Este incremento es el resultado de la comparación entre los 1.473,71 millones de euros que integraban el presupuesto inicial homogeneizado correspondiente a 2008 (es decir, la previsión inicial de ese año descontando la cantidad destinada al traspaso de competencias de Justicia a Aragón) con el presupuesto inicial de 2009, que es de 1.619,10 millones.
Fernández Bermejo anunció que el área prioritaria de gasto para 2009 tiene como fin conseguir un servicio público de calidad, transparente, responsable y ágil. En este sentido, la modernización de la Administración de Justicia es el objetivo primordial en la legislatura. Para conseguirlo, añadió, se trabajará en la racionalización y mejor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles, así como en la plena incorporación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia y los Registros Civiles.
Asimismo, se abordará la revisión de la planta y demarcación judicial de cara a conseguir un mapa que se adapte mejor a las necesidades socio-demográficas, además de la modernización de los registros de apoyo a la actividad judicial.
Entre las principales actividades objeto de financiación destaca la importante inyección en nuevas tecnologías y servicios electrónicos a disposición de los ciudadanos, que roza los 65 millones de euros.
Este montante se distribuirá entre el Plan de nuevas tecnologías de la Justicia, el Plan de modernización de los Registros Civiles, el impulso de la administración electrónica al servicio del ciudadano y la integración y creación de nuevos registros de apoyo a la actividad judicial.
El capítulo al que se destina la mayor parte de los presupuestos es el que corresponde a los gastos de personal (sube un 9,92 por ciento), al que se destinan 1.279 millones de euros, 115 millones más que en 2008. Esta partida va destinada a cubrir el incremento de efectivos y las retribuciones de los jueces, fiscales, secretarios judiciales. Además, incluyen los sueldos de los funcionarios de las Comunidades Autónomas que no tienen transferidos los medios personales y materiales en materia de Justicia.
Dentro de esta partida existe un desglose de 60,34 millones de euros destinados específicamente a la mejora de condiciones laborales y despliegue de nuevos efectivos para la implantación de la nueva Oficina Judicial, así como la adecuación de los gastos retributivos, cuotas y prestaciones sociales del personal al servicio de la administración de justicia.
Mención especial merece el incremento en la partida destinada al Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), que recibe 18 millones de euros, 3 millones más que el año pasado, lo que representa un significativo incremento del 21,41 por ciento. El presupuesto del CEJ se reparte entre programas de formación inicial (con 1.724 aspirantes), formación continuada (con 140 cursos), formación complementaria (1.600 participantes) y las becas para la preparación de oposiciones de jueces, fiscales, abogados del Estado, secretarios judiciales, médicos forenses y facultativos (en total 271 beneficiarios).
No menos importante es la partida destinada a potenciar los gastos de infraestructuras, que asciende a 63,49 millones, y se centrará en la construcción, rehabilitación y equipamiento de edificios judiciales, registros civiles y servicios comunes.
Se incluyen dentro de este apartado las obras del edificio de la calle Bolsa de Madrid, que albergarán la sede del Registro Civil Central, y gracias al cual se evitarán esperas innecesarias y redundará en una mayor comodidad para los ciudadanos.
Otro aspecto fundamental que continúa presente en los presupuestos de Justicia es la continuación del esfuerzo inversor por parte del Ministerio para configurar un mapa judicial y fiscal que responda a la realidad social y demográfica. Si en los últimos 4 años se crearon 1.100 nuevas plazas de jueces y fiscales, este ejercicio destina 22,20 millones de euros para la creación de 150 nuevas plazas de unidades judiciales y 75 de fiscales.
Dentro de este capítulo hay que hacer hincapié en los 5,72 millones destinados al desarrollo de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que refuerza su autonomía y moderniza la estructura de este órgano.
La lucha contra la lacra social de la violencia de género tiene un apartado específico de 45,52 millones de euros. En este sentido, el esfuerzo del Gobierno se ha traducido en la creación -hasta la fecha- de 92 juzgados exclusivos de violencia de género.
Otras actividades objeto de financiación en los presupuestos de Justicia para 2009 son los servicios de asistencia jurídica gratuita (30,90 millones), la integración social y cultural de las minorías religiosas (5 millones) y la ampliación de medios en el servicio jurídico del Estado (2,10 millones).
La Agencia Española de Protección de Datos experimenta un incremento superior al 33 por ciento respecto al presupuesto de 2008, ya que manejará 15,32 millones de euros, que destinará a la creación de la Oficina Virtual de Atención al Ciudadano, la creación de la Oficina de Certificación de Firma Electrónica, la divulgación del derecho de protección de datos, el reforzamiento de la tutela de este derecho y la mejora de sistemas de información y comunicación.
Finalmente, la Mutualidad General Judicial -organismo adscrito al Ministerio- reciben una partida de 103,82 millones para 2009, para responder al incremento del número de mutualistas y beneficiarios (5.400) y a incrementar la protección asistencial y preventiva.
