La reforma del Reglamento permite a las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas proponer candidatos de entre los que la Cámara Alta debe designar a los cuatro que le corresponden de los doce que forman el pleno del Tribunal Constitucional.
El recurso del Partido Popular argumenta que el texto no se ajusta a la Constitución, ya que ésta determina en su artículo 159.1 que la renovación de los doce magistrados del TC se hará a propuesta del Congreso, el Senado, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial, sin mencionar a los Parlamentos autonómicos.
