Este servicio garantizará a los discapacitados asesoramiento jurídico básico por parte de un letrado, que prestará la información adecuada en los supuestos jurídicos planteados por estos ciudadanos en cuestiones que afecten a sus derechos o intereses. El convenio, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2008, puede prorrogarse anualmente salvo denuncia expresa de las partes.
El acuerdo permitirá que los ciudadanos puedan resolver sus dudas acerca de problemas jurídicos que les repercutan, solicitar el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita, así como la información sobre los requisitos necesarios para su obtención, y el auxilio técnico y material para cumplimentar el impreso de solicitud.
El documento se centra en dos cuestiones: la primera, en financiar este Servicio de Orientación Jurídica específica destinada a discapacitados, que será realizado a través del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; y la segunda, en facilitar la instalación del Servicio de Orientación Jurídica en la sede judicial.
La Comunidad de Madrid destinará este año más de 34 millones de euros a la prestación de asistencia jurídica gratuita -el año pasado se tramitaron a través de este servicio 108.823 solicitudes-. Las actuaciones en este ámbito permiten asegurar a todas las personas el acceso a la tutela judicial efectiva, lo que permite a los ciudadanos que acreditan insuficiencia de recursos para litigar poder proveerse de los profesionales necesarios para proteger sus derechos legítimos.
