Considera que el Real Decreto 1162/2009 vulnera el artículo 149 de la Constitución, que señala que "al Estado le corresponde la competencia exclusiva en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo".
Asimismo argumenta la "vulneración de la jerarquía normativa" en que, a su juicio, ha incurrido el Gobierno al modificar con ese Decreto el Reglamento de la Ley de Extranjería, sin que esté aprobada la reforma de dicha ley.
