El convenio firmado supone una aportación del Gobierno de España a la comunidad autónoma de ocho millones de euros destinados a financiar varias actuaciones en infraestructuras en el periodo 2009-2010. En concreto, se trata del nuevo Instituto de Medicina Legal de Asturias (4 millones de euros), infraestructuras en tecnologías de la información (3 millones de euros) y la nueva sede judicial de Villaviciosa (1 millón de euros).
De esta forma, esta cifra, sumada a las aportaciones por los medios materiales transferidos en 2006 y los de personal que se harán efectivos el 1 de enero de 2009, eleva la transferencia de Justicia a los 57.235.293 de euros.
Fernández Bermejo subrayo “el talante” con el que se ha llevado a cabo la negociación, que ha permitido culminar un proceso iniciado hace seis años y que ha convertido al Principado de Asturias en la undécima comunidad autónoma en adquirir las competencias en materia de Justicia.
No obstante, insistió e que “el Gobierno de España no se va del Principado” y anunció la creación de una Comisión de Seguimiento, del convenio firmado hoy, de cara a garantizar que “cumple todos sus pasos” hasta la llegada del periodo 2009-2010.
Por su parte, Álvarez Areces expresó su agradecimiento por el refuerzo de esta inversión, y añade ocho millones de euros al coste efectivo del traspaso. Destacó además “el cierre amistoso” del proceso, muestra del “espíritu de entendimiento” entre ambas administraciones.
Comisión Mixta de Transferencias
El acuerdo complementario rubricado hoy fue aprobado por la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma celebrada el pasado 20 de noviembre, en la que se cerró el traspaso al Principado de Asturias de los medios personales al servicio de la Administración de Justicia.
Según el acuerdo firmado, las inversiones y actuaciones financiadas a través de este convenio serán dirigidas, gestionadas y ejecutadas por el Principado de Asturias, con excepción del proyecto de ejecución del Instituto de Medicina Legal de Oviedo, que ya fue elaborado por el Ministerio de Justicia.
