Hasta ahora los tribunales podían imponer penas más graves que las solicitadas por las acusaciones cuando cumplieran dos requisitos: motivar suficientemente su decisión y mantenerse dentro de los límites legales establecidos.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo, justifica el cambio de criterio en una interpretación más pura del “principio acusatorio”, uno de los pilares básicos del proceso penal.
