Para la distribución de este crédito, establecido en los Presupuestos Generales del Estado, se han creado unos módulos específicos basados en la población de derecho de cada localidad.
En el caso de las agrupaciones de secretarías de juzgados de paz, cada uno de sus municipios integrantes percibirán el 50 por ciento de la cantidad que les corresponda por su población de derecho, mientras que la mitad restante incrementará la cantidad que le correspondiera a los ayuntamientos que sean sede de las citadas agrupaciones.
Este acuerdo será de aplicación en los ayuntamientos de las Comunidades Autónomas del llamado territorio Ministerio. A las CCAA que ya tienen traspasadas competencias sobre medios materiales y económicos en Administración de Justicia (Cataluña, País Vasco, Galicia, Valencia, Canarias, Andalucía, Navarra, Madrid, Asturias, Cantabria y Aragón), no les afectan estas medidas.
El contenido de este acuerdo ha sido informado favorablemente por la Federación Española de Municipios y Provincias, así como por la Dirección General de Cooperación Local, del Ministerio de Administraciones Públicas.
