El recurso parte de un dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja, el cual reflejaba que “tal y como se ha contemplado la gestión del agua en el Estatuto aragonés puede implicar una vulneración del orden constitucional de competencias”.
El recurso de La Rioja afecta a los artículos 19 y 72 y a la Disposición Adicional Quinta de la Ley Orgánica, que “pueden entrar en conflicto con las competencias del Estado en materia de agua, representadas en la Confederación Hidrográfica del Ebro y que afectan a La Rioja”.
