcance, al menos, el 10 por 100 de las inversiones asociadas a la obra concedida. Del mismo modo, se limitará al 90 por 100 de la inversión total prevista el importe de la deuda susceptible de titulizarse o hipotecarse.
La aprobación de este Proyecto de Ley da cumplimiento a la previsión recogida en la Ley de Contratos del Sector Público, del 30 de octubre de 2007, en relación a regular la financiación privada de los concesionarios de obra pública.
