La sentencia condena a la Delegación de Gobierno de Madrid a anular la orden de expulsión y adoptar "cuantas medidas sean necesarias" para que vuelva a España, al entender que no se respetaron los preceptos legales y no fue devuelto con garantías. Es la primera vez que un juez obliga a la Administración a retornar a un menor extranjero ya expulsado.