PCTV
El primer escrito explica que, con posterioridad a la interposición de las demandas de ilegalización, el Juzgado Central de Instrucción n.º 5 hizo entrega a la Abogacía del Estado de un informe el pasado 7 de febrero, elaborado por la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía, en el que se detalla que los miembros de la Mesa Nacional de Batasuna han estado utilizando como base de su actividad la sede del PCTV en el polígono Belartza de San Sebastián.
Este hecho queda acreditado a través de la vigilancia de las entradas y salidas de la misma, con presencia constante y celebración de reuniones entre personas pertenecientes a la dirección de Batasuna y del PCTV. Asimismo, queda constancia de los SMS remitidos entre Juan José Petricorena y Xavier Gálvez, donde se pone de manifiesto que utilizaban esa sede para el intercambio de documentos e informaciones necesarios para la actividad de ambos, como responsables de comunicaciones de ambas formaciones.
El informe también demuestra la existencia de conexiones económico-financieras entre Batasuna, PCTV –y su Grupo Parlamentario en la Asamblea Legislativa Vasca, Ezker Abertzalea Legebiltzar Taldea– y ANV, a través de la constitución de una caja única que sustentaba la actividad de las 3 formaciones.
Este apartado se justifica, entre otras causas, en préstamos de los que se aparece como garante PCTV -y cuya documentación se encuentra en la sede de éste último- a pesar de que el prestatario formalmente es ANV. Otro ejemplo son las transferencias de varias partidas de 27.000 euros realizada desde el PCTV a determinados responsables de Batasuna, pertenecientes a su Mesa Nacional, bajo la apariencia jurídica de contrato laboral, así como otras realizadas desde las cuentas del Grupo Parlamentario del PCTV por importe total de 440.000 euros con el mismo destino a Batasuna. Se presenta como indicio relevante que estas transferencias se realizan justo con posterioridad a la entrada y registro de la sede del PCTV acordada por el Juzgado Central de Instrucción n.º 5.
En otro informe del Cuerpo Nacional de Policía entregado el pasado 14 de febrero a la Abogacía del Estado, se acredita el uso de la sede del PCTV para los fines propios de Batasuna. En el registro de la sede del PCTV aparecieron facturas por el alquiler de dos hoteles en los que Batasuna dio sendas ruedas de prensa. En dicho registro se encuentra, entre otros, un documento orgánico de la Mesa Nacional de Batasuna, en el que se asignan funciones y responsabilidades concretas a cada uno de sus miembros.
Igualmente, se acredita el uso de las sedes de ANV con el mismo fin, al servicio del PCTV y Batasuna, que se pone de manifiesto al registrar la sede de ANV en Pamplona y no encontrar documentos sobre la actividad del propio partido, pero sí de Batasuna, de SEGI y de las agrupaciones de electores constituidas con la marca Sozialista Abertzaleak, que fueron anuladas en las pasadas elecciones locales, a instancia de esta representación.
Finalmente, el escrito presentado por la Abogacía del Estado, correspondiente al PCTV, hace constar tres autos dictados por el Juzgado Central de Instrucción n.º5, en los que decreta prisión provisional para un total de 10 personas, acusadas de un presunto delito de integración en organización terrorista; prisión incondicional de Karmelo Landa, por un presunto delito de integración en organización terrorista, y el que acordó la suspensión de las actividades del partido político demandado.
ANV
La Abogacía del Estado presentó un segundo escrito en el que explica sucintamente la existencia de elementos de prueba que acreditan la subordinación de ANV a los criterios directivos de Batasuna. Esto se desprende de la intervención de comunicaciones de Iñigo Balda Calonge, miembro de la Mesa Nacional de Batasuna, encargado de dirigir la presentación de las listas de ANV a las elecciones generales del 9 de marzo. Asimismo, se sustenta entre otros hechos, en que la presentación pública de las listas con las candidaturas para Navarra de ANV, se produjera en el hotel Tres Reyes de Pamplona, en una sala alquilada por el miembro de Batasuna y la organización terrorista EKIN (STS de 19 de enero de 2007) José Manuel Jurado Torvisco (procesado por pertenencia a banda armada ante el Juzgado Central de Instrucción n.º 5).
El escrito también pide que se tenga en cuenta las pruebas que obran el citado informe y que acreditan la existencia de conexiones económico-financieras entre Batasuna, PCTV –y su Grupo Parlamentario en la Asamblea Legislativa Vasca, Ezker Abertzalea Legebiltzar Taldea– y ANV, a través de la constitución de una caja única que sustente la actividad de las 3 formaciones.
La Abogacía del Estado también toma como referencia el informe recibido el 14 de febrero efectuado por el Cuerpo Nacional de Policía en el que se ponen de manifiesto evidentes vinculaciones entre Batasuna y el PCTV y ANV. Especialmente el uso de las sedes de ANV, al servicio del PCTV y Batasuna, que se demuestra en el registro de la sede de ANV en Baracaldo (Vizcaya) donde, contra toda lógica, no se encuentran documentos referentes a la actividad de este partido político.
Finalmente, hace constar los tres autos del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 ya citados y solicita a la Sala del Artículo 61 que admita el escrito y tenga por hechas todas las manifestaciones en él contenidas y por aportados a los autos los documentos que acompañan al mismo.
