ORDEN DE 27 DE FEBRERO DE 2008, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO QUE REALICEN PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y CONVOCATORIA PARA EL EJERCICIO 2008.
La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en el Capítulo V del Título IX, relativo a las Relaciones Institucionales de la Comunidad Autónoma se refiere a la cooperación para el desarrollo disponiendo en su artículo 245 que el pueblo andaluz participa de la solidaridad internacional con los países menos desarrollados promoviendo un orden internacional basado en una más justa redistribución de la riqueza y que la Comunidad Autónoma de Andalucía desplegará actividades de cooperación al desarrollo en dichos países, dirigidas a la erradicación de la pobreza, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz y los valores democráticos.
El artículo 20 de la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo establece que la Administración de la Junta de Andalucía podrá conceder subvenciones a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo para la ejecución de programas y proyectos de cooperación en ese ámbito.
El Decreto 347/2004, de 25 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, establece que dicha Consejería, a través de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, tiene encomendada la tarea de apoyar e incentivar las iniciativas públicas y privadas que contribuyan a la consecución de los fines de la Agencia.
Mediante la Ley 2/2006, de 16 de mayo, de Creación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se creó la citada entidad con el objetivo de optimizar la gestión de los recursos públicos que la Administración de la Junta de Andalucía destina a la cooperación internacional para el desarrollo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.3 de la Ley 2/2006, de 16 de mayo, la constitución efectiva de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (en adelante, la AACID) tendrá lugar en el momento de la entrada en vigor de sus Estatutos, que deberán ser aprobados por el Consejo de Gobierno en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1 de la referida Ley.
Mediante el Decreto 1/2008, de 8 de enero, se aprobaron los Estatutos de la AACID que, según lo dispuesto en su disposición adicional segunda, entrarán en vigor en el plazo de tres meses contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Para el cumplimiento de sus funciones, la AACID tiene entre sus facultades conceder subvenciones y ayudas en materia de cooperación internacional para el desarrollo, según lo previsto en el artículo 6 de la Ley 2/2006, de 16 de mayo, anteriormente citada.
De esta forma y una vez constituida la AACID, las responsabilidades asignadas a la Consejería de la Presidencia en la presente Orden en todo lo relativo a la concesión de las subvenciones serán asumidas por la AACID en los términos previstos en su Ley de Creación y en sus Estatutos.
De conformidad con lo previsto en el artículo 6.1 de la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo es el instrumento básico de planificación de la política de la Junta de Andalucía en materia de cooperación internacional para el desarrollo. Tiene una duración cuatrienal y en él se contienen los objetivos, las prioridades y los recursos financieros indicativos que deben regir esta política durante su período de vigencia.
El primer Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (en adelante PACODE), aprobado por el Decreto 283/2007, de 4 de diciembre, constituye el marco de referencia para la política de la Junta de Andalucía en materia de cooperación internacional para el desarrollo durante el período 2008-2011.
En este sentido, las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo que realicen proyectos de cooperación internacional para el desarrollo deben adaptarse al referido PACODE.
La presente Orden regula el régimen de las subvenciones a Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo para la ejecución de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en terceros países, adaptado al contenido del PACODE 2008-2011.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44.2 y 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el artículo 26.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas, DISPONGO:
CAPÍTULO I Disposiciones generales Sección 1. Objeto y Régimen Jurídico Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (en adelante ONGD), en cuanto agentes de la cooperación de conformidad con el artículo 17.1 de la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que realicen proyectos de cooperación internacional para el desarrollo y la convocatoria para el ejercicio 2008.
2. La financiación de las subvenciones reguladas en la presente Orden se efectuará con cargo a los créditos presupuestarios de la Consejería de la Presidencia, en concreto mediante la aplicación presupuestaria 790 del Programa 82B de Cooperación Internacional. La concesión y el importe de las mismas estarán limitados por las disponibilidades presupuestarias existentes en el ejercicio correspondiente, pudiendo adquirirse compromisos de gasto de carácter plurianual en las condiciones previstas en el artículo 39 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
3. De los recursos financieros destinados a las subvenciones reguladas en la presente Orden, como mínimo, el 80% del total irá destinado a proyectos que tengan lugar en los países que tienen carácter prioritario según el PACODE, el 20% del total irá destinado a proyectos que tengan lugar en países de África Subsahariana y el 30% del total irá destinado a proyectos que se incluyan en la línea prioritaria sectorial de servicios sociales básicos.
Artículo 2. Régimen jurídico.
Las subvenciones a que se refiere la presente Orden, además de lo previsto por la misma, se regirán por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, de acuerdo con lo establecido en la disposición final primera de ambas disposiciones; la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía; Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el desarrollo; la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras; la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía; la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma vigente en cada ejercicio; el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula los procedimientos para la concesión de subvenciones por la Administración de la Junta de Andalucía y sus organismos autónomos y su régimen jurídico; el Decreto 283/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo; el Decreto 172/2005, de 19 de julio, por el que se regula el Consejo Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Comisión de Cooperación para el Desarrollo y el Registro de Agentes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo; además, de cualquier otra normativa que pueda resultar de aplicación, siendo de aplicación la normativa autonómica en lo que no se oponga a los preceptos básicos de la normativa estatal citada.
Sección 2. Entidades beneficiarias Artículo 3. Entidades beneficiarias.
1. Podrán tener la condición de entidades beneficiarias, a los efectos de la presente Orden, las ONGD que cumplan los siguientes requisitos:
a) Estar inscritas en el Registro de Agentes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en Andalucía, creado por el artículo 19 de la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, y haber cumplido con las obligaciones de actualización de datos que establece el artículo 25 del Decreto 172/2005, de 19 de julio.
b) Acreditar que disponen de sede social o delegación permanente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía con un mínimo de 2 años de antelación a la fecha en la que se inicie el plazo de presentación de solicitudes del ejercicio presupuestario correspondiente.
c) Acreditar un mínimo de 50 socios por parte de las asociaciones y un mínimo de 50 colaboradores por parte de las fundaciones, en ambos casos residentes en Andalucía.
d) Tener como contraparte a una entidad sin ánimo de lucro, pública o privada, que esté legalmente constituida e inscrita en los Registros oficiales correspondientes de sus países.
2. No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria de las subvenciones reguladas en las presentes bases las entidades en las que concurran alguna de las siguientes circunstancias de conformidad con el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto:
a) Que las personas que ostentan la representación legal de la entidad hayan sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a la intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
d) Estar incursa la persona que ostente la representación legal de la persona jurídica, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la Nación y de los altos cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía reguladora de estas materias, concretamente, la Ley 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes, e intereses de altos cargos y otros cargos públicos y la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía.
e) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
f) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
g) Haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre o la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
3. En ningún caso podrán obtener la condición de entidad beneficiaria las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. Tampoco podrán obtener la condición de entidad beneficiaria las asociaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.
4. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en el párrafo segundo del artículo 29.1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre y atendiendo a la naturaleza de las subvenciones reguladas mediante la presente Orden, las entidades solicitantes quedan exceptuadas de la obligación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social y de la obligación de no tener deudas en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Sección 3. Proyectos subvencionables Artículo 4. Proyectos subvencionables.
1. Mediante la presente Orden se subvencionarán proyectos de cooperación internacional para el desarrollo.
2. Los proyectos tendrán como finalidad última la erradicación de la pobreza y la consolidación de procesos encaminados a asegurar un desarrollo humano sostenible. Así mismo, deberán observar y cumplir los principios y prioridades previstos en la Ley 14/2003, de 22 de diciembre y en el Decreto 283/2007, de 4 de diciembre (PACODE 2008-2011) y contribuir a la realización de sus objetivos.
3. En cada ejercicio se subvencionará un máximo de tres proyectos por ONGD. En el caso de que la ONGD solicitante nunca haya sido beneficiaria de subvención de la Consejería de la Presidencia para la ejecución de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, sólo se le podrá subvencionar un proyecto.
Artículo 5. Requisitos de los proyectos.
1. Los proyectos tendrán un plazo máximo de ejecución de 24 meses.
2. Los proyectos deberán observar y cumplir los principios operativos del Decreto 283/2007, de 4 de diciembre (PACODE 2008-2011), que son: alineación, apropiación, gestión orientada a resultados y coordinación y complementariedad entre los distintos agentes.
3. Los proyectos deberán observar y cumplir las prioridades horizontales del Decreto 283/2007, de 4 de diciembre (PACODE 2008-2011), que son: la equidad de género, la protección del medio ambiente y su gestión sostenible, el fomento de la diversidad cultural y el fortalecimiento institucional público y de las organizaciones representativas de la sociedad civil.
4. Los proyectos deberán tener lugar en uno de los siguientes países:
- Iberoamérica: Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana.
- Norte de África y Oriente Medio: Marruecos, Mauritania, Población Saharaui y Territorios Palestinos.
- África Subsahariana: Burkina Fasso, Burundi, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Malí, Mozambique, Senegal, Togo, República Democrática del Congo, Ruanda y Uganda.
5. Los proyectos deberán estar incluidos en al menos una de las medidas contempladas en las siguientes ocho líneas prioritarias sectoriales definidas en el Decreto 283/2007, de 4 de diciembre (PACODE 2008-2011):
- Los servicios sociales básicos: educación básica, salud primaria y reproductiva, vivienda digna, saneamiento y acceso al agua potable y seguridad alimentaria.
- El fortalecimiento de las estructuras democráticas y de la sociedad civil y sus organizaciones. El apoyo a las instituciones, especialmente las más próximas al ciudadano.
- El respeto a los derechos humanos, la promoción de la igualdad de oportunidades, con especial atención a la integración social de la mujer y de los grupos de población más vulnerables (menores, con especial atención a la erradicación de la explotación infantil, población refugiada, desplazada, retornada, indígena y minorías).
- La formación y capacitación de recursos humanos.
- La dotación, mejora y ampliación de infraestructuras, así como el desarrollo de la base productiva y el fortalecimiento del tejido empresarial básico, en particular las pequeñas y medianas empresas, las empresas artesanales, las empresas de economía social y todas aquellas actuaciones dirigidas a la creación de empleo en los sectores más desfavorecidos.
- La protección y la mejora de la calidad del medio ambiente y la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales.
- La promoción de la cultura, del patrimonio histórico y de los valores, especialmente en aquellos aspectos directamente relacionados con la identidad de los pueblos, que favorezcan su desarrollo endógeno.
- El fomento de la ordenación física, territorial y urbanística, incluyendo la política de suelo y vivienda, la rehabilitación del patrimonio arquitectónico y urbanístico y el transporte público.
Artículo 6. Valoración de los proyectos.
1. Para obtener una subvención, los proyectos deberán conseguir la puntuación mínima fijada por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional en cada ejercicio, tras su valoración conforme a la ponderación de los criterios que se exponen a continuación:
a) Impacto económico y social (20%). Se valorarán los resultados que se prevén alcanzar con la ejecución de los proyectos.
Para ello, se tendrán en consideración los beneficios en cuanto a:
- La mejora de las condiciones de vida de la población destinataria, dando prioridad a los proyectos que, en general, estén dirigidos a los grupos más vulnerables de la población, como la infancia, la mujer, las comunidades indígenas, la población desplazada y las minorías étnicas, - El desarrollo de la zona objeto de intervención.
b) Viabilidad técnica y financiera (20%). Se valorará:
- El conjunto de medidas propuestas para asegurar que los resultados previstos por el proyecto tengan continuidad, una vez cese la ayuda, incluyendo los factores socio-culturales, sociopolíticos, técnicos, medioambientales, económicos y financieros y de género.
- El compromiso y grado de participación de la población beneficiaria en la identificación y la ejecución de la intervención.
- Que la ONGD cuente con una financiación ajena a la ayuda solicitada a la Junta de Andalucía, en efectivo, superior a la mínima exigida por las presentes bases reguladoras para la concesión de subvenciones.
c) Eficacia del procedimiento de ejecución (35%). Se valorará:
- Las características de las entidades solicitantes, concernientes tanto a la ONGD andaluza que solicita la subvención, como a la contraparte local. Se valorará la experiencia de ambas en el sector y en la zona de la acción, sus estructuras de gestión y capacidad técnica; así como haber obtenido financiación para fines análogos por la Comunidad Autónoma de Andalucía en ejercicios anteriores.
- La organización y procedimientos previstos para la ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto, valorando, además de su contenido, que exista una descripción clara y precisa del plan de ejecución y la definición de un sistema de seguimiento y control del proyecto y de su evaluación final.
- La coherencia interna del proyecto, valorando: la precisión en la necesidad de la intervención y la descripción del contexto con información pertinente; la definición precisa del objetivo específico, los resultados y las actividades; la relación coherente entre objetivo específico, resultados, actividades y medios; la idoneidad del sistema de indicadores propuesto y del análisis de los factores externos con influencia sobre el proyecto.
- La eficacia económica del proyecto, teniendo en cuenta el grado de ajuste del presupuesto a los medios descritos en las actividades a realizar.
d) El fortalecimiento de la capacidad institucional y de gestión de los países destinatarios (15%). Se valorará:
- El grado de inserción del proyecto en una política pública del país de ejecución.
- La participación de otros actores y dinamizadores del desarrollo en la región en la ejecución del proyecto.
e) Atención a la igualdad de género (5 %). Se valorará la consideración que el proyecto tenga de la igualdad de género y las medidas que al efecto el mismo prevea.
f) El respeto por la protección y la salvaguardia del medio ambiente (5 %): se valorará la consideración que el proyecto tenga de la protección y salvaguardia medioambientales y las medidas que al efecto el mismo prevea.
2. La valoración que se obtenga de la aplicación de los criterios previstos en el apartado anterior, se incrementará en un 7% cuando su ejecución tenga lugar en un país de África Subsahariana, en un 3% cuando el proyecto se incluya en la línea prioritaria sectorial de servicios sociales básicos y en un 2% cuando su ejecución tenga lugar en un país prioritario para la cooperación andaluza según lo previsto en el Decreto 283/2007, de 4 de diciembre (PACODE 2008-2011).
Sección 4. Subvenciones otorgables Artículo 7. Gastos subvencionables.
1. Podrán ser subvencionados los gastos correspondientes a los siguientes conceptos:
a) Terrenos e inmuebles: Serán subvencionables los costes de adquisición, en el caso de que tales bienes resulten necesarios para el cumplimiento de los objetivos del proyecto y siempre que queden vinculados a los fines de la actividad subvencionada.
b) Construcción: Gastos de construcción o reforma de inmuebles e infraestructuras, incluyendo materiales de construcción, mano de obra, dirección de obra, licencia de obras y tasas.
c) Equipos: Se incluyen en esa categoría maquinaria, mobiliario, equipos informáticos, elementos de transporte y otro equipamiento. En el caso de elementos vinculados a la ejecución del proyecto que se afecten a su continuidad más allá de su período de ejecución, se subvencionará el coste del bien en su totalidad. En caso contrario, el importe subvencionable será el gasto de amortización del bien referido al período subvencionado, calculándose dicho gasto de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas.
d) Suministros: Bienes o servicios que resulten necesarios para la ejecución del proyecto. En este apartado no se comprenden los gastos de funcionamiento.
e) Personal local: Gastos de personal contratado en el país donde se realice el proyecto que resulten necesarios para su ejecución.
f) Personal expatriado: Gastos de personal desplazado sobre el terreno, contratados conforme a la legislación española, que resulten necesarios para la ejecución del proyecto.
g) Gastos de desplazamiento y dietas: Los gastos derivados de transporte, alojamiento y manutención, devengados por razón del servicio por el personal vinculado a la actividad concertada, con independencia de que dicho vínculo nazca en virtud de relación jurídico laboral o prestación de servicios.
También se subvencionarán los gastos derivados del transporte, alojamiento y manutención de personas beneficiarias, cuando la ejecución del proyecto así lo requiera.
h) Funcionamiento en el terreno: Los gastos de funcionamiento necesarios para el desarrollo de la actividad, en concreto, los de suministro de material de oficina, prestaciones de imprenta, telefonía, alquileres, electricidad, agua, mantenimiento, soportes audiovisuales y otros similares.
i) Fondo rotativo: Para los proyectos que comprendan un componente de crédito. No podrá superar el 10% de los gastos directos del presupuesto.
j) Identificación del proyecto: Se incluyen los gastos en que se haya incurrido con este fin en los seis meses anteriores a la apertura del plazo de presentación de proyectos, con un gasto máximo del 1% del presupuesto validado, hasta un límite de 4.000 euros. En el caso de que se solicite la financiación de gastos de identificación del proyecto, deberán acompañarse como anexos a la formulación del proyecto los documentos resultantes de la identificación y los justificativos del gasto realizado, a efectos de valorar su procedencia para ser subvencionados.
k) Evaluación: Se incluyen en este apartado los gastos de evaluación requeridos por el artículo 26 con un gasto máximo del 3% del presupuesto validado, hasta un límite de 7.500 euros.
l) Gastos indirectos: Podrán imputarse por la entidad beneficiaria a la actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales gastos correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad y respetando el límite establecido en el artículo 9.3.
2. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido para la ejecución del proyecto. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, la entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, en cuyo caso habrá de fundamentarse esta circunstancia mediante memoria explicativa a entregar en la justificación. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
4. Los bienes muebles o inmuebles adquiridos con la subvención de la Administración de la Junta de Andalucía deberán entregarse a la población beneficiaria o afectarse a la finalidad para la que se concede la subvención durante un período mínimo de diez años contados desde la finalización del proyecto.
La fórmula mediante la que se instrumente la entrega o afectación de los bienes deberá explicitarse en la formulación de la intervención.
Artículo 8. Cuantía de las subvenciones.
La subvención máxima que se concederá a un proyecto será de trescientos mil euros (300.000 €), con el limite máximo del 80% del presupuesto validado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional.
Artículo 9. Financiación de las actividades subvencionadas.
1. Los proyectos deberán ser financiados, al menos en un 20%, por recursos económicos en efectivo ajenos a la ayuda prestada por la Administración de la Junta de Andalucía.
2. La ONGD solicitante deberá aportar, al menos, el 5% del presupuesto validado. Dicha aportación habrá de acreditarse en la justificación económica de la subvención, conforme al artículo 26.
3. El importe dedicado a gastos indirectos del presupuesto validado, no podrá superar el límite del 10% de los costes directos. Tampoco podrá dedicarse a gastos indirectos más del 10% de la subvención otorgada por la Consejería de la Presidencia.
4. Los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a las entidades beneficiarias incrementarán el importe de la subvención concedida y se aplicarán igualmente a la actividad subvencionada.
5. Las subvenciones que se otorguen al amparo de las presentes bases reguladoras serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.
6. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad subvencionada.
Artículo 10. Publicidad de la subvención.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, en toda información o publicidad que se haga de los proyectos subvencionados, deberá constar la colaboración de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
2. En todos los bienes y en el material de difusión elaborado como consecuencia de la ejecución de un proyecto subvencionado en el marco de las presentes bases reguladoras se deberá insertar, de forma visible, la marca genérica de la Junta de Andalucía asociada con el nombre de la Consejería de la Presidencia.
CAPÍTULO II Procedimiento de concesión Artículo 11. Tipo de procedimiento.
El procedimiento de concesión se sustanciará de acuerdo con las normas generales de los procedimientos administrativos iniciados a solicitud de interesado, teniendo en cuenta las siguientes reglas:
1. El procedimiento se entenderá iniciado desde la fecha en que la correspondiente solicitud haya tenido entrada en el Registro General de la Consejería de la Presidencia o en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía.
2. La subvención solicitada se concederá sin comparación con otras solicitudes siempre que se cumplan los requisitos determinados en las presentes bases reguladoras, y que exista consignación presupuestaria para ello.
3. Las notificaciones que deban realizarse a los interesados se practicarán de forma individual de acuerdo con los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 12. Órganos competentes para tramitar y resolver.
1. La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional es el órgano competente para la tramitación de los procedimientos de concesión de subvenciones regulados por la presente Orden, correspondiendo su resolución a la persona titular de la Consejería de la Presidencia.
2. Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 6, f) del Decreto 1/2008, de 8 de enero, y en su Disposición Transitoria Única, la resolución de los procedimientos a que se refiere el apartado anterior corresponderá a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, una vez constituida la misma.
Artículo 13. Solicitud, plazo de presentación, documentación necesaria y lugar de presentación.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional primera de la presente Orden, el plazo de presentación de solicitudes para la ejecución de proyectos será el comprendido entre el 15 de enero y el 15 de febrero de cada año, ambos inclusive.
2. Las solicitudes se podrán presentar en el Registro General de la Consejería de la Presidencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o mediante tramitación telemática siguiendo para ello lo previsto en la Orden de la Consejería de la Presidencia de 28 de diciembre de 2007, por la que se regula la tramitación telemática de las solicitudes en los procedimientos administrativos de subvenciones y ayudas de la Consejería de la Presidencia.
3. Las solicitudes de las subvenciones reguladas en la presente Orden, dirigidas a la persona titular de la Consejería de la Presidencia, deberán ajustarse al modelo que figura como Anexo 1 a la presente Orden. El modelo de solicitud estará a disposición de las entidades interesadas en la Consejería de la Presidencia.
4. El modelo para la presentación de la solicitud se pondrá también a disposición de las entidades interesadas en la dirección electrónica de la citada Consejería: www.juntadeandalucia.es/presidencia.
5. Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación original o copia autenticada de la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos:
a) Declaración responsable, conforme al Anexo 1, indicando:
- Que la entidad cumple con los requisitos previstos en la presente Orden; - Que la entidad solicitante y sus representantes no están incursos en ninguna de las prohibiciones enumeradas en el artículo 3.
- Si la entidad ha recibido y/o ha solicitado otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
b) Formulario del proyecto, conforme a los anexos de la presente Orden.
c) Manifestación por escrito de la/s contraparte/s de haber intervenido en la identificación y formulación del proyecto, así como de sus responsabilidades específicas en la ejecución del proyecto.
d) En su caso, documentación que acredite los extremos que en la formulación del proyecto se señalan, y en concreto:
- Las autorizaciones, convenios de colaboración, compromisos expresos de financiación o acuerdos necesarios por parte de las administraciones o instituciones competentes o colaboradoras para la ejecución del proyecto.
- La disponibilidad de los terrenos sobre los que se realice la construcción que contemple el proyecto, así como el titular final de la misma.
e) Documentación acreditativa del requisito previsto en el artículo 3.1.d).
f) Presupuesto de las actividades proyectas, conforme al Anexo II.
6. De conformidad con el artículo 84.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, las entidades solicitantes no deberán presentar aquellos documentos que ya obren en poder de la administración de la Junta de Andalucía, siempre que se indique el día y el procedimiento en que se presentó.
7. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión mediante resolución de la persona titular de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, por delegación de la titular de la Consejería de la Presidencia, que deberá ser notificada a las entidades interesadas en los términos previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 14. Subsanación de las solicitudes.
En el caso de que la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos mencionados en el artículo 13, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional requerirá a la entidad solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, en el plazo máximo de diez días hábiles, con la indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución de la persona titular de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, por delegación de la persona titular de la Consejería de la Presidencia, dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 15. Tramitación de las solicitudes.
1. Recibida cada solicitud, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional procederá a determinar si cumple los requisitos establecidos en la presente Orden.
2. A tal efecto, el órgano instructor solicitará al Registro de Agentes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo de Andalucía la información sobre la ONGD solicitante que pueda acreditar tales requisitos.
3. Cuando una solicitud cumpla con los requisitos establecidos en la presente Orden y la valoración del proyecto sea igual o superior a la puntuación mínima fijada por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, esta procederá a formular la propuesta de resolución provisional y a validar el presupuesto del proyecto.
4. La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional notificará la propuesta de resolución provisional, junto con el presupuesto validado, a la entidad solicitante para que en el plazo de diez días comunique su aceptación.
5. Comunicada en plazo la aceptación de la propuesta de resolución provisional y del presupuesto validado, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional elevará la propuesta de resolución definitiva a la persona titular de la Consejería de la Presidencia.
6. Cuando el importe de la subvención recogido en la propuesta de resolución sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar de la entidad solicitante la reformulación de la solicitud para ajustar los compromisos y condiciones establecidos en la formulación del proyecto a la subvención otorgable. En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los requisitos establecidos en la presente Orden respecto de las solicitudes. Una vez examinada la reformulación de la solicitud, y en el caso de que ésta cumpla con los requisitos establecidos, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional notificará a la entidad solicitante una nueva propuesta de resolución provisional, junto al presupuesto validado, para que en el plazo de diez días comunique su aceptación. Comunicada en plazo la aceptación, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional propondrá a la persona titular de la Consejería de la Presidencia la propuesta de resolución definitiva de concesión.
7. En caso de renuncia, no aceptación o falta de contestación, la Agencia, por delegación de la persona titular de la Consejería de la Presidencia, dictará la correspondiente resolución, en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y procederá en su caso al archivo de las actuaciones.
Artículo 16. Resolución.
1. La persona titular de la Consejería de la Presidencia dictará la resolución definitiva a propuesta de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional.
2. La resolución de concesión contendrá los extremos exigidos en el artículo 13.2 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre y será motivada fundamentándose la adjudicación de la subvención en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Orden.
3. La resolución de concesión se notificará a las entidades beneficiarias en la forma y plazo establecidos en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 17. Plazo máximo de resolución, efectos del silencio administrativo y publicidad de la concesión de subvenciones.
1. El plazo máximo para la resolución de las solicitudes y su notificación será de seis meses, y se computará a partir del día siguiente a la entrada de la solicitud en el Registro General de la Consejería de la Presidencia o en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía.
2. Transcurrido dicho plazo, podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo aquellas solicitudes presentadas sobre las que no haya recaído o no se haya notificado resolución expresa conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación legal de resolver, según lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
3. Las subvenciones concedidas serán publicadas trimestralmente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio.
Artículo 18. Modificaciones del proyecto.
1. Siempre que no altere la finalidad de la subvención concedida, en el caso de que en la ejecución del proyecto surgiera alguna eventualidad que dificulte o altere su desarrollo tal como fue aprobado y que afecte a la situación geográfica, población beneficiaria, resultados, metodología, plazo de ejecución o plazo de justificación de la subvención, la entidad beneficiaria quedará obligada a comunicarlo a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional mediante solicitud de modificación del proyecto.
2. La solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada y se acompañará de una memoria que exponga las circunstancias causantes de la modificación y las variaciones que se estimen más adecuadas para la mejor consecución de la finalidad del proyecto. Se presentará de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que la motiven y en todo caso con antelación a la finalización del plazo de ejecución del proyecto. Si se trata de un retraso en el inicio de la intervención, la solicitud de modificación se deberá presentar con anterioridad al comienzo de la ejecución del proyecto.
3. La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional instruirá el expediente de modificación. En los supuestos en los que la modificación propuesta pueda suponer un cambio de la resolución de concesión de la subvención, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional elevará al órgano concedente de la subvención, propuesta razonada a los efectos de dictar resolución. Dicha propuesta razonada se acompañará, en su caso, del informe pertinente, y de la solicitud y las alegaciones de la entidad beneficiaria.
4. El plazo máximo para la resolución y notificación será de tres meses a contar desde la presentación de la solicitud.
Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído y notificado resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud de modificación.
CAPÍTULO III Gestión y fiscalización de las subvenciones Sección 1. Disposiciones generales Artículo 19. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Son obligaciones de las entidades beneficiarias:
a) Ejecutar la intervención que fundamenta la concesión de la subvención conforme al proyecto aprobado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional.
b) Presentar los documentos contemplados en los artículos 23 y 24 y en concreto, el informe de inicio y el informe de seguimiento intermedio.
c) Presentar la evaluación final contemplada en el artículo 25 en el caso de proyectos cuyo presupuesto de ejecución sea superior a 250.000 €.
d) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización del proyecto que determinen la concesión de la subvención, mediante la presentación de los documentos contemplados en el artículo 26 y en concreto:
- El informe técnico final.
- La justificación económica.
- La certificación de la persona representante de la entidad establecida en el artículo 29.
e) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
f) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación aplicable a la entidad beneficiaria en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos.
i) Hacer constar en toda la información o publicidad que se efectúe del proyecto que está subvencionado por la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, incluyendo el logotipo del Programa de la Junta de Andalucía de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 32.
k) Comunicar a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional todos aquellos cambios de domicilio que se produzcan a efectos de notificaciones.
Artículo 20. Forma y secuencia del pago.
1. El abono de la subvención se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta que al efecto se señale en la solicitud, que deberá obrar a nombre de la entidad beneficiaria de la subvención.
2. Atendiendo a la naturaleza jurídica y fines de las entidades beneficiarias, la subvención concedida se abonará sin justificación previa y de una sola vez, conforme a lo establecido en el artículo 21.1.a) de la Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008. Para los siguientes ejercicios, la subvención se abonará en la forma en que se determine en las correspondientes Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
3. No podrá proponerse el pago de subvenciones a entidades que no hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario por la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sus Organismos Autónomos.
4. La persona titular de la Consejería de la Presidencia podrá, mediante resolución motivada, exceptuar la limitación mencionada en el apartado anterior cuando concurran circunstancias de especial interés social, sin que en ningún caso se pueda delegar esta competencia.
5. El importe definitivo de la subvención se liquidará aplicando al coste de la actividad o inversión efectivamente realizada por la entidad beneficiaria, el porcentaje de financiación establecido en la resolución de concesión, conforme a la justificación presentada.
Artículo 21. Plazo de ejecución.
1. Se computará como plazo de ejecución el comprendido desde la fecha de inicio indicada por la entidad beneficiaria en el informe de inicio y el final del período de ejecución previsto en el proyecto.
2. El inicio de la ejecución deberá tener lugar en el período comprendido entre la fecha de la solicitud de la subvención hasta un mes desde el abono de la subvención concedida. Se entenderá por la fecha de abono de la subvención concedida el día en que la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la Junta de Andalucía realice la transferencia bancaria de la subvención concedida a la entidad beneficiaria.
Artículo 22. Subcontratación.
1. La entidad beneficiaria no podrá subcontratar con terceros la realización de las actividades objeto de subvención, salvo autorización expresa de la persona titular de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Para ello la entidad beneficiaria, deberá notificarlo a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y solicitar su autorización antes de proceder a la subcontratación.
2. El beneficiario podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 50% del importe de la actividad subvencionada.
3. Cuando la actividad concertada con terceros exceda de un 20% del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que el contrato se celebre por escrito.
b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional de conformidad con lo previsto en el párrafo 2 del presente artículo.
1. Los contratistas quedarán obligados sólo ante la entidad beneficiaria, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Consejería de la Presidencia.
2. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las entidades beneficiarias serán responsables de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respeten los límites que se establezcan en la presente orden y en la resolución de concesión de la subvención, en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración previsto en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites.
3. En ningún caso podrá concertarse por la entidad beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con:
a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación.
c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.
d) Personas o entidades vinculadas con la entidad beneficiaria, salvo que concurran las siguientes circunstancias:
- Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado.
- Que se obtenga la previa autorización de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional en los términos que se fijan en el presente artículo.
e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria, que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos y/o no alcanzar la puntuación mínima.
Sección 2. Seguimiento y Evaluación de Proyectos Artículo 23. Informe de inicio.
1. El informe de inicio consistirá en una comunicación del comienzo de las actividades que especifique lo siguiente:
- Fecha en que se inicie el proyecto.
- Fecha prevista de finalización del proyecto, teniendo en cuenta los plazos señalados en la solicitud de ayuda.
- Partidas presupuestarias correspondientes a las actividades que vayan a ser financiadas con cargo a la subvención obtenida de la Consejería de la Presidencia.
2. Se remitirá a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, conforme al modelo elaborado al efecto por este organismo, en el plazo máximo de un mes desde el inicio de la actividad subvencionada.
Artículo 24. Informe de seguimiento.
1. En la ejecución de los proyectos, las entidades beneficiarias deberán remitir a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional un informe de seguimiento intermedio, conforme al modelo elaborado al efecto por este organismo, en el plazo de cuarenta y cinco días desde que se cumpla la mitad de su período de ejecución.
2. Los informes de seguimiento intermedios consistirán en:
- Un resumen en el que se expresen las actividades realizadas, - Una valoración de los objetivos y resultados alcanzados en relación con sus indicadores de logro, - El estado de la ejecución presupuestaria, - Las incidencias surgidas en el desarrollo del proyecto, - Las modificaciones acaecidas hasta la fecha de la elaboración del informe.
Artículo 25. Evaluación.
1. En el caso de los proyectos con un presupuesto validado superior a 250.000 €, la entidad beneficiaria encargará la realización de una evaluación final del proyecto.
2. Las evaluaciones deberán cumplir las siguientes condiciones:
- Serán llevadas a cabo por una entidad externa a la entidad beneficiaria. La entidad externa deberá acreditar una experiencia mínima de cinco años en la realización de evaluaciones en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo.
- Tendrán como objetivo analizar el cumplimiento de los objetivos y resultados de la intervención.
- Se darán a conocer, además de a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, a las entidades participantes en la ejecución del proyecto, como la contraparte, las instituciones públicas locales, regionales y nacionales, según el ámbito territorial del proyecto y otras entidades colaboradoras en su ejecución.
3. La evaluación final se realizará en el plazo de seis a nueve meses desde el final del plazo de ejecución del proyecto.
Se remitirá a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, en el plazo máximo de once meses desde el final del plazo de ejecución.
4. La contratación de las evaluaciones deberá ser autorizada por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, tras solicitud de la entidad beneficiaria, acompañada de la documentación referente a la prestación a llevar a cabo. Si en el plazo de dos meses desde la entrada de la solicitud en el Registro General de la Consejería de la Presidencia no se ha notificado la autorización, se considerará autorizada dicha contratación.
Sección 3. Justificación Artículo 26. Justificación.
1. La entidad beneficiaria queda obligada a justificar la realización de la intervención para la que se concedió la subvención mediante la aportación de:
- el informe técnico final, - la justificación económica, - la certificación de la persona máxima responsable de la entidad a que se refiere el artículo 29.
2. La documentación justificativa de la realización de la intervención subvencionada se presentará conforme a los modelos elaborados al efecto, a disposición de los interesados en la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional. El plazo máximo de presentación de la justificación será de tres meses contados a partir del último día del plazo de ejecución de la intervención, excepto para la documentación referente a la evaluación de la intervención, que deberá presentarse en el plazo máximo de once meses contados a partir del último día del plazo de ejecución del proyecto.
Artículo 27. Informe técnico final.
El informe técnico final incluirá un resumen en el que se expresen las actividades realizadas, los objetivos y resultados alcanzados en relación con sus indicadores de logro, el estado de la ejecución presupuestaria, así como las incidencias surgidas y modificaciones acaecidas en la ejecución del proyecto.
Artículo 28. Justificación económica.
1. La justificación económica se realizará mediante la forma de cuenta justificativa del gasto.
2. La cuenta justificativa del gasto deberá incluir, bajo responsabilidad del declarante y conforme a lo establecido en los artículos 30.2, 30.3 y 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el artículo 72.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio:
a) Las facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente, con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, o bien las facturas electrónicas, siempre que éstas cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.
La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional procederá a la validación y estampillado de las facturas, de conformidad con lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Una vez devueltas a la entidad beneficiaria, los documentos originales de todas las facturas imputables al proyecto quedarán depositados en la sede de la entidad beneficiaria de la subvención, al menos durante un período de 5 años desde la aprobación del informe económico final. Si las contrapartes locales no pudieran desprenderse de algún documento justificativo del gasto, deberán documentarlo motivadamente a la entidad española, que podrá presentar fotocopia debidamente autenticada.
En las facturas, que deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 3 del Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación, deberá quedar constancia del pago o ir acompañadas del correspondiente recibo que acredite aquél. Los gastos de personal se justificarán mediante copia compulsada de los contratos y/o nóminas firmados por los cooperantes, voluntarios o personas que hayan participado en los proyectos y los justificantes de pago de los seguros sociales, en su caso.
Excepcionalmente, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional podrá autorizar que la justificación del pago pueda consistir en la remisión del documento bancario que acredite la transferencia por la entidad beneficiaria de los fondos recibidos de la Administración de la Junta de Andalucía a la contraparte local y el correspondiente certificado de recepción de ésta. En este caso, será necesaria la comunicación previa de la entidad beneficiaria en la que se expongan las circunstancias que impidan la remisión de los respectivos justificantes económicos. Esta excepción no eximirá a la entidad beneficiaria de la justificación económica del destino dado a los fondos recibidos, de conformidad con lo dispuesto en los apartados anteriores.
b) Declaración de las actividades realizadas y su coste con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. Esta declaración se presentará en forma de relación numerada de los documentos justificativos del gasto realizado, con las siguientes características:
- Su importe total deberá corresponderse, como mínimo, con el presupuesto validado del proyecto.
- Las partidas deberán ser acordes con las partidas detalladas en el presupuesto validado.
- Deberá reflejar los gastos financiados por la Consejería de la Presidencia, así como por fondos propios u otras subvenciones o recursos.
- Los gastos reflejados corresponderán a facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.
a) Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, la entidad beneficiaria deberá presentar en la justificación económica las tres ofertas solicitadas y la memoria justificativa de la selección realizada o, en su caso, la memoria justificativa de la ausencia de oferta.
b) Indicación de los criterios de reparto de los gastos de amortización, alquileres, y gastos indirectos incorporados en la cuenta justificativa.
Artículo 29. Certificación.
La certificación de la persona titular de la presidencia, dirección o máxima responsable de la ONGD deberá hacer constar:
a) que las facturas justificativas responden efectivamente a pagos realizados y derivados de la finalidad para la que fue concedida la subvención; b) que la entidad beneficiaria los asume como propios; c) que los originales quedan depositados en la sede central de la entidad, donde estarán disponibles para cualquier inspección, y que la entidad los presentará a la Agencia en el caso de que así lo requiera; d) que las facturas justificativas no han sido presentados ante otras Administraciones Públicas como justificantes de ayudas concedidas por aquéllas, en lo que respecta a las partidas presupuestarias correspondientes a las actividades financiadas con cargo a la subvención concedida por la Consejería de la Presidencia.
Artículo 30. Control.
Las ONGD que perciban subvenciones podrán ser objeto del seguimiento, evaluación y control que realice la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, al igual que quedan sometidas al control financiero que corresponde a la Intervención General de la Junta de Andalucía, en relación con las subvenciones concedidas y a lo previsto en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Las entidades beneficiarias deberán proporcionar toda la documentación e información que por tales órganos se requiera.
Artículo 31. Responsabilidad.
La ONGD beneficiaria de la subvención es la única responsable ante la Administración de la Junta de Andalucía de la realización de la actividad que fundamente la concesión de la subvención en la forma y los plazos establecidos, así como de la presentación de los documentos previstos en los artículos 23 a 25, en su caso, y de la justificación de los gastos derivados de la ejecución del proyecto. Para ello deberá recabar, en su caso, de la contraparte local, los justificantes de los gastos vinculados al proyecto, haciéndoles llegar las exigencias de la Administración de la Junta de Andalucía.
Artículo 32. Causas y graduación del reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en los casos y con los porcentajes siguientes:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
Procederá el reintegro del 100% de la subvención concedida.
b) Incumplimiento total de todos y cada uno de los siguientes elementos del proyecto: objetivo específico, resultados, actividades y forma de ejecución, e incumplimiento total de la obligación de justificación en los términos establecidos en los artículos 26 a 29. Procederá el reintegro del 100% de la subvención concedida.
c) Incumplimiento de uno o varios de los siguientes elementos del proyecto: objetivo específico, resultados, actividades y forma de ejecución, o incumplimiento parcial de la obligación de justificación en los términos establecidos en los artículos 26 a 29, siempre y cuando, en ambos casos, se acredite que el objetivo fundamental del proyecto se ha alcanzado.
Procederá el reintegro de la subvención en la parte resultante de aplicar al montante de la subvención correspondiente a la parte del proyecto ejecutado o justificado el porcentaje de la subvención concedida respecto al presupuesto validado.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el artículo 10. Procederá el reintegro del 2% de la subvención concedida.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos siempre y cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Procederá el reintegro del 100% de la subvención concedida.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades beneficiarias, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. Procederá el reintegro del 2% de la subvención concedida.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades beneficiarias, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Procederá el reintegro del 100% de la subvención concedida.
h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Comunidad Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro. Procederá el reintegro establecido en la referida decisión.
2. Igualmente, cuando el importe de la subvención sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre tal coste, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.
3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público conforme a lo previsto al artículo 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la misma ley. Los procedimientos para la exigencia del reintegro de las subvenciones tendrán siempre carácter administrativo y se les aplicarán las reglas contenidas en el artículo 33 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre.
Artículo 33. Régimen sancionador.
1. Las infracciones y sanciones administrativas en relación con las subvenciones reguladas en la presente Orden se regirán por lo dispuesto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y lo establecido en el artículo 116 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, siendo competente para acordar e imponer las sanciones la persona titular de la Consejería de la Presidencia.
2. Los administradores de las ONGDs serán responsables subsidiariamente de la sanción en los casos previstos en el artículo 113 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el artículo 69.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Disposición adicional primera. Plazo para la presentación en el año 2008 de solicitudes para la ejecución de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo.
El plazo de presentación de solicitudes para la subvención de la ejecución de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en el ejercicio presupuestario 2008 será de quince días naturales, a contar desde el decimosexto día natural siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Disposición adicional segunda. Puntuación mínima de los proyectos para el año 2008.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.1, para obtener una subvención en la convocatoria del año 2008, los proyectos deberán conseguir una puntuación mínima de 5,5 puntos, tras su valoración conforme a la ponderación de los criterios que se exponen en el mismo.
Disposición adicional tercera. Servicios de información y atención al ciudadano por medios electrónicos.
Los servicios de información y atención al ciudadano contenidos en los artículos 7 y 8 del Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (Internet), relacionados con los procedimientos regulados mediante la presente Orden, estarán a disposición de los ciudadanos y ciudadanas a través de la dirección electrónica www.juntadeandalucia.es/presidencia.
Disposición Transitoria Única.
De conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Cuarta del Decreto 1/2008, de 8 de enero, por el que se aprueban los estatutos de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, una vez constituida esta agencia pública empresarial, los créditos que aparezcan destinados a la cooperación internacional para el desarrollo en el Programa 82B de la Consejería de la Presidencia en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, serán transferidos a aquella para su gestión.
La gestión de la presente Orden, que será financiada con cargo al Programa 82B, corresponderá a dicha Agencia desde la fecha de su constitución.
En consecuencia, una vez constituida la AACID, las competencias y responsabilidades atribuidas en la presente Orden a la Consejería de la Presidencia y a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional serán asumidas por la AACID en los términos previstos en su Ley de Creación y en sus Estatutos.
Disposición derogatoria única.
Queda derogada cualquier otra norma de igual o inferior rango que se oponga a lo dispuesto en la presente Orden.
Disposición final primera. Habilitación.
Se autoriza a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para dictar instrucciones y realizar cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo, ejecución y aplicación de la presente Orden, habilitación que tendrá eficacia hasta la constitución efectiva de la Agencia.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Anexos
Omitidos.
