Así lo ha asegurado esta mañana el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo durante la presentación de la Memoria Anual de la Abogacía General del Estado 2007, a la que también han asistido el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, y el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají.
En esta memoria se destaca el esfuerzo especial de la Abogacía General del Estado en 2007, para adaptar su estructura, funciones y asistencia jurídica al modelo de organización territorial, a través de la creación de la figura del Abogado del Estado Jefe en las CCAA.
La reforma operada en el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado por la que se creó esta figura entró en vigor el pasado año y permitió aportar más eficacia y solvencia a la organización territorial de este servicio. Con ello se ha promovido la aplicación de criterios unitarios de importante envergadura y relevancia que son resueltos en el ámbito autonómico.
Otro eje fundamental de su actividad fue la consolidación de la modernización de su servicio a través de la digitalización de los expedientes correspondientes a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en la que se dirimen la inmensa mayoría de los litigios gestionados por la AdE. Además, se avanzó sustancialmente en los procesos de informatización de sus registros y archivos, en línea con el impulso modernizador que la Administración de Justicia asume como línea prioritaria de trabajo en esta legislatura.
Función Contenciosa
Es una de las áreas que acumulan mayor volumen de trabajo para la AdE. De hecho, los órdenes contencioso-administrativo y penal ventilan los intereses públicos de mayor calado y trascendencia, no sólo económica, sino también política y social, a menudo con gran resonancia mediática.
La cifra total de pleitos nuevos en los que intervino el Servicio Jurídico del Estado en 2007 fue de cerca de 126.000, con un 80 por ciento de resoluciones favorables. La masa litigiosa total que gestionó, es decir, los pleitos vivos, alcanzaron los 293.000, con una cuantía comprometida de más de 12.000 millones de euros. Por último, los pleitos finalizados en el año 2007 fueron 203.422, en total, 4.669 más que el año 2006.
El orden contencioso-administrativo arrojó, con gran diferencia, la cifra más alta, con 85000 litigios, siendo además el ámbito en el que económicamente se gestionan mayores cifras litigiosas. A continuación, el orden social y el civil, con 15.000 litigios cada uno de ellos; el penal con 10.000 pleitos, y el conjunto de jurisdicciones militar, comunitaria, constitucional, Tribunal de Cuentas, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y procesos ante Tribunales de Estados extranjeros, que completaron la cifra con los 4.000 pleitos restantes.
En términos generales, la actuación de la AdE ante el Tribunal Supremo arroja un resultado de 5876 nuevos pleitos en 2007 distribuidos entre las cinco Salas. (5017 de los cuales pertenecen a la Sala 3.ª de lo contencioso-administrativo, seguidos de los 599 de la Sala 4.ª de lo Social, los 113 de la Sala 5.ª de lo Militar, los 84 de la Sala 1.ª de lo Civil, los 56 de la Sala 2.ª de lo Penal y los 7 de la Sala Especial). El total de litigios terminados en 2007 alcanzó la cifra de 9880.
Por órdenes jurisdiccionales, los casos más destacados en 2007 fueron:
- Contencioso-administrativo: Impugnación de decretos en CCAA sobre el desarrollo de la asignatura Educación para la Ciudadanía; recursos promovidos por la Junta de Andalucía contra empresas tabaqueras; obras del AVE a su paso por la Sagrada Familia (Barcelona); derrumbamiento del barrio del Carmelo en Barcelona; recursos contra el nombramiento de cargos judiciales (magistrados del TS, presidentes de TSJ, presidente de la Sala de lo Penal de la AN); devolución del patrimonio sindical histórico a los sindicatos UGT, CNT y ELA); recursos contra los acuerdos municipales relativos al uso de la bandera de España; ayudas a presos de ETA y autorización para intervenir en plenos por parte de quienes pertenecen a partidos ilegales.
- Penal: En este contexto, destaca por su relevancia económica la actuación de la AdE en defensa de los intereses de la Hacienda Pública en materia de delito fiscal (Grupo Recoletos, Caso Banesto, Caso Forum Filatélico y Afinsa) así como otras causas penales de suma importancia como el 11-M, el caso ácido bórico, el hundimiento del buque Prestige, la operación “Puerto” contra el dopaje de ciclistas y numerosos procedimientos penales relativos a la denominada violencia de género, como representante de la Delegación especial del Gobierno contra la Violencia sobre la mujer.
- Civil: Este ámbito engloba la litigiosidad patrimonial del Estado; la reclamación de cantidades adeudadas a los entes públicos a los que la AdE defiende; la reclamación contra la empresa ABS reclamando 2000 millones de dólares por el siniestro del buque Prestige; la reivindicación por el Estado de las lagunas de Ruidera; la reivindicación de la Lonja del Mar en Barcelona; el legado del Marqués de Cerralbo a favor del Estado; aspectos del derecho de familia como la reclamación de alimentos y la sustracción de menores; obligaciones y contratos (demandas promovidas por la Abogacía del Estado en nombre de sociedades, organismos o entidades estatales que actúan en el tráfico jurídico-privado) y los procesos civiles en defensa de las resoluciones expresas o presuntas de la Dirección General de los Registros y el Notariado (principalmente sobre calificaciones registrales).
Otro importante grupo de procesos civiles lo componen tanto las ejecuciones hipotecarias promovidas a instancia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con motivo de los préstamos concedidos en su día a numerosas cooperativas de trabajo, como los procesos ejecutivos iniciados a instancia del ICO para la devolución de los préstamos concedidos a diversas empresas con motivo del siniestro del Prestige.
- Social: Dos novedades de alcance general marcaron este ámbito en 2007. La primera, la firma de un nuevo Convenio de Asistencia Jurídica con la corporación RTVE, lo que supuso para la AdE coordinar los más de 500 pleitos que cada año se interponen contra RTVE y sus sociedades en el orden jurisdiccional social. Además, la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público, ha motivado numerosos conflictos colectivos en diversas materias (planes de igualdad, días por paternidad, vacaciones, etc…)
En 2007 se registró un gran aumento de la litigiosidad en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (el sector público ganó el 100% de los pleitos en los que intervino) y un crecimiento notable de los recursos de casación para la unificación de la doctrina ante el Tribunal Supremo.
Sala del art. 61 de la LOPJ. Por su especialidad y relevancia política y mediática, cabe destacar que ante esta sala, la AdE ha defendido los intereses del Estado en la tramitación del proceso de ilegalización de Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok; en la anulación de la proclamación de las candidaturas del partido “Acción Nacionalista Vasca”, sucesoras de Batasuna en las elecciones municipales y autonómicas de 2007; y en las incidencias relativas a la liquidación de las llamadas Herriko Tabernas.
Tribunal Constitucional. La Abogacía del Estado gestiona un abultado volumen de conflictividad de índole competencial (Estado y CCAA) ante el TC, además de recursos de inconstitucionalidad o amparo de gran resonancia mediática y consecuencias políticas. Durante 2007 la AdE intervino en 24 recursos de inconstitucionalidad, 90 cuestiones de inconstitucionalidad; 13 conflictos positivos de competencia y 93 recursos de amparo. Destacan por su importancia y trascendencia: el Recurso de inconstitucionalidad (RI) promovido por el Gobierno de Extremadura contra determinados preceptos del Estatuto de Andalucía; el RI promovido por el grupo parlamentario popular contra la LO de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres; el promovido por el Grupo Popular contra determinados artículos de la Ley del Suelo; y el RI interpuesto a instancias de Grupo Popular contra la LO 6/2007, por la que se reforma la LOTC.
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Pueden mencionarse como actuaciones más relevantes: La defensa en la cuestión prejudicial formulada por el TS español en relación con la conformidad con las normas sobre competencia de TRAGSA; Declaración referente a que la normativa fiscal alemana sobre dividendos societarios es contraria al Derecho Comunitario; Ayudas de Estado a la empresa Sniace; Validez de la orden de detención europea (OEDE); Declaración relativa a que España no vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de personas condenadas por delitos de terrorismo.
En el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se presentaron 309 demandas contra España, de las que sólo 5 sentencias constatan la violación del Convenio.
Función Consultiva
Es la segunda gran faceta de la asistencia jurídica de la AdE, situada en la fase anterior a la controversia y, en muchas ocasiones, responsable de evitar el litigio. El asesoramiento jurídico a la Administración General del Estado y a sus organismos y entidades fue una de las tareas más intensas en 2007 para la AdE, traducido en términos cuantitativos a la realización de más 250.000 actividades consultivas. Esta función se desarrolla tanto por el propio Centro Directivo de la AdE como por las Abogacías del Estado destacadas ante cada uno de los departamentos ministeriales y ante la Administración periférica (Comunidades Autónomas y Provincias).
Entre los casos más transcendentes de 2007 destacan, entre otros muchos: las consultas derivadas de la aplicación de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo; Propiedad de un pecio y su cargamento, perteneciente a un buque de la Armada española extraído por la empresa Odyssey; responsabilidad de la Administración del Estado por los daños causados por la inadecuada conservación de los bienes del patrimonio histórico; validez de las pólizas de seguro que prevén una prestación indemnizatoria al conductor sancionado con la pérdida de puntos del permiso de conducción.
Además de esta demanda de asistencia jurídica legal (Administración del Estado y Organismos autónomos), existe una segunda demanda de asistencia jurídica a la AdE, que abarca todo el sector público estatal, incluyendo sociedades estatales y fundaciones con participación estatal, además de CCAA y Corporaciones locales.
En 2007, la AdE contaba con 139 Convenios de asesoramiento y asistencia jurídica, lo que supone no sólo un gran ahorro para el Estado respecto a la alternativa de contratar bufetes privados sino también una apuesta importante por la asistencia integral al sector público y por la unidad de doctrina en el mismo.
En los Convenios se determina la compensación económica a abonar al Tesoro Público. Así, en 2007, en contraprestación por la asistencia jurídica prestada en virtud de los convenios firmados, este ingresó 6.982.089,43 euros.
De todos los asuntos gestionados por la AdE en virtud de Convenios, 11.130 fueron consultivos y 15372 contenciosos, los cuales, aplicando el baremo del Colegio de Abogados de Madrid, hubieran alcanzado un coste mínimo de 16.115.179 euros, lo que supone un ahorro para el sector público estatal de unos 10 millones de euros.
El número de asuntos asistidos en virtud de Convenios firmados crece exponencialmente año a año. Así, en relación con 2006, los asuntos consultivos de 2007 (11.130) aumentaron un 23,75 % y los asuntos contenciosos (15372) un 104,10%.
Ámbito Autonómico
La Memoria 2007 pone de manifiesto la labor extraordinaria realizada por las Abogacías del Estado en la Administración periférica (radicadas en las CCAA y en las provincias), no sólo por el volumen de trabajo que asumen sino principalmente por la magnitud de los temas que abordan, de gran relevancia económica, política y mediática.
El Servicio Jurídico del Estado mantiene en este ámbito, por tradición, una estructura provincial, bajo la superior dirección centralizada de la AdE, que responde a la estructura administrativa del Estado y a la Planta Judicial de nuestro país.
Sin embargo, la influencia del hecho autonómico en la asistencia jurídica ha propiciado la entrada en vigor en 2007 de una reforma en el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado por la cual se crea la figura del Abogado del Estado-Jefe en la Comunidad Autónoma. Este hecho ha permitido, entre otros avances, la aplicación de criterios unitarios de interpretación y actuación en todo el territorio nacional, vertebrados a través de las CCAA, en cumplimiento de una estrategia de unificación de la doctrina que, de otro modo, no existiría.
La reforma en cuestión responde además a la necesidad de adaptar la estructura, funciones y asistencia jurídica prestada por la AdE a la organización territorial del Estado, de acuerdo con la importancia que tiene el hecho autonómico en el ejercicio de las competencias del Estado.
Las funciones principales del Abogado del Estado-Jefe en la CCAA son:
- Unificar criterios de interpretación y actuación en todas las CCAA
- Coordinar la asistencia jurídica de las Abogacías del Estado en las distintas provincias y apoyar su actividad
- Dirigir los asuntos de trascendencia supraprovincial
- Asesorar de manera especial a la Delegación del Gobierno
La memoria de la AdE 2007 detalla las actuaciones relevantes sustanciadas por las Abogacías del Estado en la Administración Periférica del Estado durante el pasado año, Comunidad por Comunidad (ver páginas 123 a 198 de la Memoria).
Como datos significativos del ingente volumen de trabajo que las Abogacías del Estado en la Administración Periférica realizaron en 2007, hay que señalar que, en las 52 provincias españolas elaboraron un total de 147.592 actividades consultivas (Resoluciones, dictámenes, asistencias, etc…), e intervinieron en 168.277 pleitos terminados el pasado año, de los cuales ganaron 134.703. Ese porcentaje supuso más de un 80 % de éxito.
Efectivos de la AdE
Toda la labor desarrollada por la AdE la llevan a cabo 109 abogados del Estado y 92 personas de apoyo en los Servicios Centrales (que comprenden 7 Subdirecciones Generales); 146 abogados del Estado y 239 personas de apoyo en los Servicios Periféricos; 50 abogados del Estado y 54 personas de personal de apoyo en Departamentos Ministeriales y 27 abogados del Estado en la Agencia Tributaria. En total, 332 abogados del Estado y 385 personas de apoyo.
