El convenio prevé la incorporación al mismo de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia, que así lo estimen oportuno.
Su primera actuación será definir un catálogo de servicios a prestar e identificar todos los sistemas informáticos actualmente en funcionamiento, para establecer un sistema operativo que permita la interoperatividad con todas las garantías y seguridad.
