Dicha decisión fue adoptada por unanimidad tras una breve deliberación sólo dos días después de que el alto tribunal acordara también la ilegalización de ANV.
En las alegaciones finales de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que tuvieron lugar los días 4 y 7 de agosto, respectivamente, se defendió que las dos formaciones habían desarrollado una estrategia global de colaboración con la ya ilegalizada Batasuna, que incluye el apoyo a la violencia de ETA y la utilización de ambas por la banda armada.