Asimismo, el ministro de Justicia ha inaugurado, junto a su homólogo marroquí, la presentación de la red marroquí de Cooperación Jurídica Internacional, dentro del proyecto ADL de “Fortalecimiento y Modernización de la Administración de Justicia de Marruecos”, financiado por España.
En el marco de este proyecto, también se ha instalado un sistema de videoconferencia en la Corte de Apelación de Rabat, que permitirá la interconexión con la Audiencia Nacional española, y una exposición sobre menores vulnerables destinada principalmente a operadores judiciales.
Convenio de Asistencia Jurídica
El nuevo convenio sustituye al firmado entre ambos países el 30 de mayo de 1997 y en él se incluye ahora, entre otras novedades, la excepción de los delitos de terrorismo al hablar de delitos políticos.
Recoge también la posibilidad de que la autoridad interesada indique las formalidades y procedimientos que han de seguirse en el cumplimiento de lo solicitado en el marco de la asistencia judicial, para que dichas indicaciones (también plazos, procesales o de cualquier otro tipo) sean respetadas por la parte requerida en la medida en que no vulneren los principios fundamentales de su Derecho.
El convenio otorga carta de naturaleza a una práctica que venía realizándose entre ambos países, al amparo de la voluntad mutua de cooperación, pero que no estaba contemplada en el anterior tratado, como es la autorización para que la autoridad interesada pueda desplazarse al estado requerido para estar presente en la ejecución de la solicitud, e incluso participar en el interrogatorio, junto con las autoridades del Estado, o formular in situ diligencias complementarias.
También incorpora la posibilidad del traslado temporal de personas detenidas (incluidos sospechosos o imputados) para la práctica de diligencias de instrucción en una investigación abierta (figura diferente a la de la extradición, pues ésta tiene por objeto el enjuiciamiento o ejecución de una condena). Asimismo, contempla formas de asistencia antes no contempladas como las entregas vigiladas, en relación con delitos que puedan dar lugar a la extradición; solicitud de información bancaria, registro y congelación de haberes, entre otras.
Convenio de Extradición
Este nuevo convenio también supone una ampliación del firmado entre España y Marruecos el 30 de mayo de 1997, y en él se recoge ahora la pena de muerte y la cadena perpetua, como motivos obligatorios de denegación de extradición en caso de que el Estado requirente no aporte garantías suficientes de que ambas penas no se ejecutarán. El tratado ahora firmado regula también el procedimiento abreviado de extradición para el caso en que la persona reclamada consienta a ser extraditada y contempla expresamente la entrega temporal con un plazo de permanencia en el Estado interesado.
Red Marroquí de Cooperación Jurídica Internacional
Esta red, a cuyo lanzamiento ha asistido el ministro de Justicia junto a su homólogo marroquí, es el resultado del trabajo de varios equipos hispano-marroquíes de jueces y fiscales Está formada por un grupo de 50 jueces y fiscales expertos en cooperación jurídica internacional con la misión de facilitar, mejorar y fomentar esa cooperación solicitada y prestada por Marruecos, mediante el asesoramiento activo y apoyo a las autoridades judiciales implicadas. Para su creación ha tomado como modelo las ya existentes en Europa e Iberoamérica y se ha apoyado fundamentalmente en la Red Judicial Española. Se trata de la primera experiencia de estas características puesta en marcha en un país árabe y tiene como horizonte la creación de una red de países árabes, que vendría a articularse con las ya existentes en Europa.
La red ahora puesta en marcha forma parte del proyecto de cooperación bilateral ADL de “Fortalecimiento y Modernización de la Administración de Justicia de Marruecos”, financiado por España, principalmente por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Sus objetivos consisten en el perfeccionamiento de los sistemas de cooperación jurídica internacional, especialmente mediante la creación de esta red, y la mejora de la asistencia jurídica a los colectivos más desfavorecidos, facilitando el acceso a la Justicia de personas sin recursos y mejorando la protección y atención a las mujeres maltratadas, a los menores en situación vulnerable y a las personas privadas de libertad.
